El Plan Juliao: 2. Política e Inversiones Sociales
El Ministro Juliao se ha visto obligado a publicar lo que él intitula un "Plan de Desarrollo Económico, Social y Financiero con Inversión en Capital Humano". Los principios que el Gobierno seguirá, afirma, son los "de una economía de mercado con solidaridad social", a tal punto que "el Plan es fundamentalmente un Proyecto Social". Para el Plan lo social sería la otra cara de la moneda de lo económico, pero la cara determinante, puesto que sería la finalidad última del conjunto.
Se suscitan inmediatamente dos cuestionamientos. Primero sobre el modelo implícito cabe preguntarse: ¿La otra cara social de un modelo que en lo económico se presenta como tan o más neoliberal que el del Gobierno anterior podrá acaso rectificar en un sentido de solidaridad las limitaciones y fallas sociales de las políticas de dicho Gobierno? Todo indica que así no tendremos políticas sociales realmente diferentes de las actuales -en realidad inexistentes-, sino más de lo mismo arropado en una retórica diferente
Segundo, cabe preguntarse: ¿Por qué, si se dice que "la política económica se convierte en un elemento central de la política social", están ausentes del plan los dos factores económicos que son las principales fuentes de las condiciones sociales concretas de vida de la población, a saber la creación de empleos, junto con la mejoría en los ingresos de los trabajadores, y la calidad y confiabilidad del sistema de seguridad social? Como ya vimos la semana anterior, el Plan no contiene propuestas específicas sobre ninguno de estos dos factores. Pero es un hecho incontrovertible que sin más y mejores empleos y sin la consolidación financiera y la reestructuración de los servicios de la Caja de Seguridad Social no puede darse una transformación de las condiciones de vida de las panameñas y panameños. Todo lo demás es mala literatura.
El Plan Juliao contiene una afirmación importante, fundamentalmente correcta: "No se trata...de promover, afirma, el asistencialismo que otorgue beneficios a la población para mejorar transitoriamente su situación, sino de propiciar un proceso institucional capaz de crear y generalizar oportunidades para que todos los panameños puedan participar tanto en la creación de la riqueza nacional, como en su disfrute". ¿Pero cómo piensa lograr este objetivo a golpe de una economía de corte extremadamente neoliberal, pasando por alto toda reforma institucional del Estado y sin ninguna propuesta específica de descentralización ni de organización para la participación ciudadana? Por lo demás, las actividades de la Presidenta se han inscrito hasta ahora en la línea del asistencialismo o peor aún, del asistencialismo publicitario.
Por otra parte, el Plan pretende caracterizarse por la inversión en el capital humano, porque "la globalización amenaza con dejar por fuera a aquellas sociedades que no sean capaces de participar activamente en la era del conocimiento, lo que supone niveles crecientes de productividad y flexibilidad ante el cambio, niveles cada vez más complejos de educación y formación". Pero cuando buscamos el párrafo sobre la educación en el Plan nos encontramos con una listado de lugares comunes, sin ninguna propuesta realmente innovadora, que represente una ruptura con lo usual y un factor verdaderamente creativo. Se solicitaron B/25 millones de crédito extraordinario para reparaciones de las escuelas con un listado de proyectos lamentablemente deficiente. Ello significa que el anterior Gobierno no atendió la planta física de nuestro sistema educativo, pero que el actual Gobierno no ha probado que sepa hacerlo. A pesar de que el Plan presupone privilegiar las inversiones educativas, el sector de educación sólo recibira el cuarto presupuesto, después del sector salud, del sector transporte y del sector multisectorial de asignación local.
El Plan ofrece un solo criterio para medir su éxito en el plano social, al reconocer que tiene por meta reducir la pobreza dos puntos porcentuales por año, "de manera que para el año 2004 la proporción de la población pobre haya bajado de 37% a 27%. Pero, ¿qué confianza amerita este propósito de reducir la pobreza en 27% de su nivel actual, si uno de los Viceministros de Economía y Finanzas advierte al mismo tiempo en el diario La Prensa, del 15 de marzo,: "yo no me atrevo a decir que en los próximos cinco años vamos a eliminar un 20% o 30% (de la pobreza)... Eso sería un tanto demagógico."
El Plan identifica las poblaciones prioritarias en materia social de varias maneras. Cuantifica grosso modo los sectores pobres: 590,000 personas afectadas por la pobreza rural no indígena, 290,000 por la pobreza urbana y 197,000 por la pobreza indígena. Pero además identifica como grupos especialmente vulnerables "la población indígena; los niños, las mujeres y los adultos mayores en condiciones de pobreza; los discapacitados y otros grupos con distintos tipos de vulnerabilidad". Y destaca la desnutrición infantil como problema importante, aunque no indica cifras ni del porcentaje de quienes la padecen ni del porcentaje en el que se espera superarla en cinco años.
El Plan da por ello la impresión de no haber precisado sus objetivos poblacionales concretos ni tampoco como evaluará su progreso o falta del mismo. Ello hace presentir que se caería en el círculo vicioso de justificar el gasto social por el simple aumento de sí mismo. Me temo que, si el Plan se ejecutara, le echarían plata a la necesidad humana en la espera mágico-mítica de que ésta de alguna manera resuelva el problema, cuando en realidad la plata se desperdiciaría, cuando no terminaría en más burocracia y más corrupción.
Ello explica que bajo el título de "Inversiones sociales en cifras" el Plan proponga un menú de todo lo habido y por haber. Se incluyen, entre otros proyectos, pasos elevados vehiculares (13.2 millones), la reconstrucción del techo del Ministerio de Gobierno y Justicia, la construcción de la sede de Gobierno en Veraguas, la ampliación de estafetas de correos, un pago de intereses sobre bonos (21.2 millones), el programa de erradicación y prevención del gusano barrenador, el mejoramiento y equipamiento de Universidades (24.3 millones), el mantenimiento y la habilitación vial de la red interurbana (218 millones), la modernización de la gestión económico-social, el programa sectorial financiero (10.9 millones), la asistencia técnica para la reforma de la política pública (8.8 millones), la competitividad de sectores productivos (11.3 millones), etc... Si todos estos gastos constituyen una inversión social, entonces todo puede ser considerado como tal y el concepto habría perdido su sentido. Por otra parte, enrre las partidas más abultadas se encuentran el programa de inversión social del FIS (124 millones) y las obras circuitales de los Legisladores (152 millones), que la experiencia prueba politizan la inversión al máximo y la realizan sin procedimientos que eviten la corrupción.
La disponibilidad de un Fondo con 1238 millones de capital y la disponibilidad del 49% de las acciones de Cable & Wireless con valor posible, según el Gobierno, de unos 800 millones más, representa una oportunidad sin precedentes y difícilmente repetible para efectuar inversiones sociales estructurales, que modifiquen sustancialmente las condiciones de vida de la población más pobre del país. Pero un Plan sin prioridad ni profundidad desperdicia esta oportunidad única.
Por sus insuficiencias, carencias e inconsistencias, concluimos que en realidad en el Plan lo financiero no está al servicio de una política económica y ésta no tiene una finalidad social definida. Lo económico y lo social están supeditados a lo financiero. Como se dice en la muy llamativa expresión en inglés, en este Plan "el rabo menea al perro". La Asamblea haría bien por ello en no aprobar el proyecto de la Ley correspondiente, devolviéndolo así al Ministerio de Economía y Finanzas, hasta tanto el Ejecutivo proponga una iniciativa auténtica y responsablemente justificada.
Se suscitan inmediatamente dos cuestionamientos. Primero sobre el modelo implícito cabe preguntarse: ¿La otra cara social de un modelo que en lo económico se presenta como tan o más neoliberal que el del Gobierno anterior podrá acaso rectificar en un sentido de solidaridad las limitaciones y fallas sociales de las políticas de dicho Gobierno? Todo indica que así no tendremos políticas sociales realmente diferentes de las actuales -en realidad inexistentes-, sino más de lo mismo arropado en una retórica diferente
Segundo, cabe preguntarse: ¿Por qué, si se dice que "la política económica se convierte en un elemento central de la política social", están ausentes del plan los dos factores económicos que son las principales fuentes de las condiciones sociales concretas de vida de la población, a saber la creación de empleos, junto con la mejoría en los ingresos de los trabajadores, y la calidad y confiabilidad del sistema de seguridad social? Como ya vimos la semana anterior, el Plan no contiene propuestas específicas sobre ninguno de estos dos factores. Pero es un hecho incontrovertible que sin más y mejores empleos y sin la consolidación financiera y la reestructuración de los servicios de la Caja de Seguridad Social no puede darse una transformación de las condiciones de vida de las panameñas y panameños. Todo lo demás es mala literatura.
El Plan Juliao contiene una afirmación importante, fundamentalmente correcta: "No se trata...de promover, afirma, el asistencialismo que otorgue beneficios a la población para mejorar transitoriamente su situación, sino de propiciar un proceso institucional capaz de crear y generalizar oportunidades para que todos los panameños puedan participar tanto en la creación de la riqueza nacional, como en su disfrute". ¿Pero cómo piensa lograr este objetivo a golpe de una economía de corte extremadamente neoliberal, pasando por alto toda reforma institucional del Estado y sin ninguna propuesta específica de descentralización ni de organización para la participación ciudadana? Por lo demás, las actividades de la Presidenta se han inscrito hasta ahora en la línea del asistencialismo o peor aún, del asistencialismo publicitario.
Por otra parte, el Plan pretende caracterizarse por la inversión en el capital humano, porque "la globalización amenaza con dejar por fuera a aquellas sociedades que no sean capaces de participar activamente en la era del conocimiento, lo que supone niveles crecientes de productividad y flexibilidad ante el cambio, niveles cada vez más complejos de educación y formación". Pero cuando buscamos el párrafo sobre la educación en el Plan nos encontramos con una listado de lugares comunes, sin ninguna propuesta realmente innovadora, que represente una ruptura con lo usual y un factor verdaderamente creativo. Se solicitaron B/25 millones de crédito extraordinario para reparaciones de las escuelas con un listado de proyectos lamentablemente deficiente. Ello significa que el anterior Gobierno no atendió la planta física de nuestro sistema educativo, pero que el actual Gobierno no ha probado que sepa hacerlo. A pesar de que el Plan presupone privilegiar las inversiones educativas, el sector de educación sólo recibira el cuarto presupuesto, después del sector salud, del sector transporte y del sector multisectorial de asignación local.
El Plan ofrece un solo criterio para medir su éxito en el plano social, al reconocer que tiene por meta reducir la pobreza dos puntos porcentuales por año, "de manera que para el año 2004 la proporción de la población pobre haya bajado de 37% a 27%. Pero, ¿qué confianza amerita este propósito de reducir la pobreza en 27% de su nivel actual, si uno de los Viceministros de Economía y Finanzas advierte al mismo tiempo en el diario La Prensa, del 15 de marzo,: "yo no me atrevo a decir que en los próximos cinco años vamos a eliminar un 20% o 30% (de la pobreza)... Eso sería un tanto demagógico."
El Plan identifica las poblaciones prioritarias en materia social de varias maneras. Cuantifica grosso modo los sectores pobres: 590,000 personas afectadas por la pobreza rural no indígena, 290,000 por la pobreza urbana y 197,000 por la pobreza indígena. Pero además identifica como grupos especialmente vulnerables "la población indígena; los niños, las mujeres y los adultos mayores en condiciones de pobreza; los discapacitados y otros grupos con distintos tipos de vulnerabilidad". Y destaca la desnutrición infantil como problema importante, aunque no indica cifras ni del porcentaje de quienes la padecen ni del porcentaje en el que se espera superarla en cinco años.
El Plan da por ello la impresión de no haber precisado sus objetivos poblacionales concretos ni tampoco como evaluará su progreso o falta del mismo. Ello hace presentir que se caería en el círculo vicioso de justificar el gasto social por el simple aumento de sí mismo. Me temo que, si el Plan se ejecutara, le echarían plata a la necesidad humana en la espera mágico-mítica de que ésta de alguna manera resuelva el problema, cuando en realidad la plata se desperdiciaría, cuando no terminaría en más burocracia y más corrupción.
Ello explica que bajo el título de "Inversiones sociales en cifras" el Plan proponga un menú de todo lo habido y por haber. Se incluyen, entre otros proyectos, pasos elevados vehiculares (13.2 millones), la reconstrucción del techo del Ministerio de Gobierno y Justicia, la construcción de la sede de Gobierno en Veraguas, la ampliación de estafetas de correos, un pago de intereses sobre bonos (21.2 millones), el programa de erradicación y prevención del gusano barrenador, el mejoramiento y equipamiento de Universidades (24.3 millones), el mantenimiento y la habilitación vial de la red interurbana (218 millones), la modernización de la gestión económico-social, el programa sectorial financiero (10.9 millones), la asistencia técnica para la reforma de la política pública (8.8 millones), la competitividad de sectores productivos (11.3 millones), etc... Si todos estos gastos constituyen una inversión social, entonces todo puede ser considerado como tal y el concepto habría perdido su sentido. Por otra parte, enrre las partidas más abultadas se encuentran el programa de inversión social del FIS (124 millones) y las obras circuitales de los Legisladores (152 millones), que la experiencia prueba politizan la inversión al máximo y la realizan sin procedimientos que eviten la corrupción.
La disponibilidad de un Fondo con 1238 millones de capital y la disponibilidad del 49% de las acciones de Cable & Wireless con valor posible, según el Gobierno, de unos 800 millones más, representa una oportunidad sin precedentes y difícilmente repetible para efectuar inversiones sociales estructurales, que modifiquen sustancialmente las condiciones de vida de la población más pobre del país. Pero un Plan sin prioridad ni profundidad desperdicia esta oportunidad única.
Por sus insuficiencias, carencias e inconsistencias, concluimos que en realidad en el Plan lo financiero no está al servicio de una política económica y ésta no tiene una finalidad social definida. Lo económico y lo social están supeditados a lo financiero. Como se dice en la muy llamativa expresión en inglés, en este Plan "el rabo menea al perro". La Asamblea haría bien por ello en no aprobar el proyecto de la Ley correspondiente, devolviéndolo así al Ministerio de Economía y Finanzas, hasta tanto el Ejecutivo proponga una iniciativa auténtica y responsablemente justificada.
