El peligroso autoritarismo
Somos muchos los panameños preocupados por preservar la pacífica y armoniosa convivencia de nuestra sociedad, en el marco del sistema democrático, jurídico y legal del Estado panameño, por lo que consideramos urgente e impostergable la necesidad de hacer valer y respetar la Constitución Política Nacional y las leyes de la república, principalmente por las autoridades que han sido precisamente instituidas bajo los preceptos previstos por nuestra actual Carta Magna.
De conformidad con la Constitución Política Nacional, vigente en su artículo segundo, "El Poder Público sólo emana del pueblo". Lo ejerce el Estado conforme esta Constitución lo establece, por medio de los Organos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan, limitada y separadamente, pero en armónica colaboración. Del simple análisis de este artículo podemos colegir con absoluta claridad que por ningún lado esta norma señala que uno de estos órganos debe estar supeditado al otro, como tampoco estar sometido a mandato o deseo real o personal, y menos que signifique la única y absoluta voluntad de una persona independientemente de qué órgano presidía.
De igual manera la propia Constitución Nacional, en su artículo 195, numeral dos, señala que entre las funciones del Consejo de Gabinete está: acordar con el presidente de la república los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con sujeción a la aprobación de la Asamblea Legislativa. Lo que significa que el nombramiento de un magistrado para que sea válido o se ajuste a la norma constitucional debe contar insoslayablemente con la aprobación de la Asamblea Legislativa, en virtud de otro mandato constitucional importantísimo como lo es el artículo 155, que reviste a la Asamblea Legislativa de funciones administrativas y expresa en su numeral cuatro que: son funciones administrativas de la Asamblea Legislativa aprobar o improbar los nombramientos de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al igual que a los Procuradores de la Nación y de la Administración, respectivamente.
111El Gobierno Nacional debe reconocer que en la época moderna, la política es el arte de administrar y de gobernar mediante el voto de la mayoría en cada estamento de la sociedad y del Estado.
Diversas y profundas han sido las exposiciones de sapientes juristas en este sensible tema; sin embargo, pareciese que la terquedad y la prepotencia, fieles elementos distintivos del autoritarismo, han sido las que se expresan con despampanante despreocupación sin el más mínimo respeto a la democracia, es decir a la tolerancia, al equilibrio del poder, y a la convivencia pacífica y civilizada de los panameños.
El Gobierno Nacional debe reconocer que en la época moderna, la política es el arte de administrar, y de gobernar, mediante el voto de la mayoría en cada estamento de la sociedad y del Estado, o por medio del consenso, con propuestas potables y viables sin traumas que pongan en peligro la vida democrática del país.
De conformidad con la Constitución Política Nacional, vigente en su artículo segundo, "El Poder Público sólo emana del pueblo". Lo ejerce el Estado conforme esta Constitución lo establece, por medio de los Organos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan, limitada y separadamente, pero en armónica colaboración. Del simple análisis de este artículo podemos colegir con absoluta claridad que por ningún lado esta norma señala que uno de estos órganos debe estar supeditado al otro, como tampoco estar sometido a mandato o deseo real o personal, y menos que signifique la única y absoluta voluntad de una persona independientemente de qué órgano presidía.
De igual manera la propia Constitución Nacional, en su artículo 195, numeral dos, señala que entre las funciones del Consejo de Gabinete está: acordar con el presidente de la república los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con sujeción a la aprobación de la Asamblea Legislativa. Lo que significa que el nombramiento de un magistrado para que sea válido o se ajuste a la norma constitucional debe contar insoslayablemente con la aprobación de la Asamblea Legislativa, en virtud de otro mandato constitucional importantísimo como lo es el artículo 155, que reviste a la Asamblea Legislativa de funciones administrativas y expresa en su numeral cuatro que: son funciones administrativas de la Asamblea Legislativa aprobar o improbar los nombramientos de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al igual que a los Procuradores de la Nación y de la Administración, respectivamente.
111El Gobierno Nacional debe reconocer que en la época moderna, la política es el arte de administrar y de gobernar mediante el voto de la mayoría en cada estamento de la sociedad y del Estado.
Diversas y profundas han sido las exposiciones de sapientes juristas en este sensible tema; sin embargo, pareciese que la terquedad y la prepotencia, fieles elementos distintivos del autoritarismo, han sido las que se expresan con despampanante despreocupación sin el más mínimo respeto a la democracia, es decir a la tolerancia, al equilibrio del poder, y a la convivencia pacífica y civilizada de los panameños.
El Gobierno Nacional debe reconocer que en la época moderna, la política es el arte de administrar, y de gobernar, mediante el voto de la mayoría en cada estamento de la sociedad y del Estado, o por medio del consenso, con propuestas potables y viables sin traumas que pongan en peligro la vida democrática del país.
