El peculado de tierras en Bayano
Tras el golpe de Estado gestado por Omar Torrijos y Boris Martínez en 1968, el gobierno se hizo participante en muchos negocios que antes eran exclusivos de la iniciativa privada. Cemento Bayano, la Corporación Azucarera La Victoria, Contadora Panamá y la Corporación Bayano, fueron ejemplos de ese fenómeno.
Esta última deriva su nombre de las fértiles planicies agrícolas y ganaderas ubicadas en el distrito del mismo nombre, bañadas por el caudaloso río Bayano. Son tierras de aluvión, ideales para la siembra de arroz y la cosecha mecanizada. Por eso son tan valiosas.
Por los años 70 el gobierno militar expropió vastas extensiones de Bayano, sin meditar procedimiento ni indemnización previa, como era su estilo. Al final, los antiguos propietarios y ocupantes que tuvieron mejor suerte, recibieron como reparación unos pocos bonos estatales pagaderos en una eternidad y a interés escaso que se negociaba a un tercio y hasta a un cuarto de su valor, los cuales retornaban tarde o temprano a las arcas oficiales, nunca redimidos ni pagados.
Corporación Bayano administró siempre bajo jefatura de algún oficial preferido o pariente de Torrijos un rico presupuesto y patrimonio consistente no sólo en tierras sino también en dinero, préstamos y equipos. Por muchos años aquello fue fuente de corrupción y enriquecimiento ilícito. La entidad prestaba servicios gratuitos a explotaciones agrícolas privadas, y muchas veces pagaba por alquileres de equipos y servicios que no recibía.
Cuando aquel barril sin fondo de dinero de los contribuyentes se secó, las cifras de la lesión inferida al patrimonio público emergió aterradora. Cientos de millones de balboas se perdieron en equipos deteriorados o inexistentes y tierras ociosas.
Y como epitafio digno de una tragedia, cuando se restableció la democracia en diciembre de 1989 y el nuevo gobierno decidió borrar de un plumazo el pasivo y las cuentas incobrables, tomó una decisión lamentable: vender las tierras a precio de remate de B/.200.00 y B/.300.00 la hectárea que en cualquier parte del país valdría B/.500.00 o más con mucho menos de las favorables condiciones de Bayano.
Algunos denunciaron el agravio al patrimonio público, pero su clamor cayó en oídos sordos. Ahora, la Corte Suprema de Justicia acaba de dar el primer paso para rescatar parte de lo perdido, al declarar procedente el inicio de áuditos e investigaciones tendientes a precisar la cuantía de la lesión sufrida por el patrimonio de la Nación como consecuencia de la venta de tierras públicas a precios subvalorados. Una vez determinada la magnitud del agravio, debe procederse a hacer efectivo el cobro de su justo valor a los compradores de entonces.
Esta última deriva su nombre de las fértiles planicies agrícolas y ganaderas ubicadas en el distrito del mismo nombre, bañadas por el caudaloso río Bayano. Son tierras de aluvión, ideales para la siembra de arroz y la cosecha mecanizada. Por eso son tan valiosas.
Por los años 70 el gobierno militar expropió vastas extensiones de Bayano, sin meditar procedimiento ni indemnización previa, como era su estilo. Al final, los antiguos propietarios y ocupantes que tuvieron mejor suerte, recibieron como reparación unos pocos bonos estatales pagaderos en una eternidad y a interés escaso que se negociaba a un tercio y hasta a un cuarto de su valor, los cuales retornaban tarde o temprano a las arcas oficiales, nunca redimidos ni pagados.
Corporación Bayano administró siempre bajo jefatura de algún oficial preferido o pariente de Torrijos un rico presupuesto y patrimonio consistente no sólo en tierras sino también en dinero, préstamos y equipos. Por muchos años aquello fue fuente de corrupción y enriquecimiento ilícito. La entidad prestaba servicios gratuitos a explotaciones agrícolas privadas, y muchas veces pagaba por alquileres de equipos y servicios que no recibía.
Cuando aquel barril sin fondo de dinero de los contribuyentes se secó, las cifras de la lesión inferida al patrimonio público emergió aterradora. Cientos de millones de balboas se perdieron en equipos deteriorados o inexistentes y tierras ociosas.
Y como epitafio digno de una tragedia, cuando se restableció la democracia en diciembre de 1989 y el nuevo gobierno decidió borrar de un plumazo el pasivo y las cuentas incobrables, tomó una decisión lamentable: vender las tierras a precio de remate de B/.200.00 y B/.300.00 la hectárea que en cualquier parte del país valdría B/.500.00 o más con mucho menos de las favorables condiciones de Bayano.
Algunos denunciaron el agravio al patrimonio público, pero su clamor cayó en oídos sordos. Ahora, la Corte Suprema de Justicia acaba de dar el primer paso para rescatar parte de lo perdido, al declarar procedente el inicio de áuditos e investigaciones tendientes a precisar la cuantía de la lesión sufrida por el patrimonio de la Nación como consecuencia de la venta de tierras públicas a precios subvalorados. Una vez determinada la magnitud del agravio, debe procederse a hacer efectivo el cobro de su justo valor a los compradores de entonces.
