El perfil del zar ambiental
Los problemas ambientales y el daño a la sociedad desde ese ángulo, requieren una perspectiva clara de que hay que hacer un alto en el camino para detener la alta contaminación y la depredación de la ecología. Hemos observado el informe que ha rendido la ANAM al país en cumplimiento al Art. 46 de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, lo que nos lleva a pensar que ha llegado el momento de una patria nueva para los panameños en un mejor ambiente.
El documento habla de cien años de República, y una depredación de más de un tercio del territorio Nacional, acabándose con la diversidad biológica, los recursos hídricos (60% de agua dulce); y lo peor, una creciente contaminación atmosférica, por el interés desmedido del hombre de campo y de ciudad que han tendido equivocadamente a destruir kilómetros de vida verde natural, para ser transformadas en agricultura, ganadería e industrias, sin tomar en cuenta las medidas de mitigación, recuperación y sostenibilidad de nuestro paraíso.
Se puede hacer mucho si el presidente electo enfoca este asunto con las luces correctas, designando, con un amplio respaldo, a una persona idónea para administrador general de la ANAM, con trayectoria de campo y no de teoría; especialista en materia ambiental que cumpla con el perfil indicado en el Art. 5 de la Ley que rige la materia. Porque en Panamá se tiene la manía de pensar que todo aquel que siembra un árbol y cuida un loro, es un ecologista idóneo para administrar recursos naturales y ambiente.
Sobre su perfil, por juicio de la Ley, se exige que sea de nacionalidad panameña, no haber sido condenado por delito alguno, poseer título universitario e idoneidad en una especialidad en materia ambiental y recursos naturales, con experiencia mínima de cinco año; debe ser ratificado por la Asamblea Legislativa o, en su defecto, por la Asamblea Nacional de diputados.
Estamos hablando de un profesional universitario, pero no cualquier universitario, pues la interpretación exegética de la norma nos lleva a compeler que debe ser un ingeniero forestal, un agrónomo, ecólogo o un biólogo estudiado. Añadir un perfil de otra naturaleza profesional para justificar una posición, como sucedió recientemente en el gobierno saliente, sería desnaturalizar el espíritu de la Ley General de Ambiente e incumplir con la misma, al borde de quedar una designación de esta naturaleza fuera de los parámetros señalados y a expensas de una medida de impugnación pública o jurídica ante la comisión correspondiente de la Asamblea Legislativa.
Consideramos que es el momento de empezar a trabajar de cara a los problemas nacionales en materia de ambiente y recursos naturales en esta institución que ha pasado por una serie de transformaciones desde un departamento del MIDA llamado RENARE, una institución llamada INRENARE, que en un momento fue militarizada, y hoy Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), una organización de mayor y más amplia visión.
Consideramos que la ANAM es el alveolo pulmonar del país y es por ello que allí se requiere una persona idónea especialista con título universitario y trayectoria pública, y no de improvisos para cumplir con lo estipulado por la ley. Si en verdad queremos enrumbar al país por los senderos de recuperación de todo lo perdido en cien años de vida republicana, entonces es el momento de tomar decisiones sabias. El país lo necesita.
En nuestro país se requiere hacer cumplir una serie de normas que ya existen en materia ambiental conciliando los intereses económicos con los de protección de ambiente, a través de los instrumentos de gestión ambiental basados en la educación y concienciación, pues ya hay materia vigente sobre ello, como lo son la ley de vida silvestre, la ley forestal, la ley de suelos y de recursos hídricos, así como la propia ley general de ambiente y otras disposiciones. Sin embargo, aparte de lo mencionado, corresponderá al nuevo administrador de la ANAM trabajar con los organismos ambientales, el Ministerio Público, la Asamblea de Diputados y la sociedad civil sobre la aprobación de la ley de delito ecológico como un elemento coercitivo y disuasivo de los daños ambientales, que sufre nuestro escenario de vida, Panamá.
El documento habla de cien años de República, y una depredación de más de un tercio del territorio Nacional, acabándose con la diversidad biológica, los recursos hídricos (60% de agua dulce); y lo peor, una creciente contaminación atmosférica, por el interés desmedido del hombre de campo y de ciudad que han tendido equivocadamente a destruir kilómetros de vida verde natural, para ser transformadas en agricultura, ganadería e industrias, sin tomar en cuenta las medidas de mitigación, recuperación y sostenibilidad de nuestro paraíso.
Se puede hacer mucho si el presidente electo enfoca este asunto con las luces correctas, designando, con un amplio respaldo, a una persona idónea para administrador general de la ANAM, con trayectoria de campo y no de teoría; especialista en materia ambiental que cumpla con el perfil indicado en el Art. 5 de la Ley que rige la materia. Porque en Panamá se tiene la manía de pensar que todo aquel que siembra un árbol y cuida un loro, es un ecologista idóneo para administrar recursos naturales y ambiente.
Sobre su perfil, por juicio de la Ley, se exige que sea de nacionalidad panameña, no haber sido condenado por delito alguno, poseer título universitario e idoneidad en una especialidad en materia ambiental y recursos naturales, con experiencia mínima de cinco año; debe ser ratificado por la Asamblea Legislativa o, en su defecto, por la Asamblea Nacional de diputados.
Estamos hablando de un profesional universitario, pero no cualquier universitario, pues la interpretación exegética de la norma nos lleva a compeler que debe ser un ingeniero forestal, un agrónomo, ecólogo o un biólogo estudiado. Añadir un perfil de otra naturaleza profesional para justificar una posición, como sucedió recientemente en el gobierno saliente, sería desnaturalizar el espíritu de la Ley General de Ambiente e incumplir con la misma, al borde de quedar una designación de esta naturaleza fuera de los parámetros señalados y a expensas de una medida de impugnación pública o jurídica ante la comisión correspondiente de la Asamblea Legislativa.
Consideramos que es el momento de empezar a trabajar de cara a los problemas nacionales en materia de ambiente y recursos naturales en esta institución que ha pasado por una serie de transformaciones desde un departamento del MIDA llamado RENARE, una institución llamada INRENARE, que en un momento fue militarizada, y hoy Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), una organización de mayor y más amplia visión.
Consideramos que la ANAM es el alveolo pulmonar del país y es por ello que allí se requiere una persona idónea especialista con título universitario y trayectoria pública, y no de improvisos para cumplir con lo estipulado por la ley. Si en verdad queremos enrumbar al país por los senderos de recuperación de todo lo perdido en cien años de vida republicana, entonces es el momento de tomar decisiones sabias. El país lo necesita.
En nuestro país se requiere hacer cumplir una serie de normas que ya existen en materia ambiental conciliando los intereses económicos con los de protección de ambiente, a través de los instrumentos de gestión ambiental basados en la educación y concienciación, pues ya hay materia vigente sobre ello, como lo son la ley de vida silvestre, la ley forestal, la ley de suelos y de recursos hídricos, así como la propia ley general de ambiente y otras disposiciones. Sin embargo, aparte de lo mencionado, corresponderá al nuevo administrador de la ANAM trabajar con los organismos ambientales, el Ministerio Público, la Asamblea de Diputados y la sociedad civil sobre la aprobación de la ley de delito ecológico como un elemento coercitivo y disuasivo de los daños ambientales, que sufre nuestro escenario de vida, Panamá.
