El periodismo en Panamá
El artículo 70, con ánimo de prohibir a los funcionarios públicos el suministro de información de expedientes oficiales catalogada de confidencial, terminó restringiendo a tal grado el acceso a información y su divulgación por los medios, que prácticamente lo involucraba todo, tanto en materia pública como privada, sin hacer excepciones sobre su interés para la opinión pública.
Araúz, si bien no logra la derogatoria a llanas del polémico artículo, conforme a su proyecto original consigue, sin embargo, limitar sus efectos a las restricciones legales vigentes, cuya tarea de derogatoria tenemos pendiente los trabajadores del periodismo y los defensores de la libertad de información.
Es, pues, una frenética e interminable carrera por la libertad en la que toda la ciudadanía debiera estar involucrada. Se trata del derecho a estar informada de lo que hace y trama la densa burocracia estatal y los funcionarios que gobiernan por mandato popular y a costo del público, al que se supone deben rendir cuenta de sus actos. No nos interesan los asuntos estrictamente particulares que son cosa exclusiva de cada cual. Son aquellos que por su propia naturaleza salen de la intimidad personal y trascienden a la esfera del interés ciudadano, los que son noticia y merecen ser plenamente conocidos por el público y por ende divulgados.
Cierto, ha habido algunos abusos. Y para eso están las leyes, aunque combatamos muchas de ellas. Pero a fuerza de objetividad, debiera aceptarse que los abusos son la excepción, aunque los amigos de la mordaza y quienes algo tienen que temer u ocultar del celoso escrutinio de la libertad de prensa, quieran generalizarlos y convertirlos en regla para sojuzgar al periodismo bueno. Juzgan y legislan en función de la excepción, no de la regla.
Obviamente, tenemos los medios que luchar por un comportamiento ético que prevenga los abusos, aunque estamos convencidos que la mayor sanción moral para las excepciones es la del público, en términos de merma de credibilidad, que es el más valioso patrimonio con que contamos, que no la cárcel ni las demandas que forjan héroes y víctimas muchas veces inmerecidas.
Araúz, si bien no logra la derogatoria a llanas del polémico artículo, conforme a su proyecto original consigue, sin embargo, limitar sus efectos a las restricciones legales vigentes, cuya tarea de derogatoria tenemos pendiente los trabajadores del periodismo y los defensores de la libertad de información.
Es, pues, una frenética e interminable carrera por la libertad en la que toda la ciudadanía debiera estar involucrada. Se trata del derecho a estar informada de lo que hace y trama la densa burocracia estatal y los funcionarios que gobiernan por mandato popular y a costo del público, al que se supone deben rendir cuenta de sus actos. No nos interesan los asuntos estrictamente particulares que son cosa exclusiva de cada cual. Son aquellos que por su propia naturaleza salen de la intimidad personal y trascienden a la esfera del interés ciudadano, los que son noticia y merecen ser plenamente conocidos por el público y por ende divulgados.
Cierto, ha habido algunos abusos. Y para eso están las leyes, aunque combatamos muchas de ellas. Pero a fuerza de objetividad, debiera aceptarse que los abusos son la excepción, aunque los amigos de la mordaza y quienes algo tienen que temer u ocultar del celoso escrutinio de la libertad de prensa, quieran generalizarlos y convertirlos en regla para sojuzgar al periodismo bueno. Juzgan y legislan en función de la excepción, no de la regla.
Obviamente, tenemos los medios que luchar por un comportamiento ético que prevenga los abusos, aunque estamos convencidos que la mayor sanción moral para las excepciones es la del público, en términos de merma de credibilidad, que es el más valioso patrimonio con que contamos, que no la cárcel ni las demandas que forjan héroes y víctimas muchas veces inmerecidas.
