El Poder Ejecutivo y la Justicia
EL PRESIDENTE de la República no puede, ni debe hacer nada para lograr que se condene a nadie, o se le absuelva. No puede, ni debe pedir que se investigue o que se archive un caso. Por eso, no tiene sentido que prometa que se hará justicia, pues ello dependerá de la actuación de los Organos que son independientes.
Ahora bien, la administración pública de la cual el Presidente es el último responsable puede obstaculizar el desarrollo de una investigación, o puede facilitarlo. Se puede cooperar con recursos e información documental, por ejemplo.
De allí que sea legítimo que la ciudadanía espere que el Presidente se comprometa a apoyar las investigaciones que realiza el Ministerio Fiscal. La única competencia que le es propia, en materia de justicia, es la ejecución de las penas y la más sensitiva de todas, sus intervenciones es la administración de la privación de libertad.
El estado actual de nuestras cárceles es deplorable, la violación de los derechos humanos de los reos es pan de cada día y el Ministerio de Gobierno y Justicia todavía no ha dado a conocer qué planes tiene.
El sistema penitenciario cuenta con una ley moderna aprobada en el periodo pasado y aún no ha sido puesta en ejecución. Se requiere una reglamentación de la misma, pero sobre todo urge una muestra de que las actuales autoridades son capaces de planificar ordenadamente las tareas propias del gobierno.
Son muchas las cosas que se pueden hacer desde el Poder Ejecutivo para mejorar la administración de justicia, pero las emblemáticas siempre han sido la designación de los magistrados de la Corte Suprema y la dotación de presupuesto.
Actualmente, el Presidente está en mora, pues tiene pendiente desde hace varios meses la designación del reemplazo de un magistrado que falleció el año pasado.
La confianza que un grupo mayoritario de ciudadanos tiene en el actual presidente es un recurso valioso a la hora de las transformaciones. Ojalá que el Presidente Torrijos no cometa el error del General Torrijos, que le dio todo a la justicia social y nada a la justicia.
EL GOBIERNO confía en su propuesta para "aliviar" las condiciones de extrema pobreza en que viven unas 80 mil familias panameñas. La ministra de la Juventud, la Niñez y la Mujer, Leonor Calderón, rectora de la iniciativa, asegura que serán unas 15 mil familias las beneficiadas del titánico esfuerzo en su etapa inicial. Y, para conseguir sus metas, ha fijado planes y diseñado tareas para acercar el discurso oficial a la dura realidad del país.
Pero la condición en que viven los pobres absolutos en Panamá, se sacude fácilmente de las propuestas que a los políticos se le ocurre cada cierto tiempo, y es muy resistente a las iniciativas gubernamentales. Aunque reconocemos que el programa recién comienza, consideramos una falla estratégica inicial que la responsabilidad del mismo sea sólo del gobierno y no de toda la nación. Por ello, advertimos que si no se llega al fondo del problema para reducir la pobreza extrema, podría pasar lo mismo que lo que ocurre a escala mundial cuando la ONU se lo propuso entre sus metas: el fracaso. Pues, a pesar de que este organismo ha reconocido que ha logrado reducir algunos índices de extrema pobreza, como matrícula escolar, dotación de agua potable, extensión de expectativa de vida y otros, también ha admitido, a través del PNUD, que la pobreza se generaliza, que un tercio del planeta vive con menos de un dólar diario y que, lejos de reducirse, la pobreza ha aumentado.
Es primordial que se reconozca que esta tarea no puede ser exclusiva de ningún gobierno, que la lucha contra la pobreza es tarea de todos, pues como lo dijo Luis Ignacio Lula da Silva, el hambre es un problema, incluso, para los que comen todos los días.
Ahora bien, la administración pública de la cual el Presidente es el último responsable puede obstaculizar el desarrollo de una investigación, o puede facilitarlo. Se puede cooperar con recursos e información documental, por ejemplo.
De allí que sea legítimo que la ciudadanía espere que el Presidente se comprometa a apoyar las investigaciones que realiza el Ministerio Fiscal. La única competencia que le es propia, en materia de justicia, es la ejecución de las penas y la más sensitiva de todas, sus intervenciones es la administración de la privación de libertad.
El estado actual de nuestras cárceles es deplorable, la violación de los derechos humanos de los reos es pan de cada día y el Ministerio de Gobierno y Justicia todavía no ha dado a conocer qué planes tiene.
El sistema penitenciario cuenta con una ley moderna aprobada en el periodo pasado y aún no ha sido puesta en ejecución. Se requiere una reglamentación de la misma, pero sobre todo urge una muestra de que las actuales autoridades son capaces de planificar ordenadamente las tareas propias del gobierno.
Son muchas las cosas que se pueden hacer desde el Poder Ejecutivo para mejorar la administración de justicia, pero las emblemáticas siempre han sido la designación de los magistrados de la Corte Suprema y la dotación de presupuesto.
Actualmente, el Presidente está en mora, pues tiene pendiente desde hace varios meses la designación del reemplazo de un magistrado que falleció el año pasado.
La confianza que un grupo mayoritario de ciudadanos tiene en el actual presidente es un recurso valioso a la hora de las transformaciones. Ojalá que el Presidente Torrijos no cometa el error del General Torrijos, que le dio todo a la justicia social y nada a la justicia.
EL GOBIERNO confía en su propuesta para "aliviar" las condiciones de extrema pobreza en que viven unas 80 mil familias panameñas. La ministra de la Juventud, la Niñez y la Mujer, Leonor Calderón, rectora de la iniciativa, asegura que serán unas 15 mil familias las beneficiadas del titánico esfuerzo en su etapa inicial. Y, para conseguir sus metas, ha fijado planes y diseñado tareas para acercar el discurso oficial a la dura realidad del país.
Pero la condición en que viven los pobres absolutos en Panamá, se sacude fácilmente de las propuestas que a los políticos se le ocurre cada cierto tiempo, y es muy resistente a las iniciativas gubernamentales. Aunque reconocemos que el programa recién comienza, consideramos una falla estratégica inicial que la responsabilidad del mismo sea sólo del gobierno y no de toda la nación. Por ello, advertimos que si no se llega al fondo del problema para reducir la pobreza extrema, podría pasar lo mismo que lo que ocurre a escala mundial cuando la ONU se lo propuso entre sus metas: el fracaso. Pues, a pesar de que este organismo ha reconocido que ha logrado reducir algunos índices de extrema pobreza, como matrícula escolar, dotación de agua potable, extensión de expectativa de vida y otros, también ha admitido, a través del PNUD, que la pobreza se generaliza, que un tercio del planeta vive con menos de un dólar diario y que, lejos de reducirse, la pobreza ha aumentado.
Es primordial que se reconozca que esta tarea no puede ser exclusiva de ningún gobierno, que la lucha contra la pobreza es tarea de todos, pues como lo dijo Luis Ignacio Lula da Silva, el hambre es un problema, incluso, para los que comen todos los días.
