El periodismo y el Ministerio Público
La insistencia de los fiscales del Ministerio Público en pretender sacar a periodistas de las redacciones para llevarlos por la fuerza a que rindan declaraciones por casos de supuestas injurias y calumnias constituye algo más que episodios aislados.
Por más que el procurador Sossa exprese que las referidas órdenes se produjeron sin su conocimiento o que es un mero trámite legal al que se sujetan todos los ciudadanos, la comunidad nacional debe asumir que estamos en presencia de una política sistemática de violación de los dispositivos constitucionales que protegen la libertad de prensa.
La raíz del problema radica en que en la publicación de las denuncias que se formulan contra diversas autoridades, se parte del concepto erróneo de que quien escribe la noticia es cómplice del supuesto delito. En otras palabras, el mensajero es responsable del mensaje y debe ser ejecutado judicialmente, como en los viejos tiempos monárquicos.
Tan aberrante tergiversación de las modalidades delictivas no sólo agreden al periodista sino que atenta contra el principio universal de la libertad informativa, que involucra el derecho a dar y recibir informaciones del comportamiento de las autoridades sin cortapisas, censuras o intimidación.
Es importante que en el Ministerio Público comprendan que el periodista es mero transmisor de acontecimientos o manifestaciones que otros generan o emiten. El periodista es un comunicador que actúa como puente entre las autoridades y la sociedad, entre los hechos que son noticia y el público.
Es un mediador innato que cumple su rol de informar, consciente de su compromiso con la comunidad. Por ello, se requiere que su tarea informativa se desenvuelva sin trabas ni coacciones. El no es responsable del contenido de las informaciones sino quien las emite con sus declaraciones o las genera con sus actuaciones. Por consiguiente, el comunicador no puede ser invocado como testigo de la veracidad o falsedad de la noticia y mucho menos como autor o cómplice del delito de calumnia o injuria.
Es contradictorio que los encargados de investigar delitos pierdan el tiempo en acciones tales como girar citaciones o llevar por la fuerza a un periodista para que rinda indagatoria o sea testigo. Lo que están haciendo, consciente o inconscientemente, es sembrar minas de represión en la labor de la comunicación y entorpecer su libre y ágil desenvolvimiento del cual muchas veces se sirven.
Por el contrario, el Ministerio Público debería proteger el clima de libertad que es indispensable para que los comunicadores saquen a la luz los manejos de la cosa pública, transmitiendo los puntos de vista de ciudadanos y autoridades, lo cual puede servir de guía en sus pesquisas.
La historia turbia de la corrupción está llena de denuncias de los verdaderos responsables de los delitos. Y las autoridades deben ver en el ejercicio pleno de la libertad de prensa su colaborador predilecto, no el enemigo a combatir.
Por más que el procurador Sossa exprese que las referidas órdenes se produjeron sin su conocimiento o que es un mero trámite legal al que se sujetan todos los ciudadanos, la comunidad nacional debe asumir que estamos en presencia de una política sistemática de violación de los dispositivos constitucionales que protegen la libertad de prensa.
La raíz del problema radica en que en la publicación de las denuncias que se formulan contra diversas autoridades, se parte del concepto erróneo de que quien escribe la noticia es cómplice del supuesto delito. En otras palabras, el mensajero es responsable del mensaje y debe ser ejecutado judicialmente, como en los viejos tiempos monárquicos.
Tan aberrante tergiversación de las modalidades delictivas no sólo agreden al periodista sino que atenta contra el principio universal de la libertad informativa, que involucra el derecho a dar y recibir informaciones del comportamiento de las autoridades sin cortapisas, censuras o intimidación.
Es importante que en el Ministerio Público comprendan que el periodista es mero transmisor de acontecimientos o manifestaciones que otros generan o emiten. El periodista es un comunicador que actúa como puente entre las autoridades y la sociedad, entre los hechos que son noticia y el público.
Es un mediador innato que cumple su rol de informar, consciente de su compromiso con la comunidad. Por ello, se requiere que su tarea informativa se desenvuelva sin trabas ni coacciones. El no es responsable del contenido de las informaciones sino quien las emite con sus declaraciones o las genera con sus actuaciones. Por consiguiente, el comunicador no puede ser invocado como testigo de la veracidad o falsedad de la noticia y mucho menos como autor o cómplice del delito de calumnia o injuria.
Es contradictorio que los encargados de investigar delitos pierdan el tiempo en acciones tales como girar citaciones o llevar por la fuerza a un periodista para que rinda indagatoria o sea testigo. Lo que están haciendo, consciente o inconscientemente, es sembrar minas de represión en la labor de la comunicación y entorpecer su libre y ágil desenvolvimiento del cual muchas veces se sirven.
Por el contrario, el Ministerio Público debería proteger el clima de libertad que es indispensable para que los comunicadores saquen a la luz los manejos de la cosa pública, transmitiendo los puntos de vista de ciudadanos y autoridades, lo cual puede servir de guía en sus pesquisas.
La historia turbia de la corrupción está llena de denuncias de los verdaderos responsables de los delitos. Y las autoridades deben ver en el ejercicio pleno de la libertad de prensa su colaborador predilecto, no el enemigo a combatir.
