El precio de la justicia
Pese a que la Constitución garantiza el acceso a la justicia a todos los habitantes de la Nación, la realidad indica que cada día más panameños quedan privados de este derecho. Las dificultades que arrastran los tribunales obstaculizan un camino que debería ser limpio y abierto a todos, convirtiéndolo en una empinada cuesta que sólo un grupo reducido de ciudadanos logra superar.
Este es uno de los principales puntos por los que la administración de la justicia ha sido tan cuestionada en los últimos años en el país. A ello se suma el enorme rezago judicial, la falta de independencia y la sospecha siempre vigente de corrupción, para conformar un panorama nada alentador que coloca al Poder Judicial en el centro del debate durante la campaña electoral, a tal punto que diversos sectores de la sociedad panameña han manifestado la urgente necesidad de reformar el sistema de justicia.
Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, es una de las que viene bregando por este objetivo. Tiene perfectamente en claro que uno de los problemas más críticos de la justicia es el acceso a ella de los sectores más empobrecidos de la sociedad.
Castillo explicó que los niveles de pobreza en Panamá están altos y si tomamos en cuenta el costo de los abogados y el bajo número de defensores de oficio, se llega a la conclusión de que el ciudadano común no tiene garantizado su derecho a defensa.
Igual criterio tiene el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Carlos Vásquez, quien señala que a pesar de que se han hecho ingentes esfuerzos para mejorar esta situación, en la población todavía hay un enorme desconocimiento de los derechos y deberes que tiene el ciudadano en su sistema judicial.
Indicó que el ciudadano común se enfrenta a un proceso penal casi desprotegido, sin abogados, sin recursos y por eso vemos las cárceles panameñas abarrotadas principalmente por personas pobres.
La justicia en Panamá cuesta a pesar de que la Constitución dice que es gratuita e igual para todos los ciudadanos del país, por eso la mayoría de los ciudadanos acuden a un corregidor y las estadísticas indican que estos funcionarios no están bien pagados y no tienen un nivel de escolaridad alto, reclacó.
Por su parte, el jurista Jorge Giannareas, puntualizó que hay otro factor que opera negativamente y es que no hay confianza del ciudadano común en la instituciones judiciales.
"En Panamá, hay un convencimiento de que relacionarse con el órgano judicial o el Ministerio Público es un dolor de cabeza y una pérdida de tiempo. Tenemos una institucionalidad que no es cercana al usuario. Hay que trabajar mucho con la defensoría de oficio para que el Estado brinde a los ciudadanos la posibilidad de asesorarse y tener una representación profesional en los procesos", indicó.
Contrario a las tres opiniones anteriores, la ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Aura Emérita Guerra de Villalaz, afirma que el panameño ahora tiene más acceso.
En su opinión, el panameño tiene mayor acceso a la justicia que en otras épocas, ya que existen los defensores de oficio, consultorios populares de la Universidad de Panamá, grupos privados, el Colegio Nacional de Abogados y otros grupos organizados que le brindan ayuda.
"Quizás algunas personas ignoren que todo estos servicios están a su disposición, pero sí se ha creado los mecanismos públicos y privados para que las personas tengan acceso a la justicia", expresó.
Para la ex magistrada, la persona entra al sistema y después tiene que esperar demasiado tiempo debido al volumen de casos por un lado y a la falta de personal y tecnología por otro.
Hay que cambiar el sistema. Otros países han cambiado el sistema inquisitivo, acusatorio y escrito por el sistema oral. Hay que solamente hacer los cambios y mejorar la justicia.
Desde la óptica de Giannareas en cambio, la situación es mucho más compleja porque la administración de justicia es totalmente anacrónica. Entre sus principales problemas enumeró: Un diseño muy deficiente, una tecnología totalmente desfasada y la falta de conciencia de que administrar los tribunales es un oficio distinto del de dictar el derecho. A ello se suma, que los abogados utilizan tácticas dilatorias y los jueces dejan de utilizar los recursos que les da la ley para sancionarlos porque carecen de la autoridad moral para hacerlo con todo el rigor que se necesita.
Por último el presidente del Colegio de Abogados remarcó que lo más importante para garantizar la justicia es que haya un apego a la constitución y a la ley de modo que esto sea lo único que subordine la actuación de los jueces y magistrados, especialmente en la más alta corporación del Poder Judicial.
Agregó que ha habido casos que han dejado sinsabores y otros en los que no se ha cumplido con los deberes inherentes al cargo, como fue el caso CEMIS.
En este caso, a la población le queda la misión de hacer la valoración correspondiente de la actuación de la más alta corporación de la justicia, aseveró.
Es necesario realizar una reforma del sistema de justicia, en eso coinciden distintos sectores preocupados por solucionar los graves problemas del aparato judicial.
Uno de las instituciones que viene trabajando abnegadamente con este objetivo es la Alianza Ciudadana Pro Justicia que recientemente realizó una consulta popular para conocer la opinión de la ciudadanía sobre uno de los pilares del sistema republicano.
Sentimos que en Panamá tiene que crearse un ambiente de reforma al sistema de justicia penal. Para ello, el audito ciudadano de la justicia busca hacer un análisis de cómo está el sistema de justicia penal en Panamá desde la perspectiva del usuario, de manera de hacer un diagnóstico y presentar propuestas para reformarlo”, señala Magaly Castillo.
El audito es el punto de partida para una agenda de reforma, en los que se involucren el Organo Judicial, Ministerio Público, los políticos, los abogados y la sociedad civil.
Una de las conclusiones a las que llegó el audito es que es necesario una reforma al sistema de justicia penal para respetar las garantías del acusado en un sistema donde el Ministerio Público no tenga adscritas tantas facultades, ya que puede detener, allanar e inclusive puede mantener detenida a una persona por uno o dos años, hasta que un juez analice el caso.
Tiene que lograrse controlar estas facultades y que sea un ente judicial el que decida las medidas cautelares y las privaciones de libertades de las personas y no un fiscal o personero. El que tiene que decidir si a una persona se le priva de su libertad es una autoridad con jurisdicción, y no una de investigación”, observó.
A su criterio, las autoridades investigativas pueden ordenar medidas cautelares provisionales pero la última palabra la tiene un juez. “En Panamá, una persona puede estar detenida hasta dos años por órdenes del Ministerio Público”, dijo con asombro.
Coincidentemente, el presidente del Colegio de Abogados Carlos Vásquez, remarcó la necesidad de cambiar el esquema procesal replanteando las funciones inquisitivas que posee el Ministerio Público y que al final son examinadas por los operadores judiciales.
Sin embargo interpretó que esto es solo parte de la solución integral que requiere la administración de justicia, porque no se puede apuntar hacia una reforma legal como exclusiva o determinante para cambiar la condición crítica que atraviesa la justicia. Anteriormente ha habido reformas (la última se hizo en el 2001), y los resultados no han satisfecho”, opinó.
Estimó que se requiere un cambio de actitud de los operadores judiciales, además de una mística en el trabajo que realizan magistrados, jueces, fiscales y personeros. También es indispensable que haya la voluntad política de invertir en el servicio de administración de justicia porque actualmente se habla mucho de la justicia pero se la respalda poco.
Al respecto, Magaly Castillo enumeró otros aspectos necesarios: Hay que nombrar mayores defensores públicos y fortalecer el tema de los mecanismos de protección de derechos humanos (habeas corpus, amparo de garantías y otros recursos que son necesario reformarlos porque no se están respetando). El 54% de los presos en las cárceles panameñas no tienen condenas y de ese porcentaje casi la mitad está representado por un defensor de oficio, indicó.
Además, mencionó que el mismo procedimiento penal panameño permite rezago del sistema de justicia ya que facilita que los abogados hagan prácticas dilatorias del proceso. El sistema de justicia panameño permite todo esto, por lo que se necesita un sistema que ponga límites que establezca sanciones a estas personas.
En las cárceles de Panamá sobran 4 mil 118 presos.
Esto da la pauta del nivel de hacinamiento que existe actualmente en el Servicio Penitenciario Nacional, según revela un informe estadístico del Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobierno y Justicia.
De acuerdo al documento, hasta el 22 de marzo habían 11 mil 466 prisioneros en la República de Panamá (10 mil 641 hombres y 825 mujeres) cuando la capacidad física de las celdas a nivel nacional solo es de 7 mil 348.
Aún más preocupante es que del total de reclusos, 6 mil 363 (2 mil 841 hombres y 248 mujeres) están en proceso de juicio, lo que representa más del 50%.
Condenados se encuentran 4 mil 161 hombres y 337 mujeres, mientras que por delitos administrativos están recluídos 605.
La provincia con mayor exceso de presidiarios es la de Panamá con 7 mil 645, la cual solo tiene espacio en sus cárceles para 4 mil 553.
La mayoría de estos reclusos están en el Complejo Penitenciario La Joya, que comprende La Joya y La Joyita, al este de la ciudad de Panamá con 5 mil 485.
En el Centro Femenino de Rehabilitación están recluídas 614 internas, cantidad de la cual, 255 están condenadas y 359 están en proceso.
Otras provincias con problemas de acumulación de presos son Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Darién, Herrera, Los Santos y Veraguas.
En Colón, hay un total de mil 450 presos y la capacidad física de las celdas son para mil 92.
De este total, 641 están en proceso, mientras que 809 fueron condenados.
En Chiriquí, el total de reclusos es de 907 y solo las cárceles tienen espacio para 534.
De este total, 420 están en proceso, mientras que 487 fueron condenados. Los únicos lugares donde no hay sobre población es Kuna Yala y Coiba.
Justicia lenta, no es justicia, reza un dicho popular de profunda aplicación en la realidad panameña. El rezago de los tribunales y la acumulación de causas se ha convertido en una característica saliente del Poder Judicial que no encuentra solución pese al paso de los años.
El fenómeno de la mora judicial es un problema que viene de mucho tiempo atrás. Incluso, en las décadas de los 40 y 50 ya se hablaba de este problema, según lo asegura Aura Emérita Guerra de Villalaz, Ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia.
Entre las razones cita la falta de presupuesto, el volumen y el método de trabajo y las falencias del sistema procesal.
Es cierto que nos encontramos con casos totalmente estancados no por meses, sino por años y que algunos de ellos no son tan complicados. Hace falta un procedimiento adecuado que permita a los tribunales a salir más rápidamente de los casos que tienen. La tecnología moderna permite que se aceleren muchos casos, no como antes que la tarea era con máquinas manuales. Sin embargo, no todos los tribunales están beneficiados con la tecnología, indicó. Aceptó que en términos generales el fenómeno de la mora judicial es una verdad a gritos pero hay problemas fuertes en el sistema de justicia. Es una situación muy compleja en donde intervienen diferentes factores que tienen que ver con el personal, con lo económico y fundamentalmente con el procedimiento.
Para el jurista Jorge Guiannareas es claro que el sistema sufre de congestionamiento. Esto se debe a que hay una enorme cantidad de casos, mucho más de lo que el sistema puede procesar.
En primer lugar hay que buscar medidas rápidas para terminar de modo anticipado los procesos que se puedan resolver, es decir no todo tiene que ser un camino hacia el final, sino que puedan resolverse antes por otros medios. Lo segundo es que hay que imprimirle a los tribunales de justicia una gestión moderna, automatizada, con una noción de eficiencia en el día a día. Antes de ver cuanto dinero le asignan al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia, lo más importante es cómo se está gastando el dinero, subrayó.
Este es uno de los principales puntos por los que la administración de la justicia ha sido tan cuestionada en los últimos años en el país. A ello se suma el enorme rezago judicial, la falta de independencia y la sospecha siempre vigente de corrupción, para conformar un panorama nada alentador que coloca al Poder Judicial en el centro del debate durante la campaña electoral, a tal punto que diversos sectores de la sociedad panameña han manifestado la urgente necesidad de reformar el sistema de justicia.
Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, es una de las que viene bregando por este objetivo. Tiene perfectamente en claro que uno de los problemas más críticos de la justicia es el acceso a ella de los sectores más empobrecidos de la sociedad.
Castillo explicó que los niveles de pobreza en Panamá están altos y si tomamos en cuenta el costo de los abogados y el bajo número de defensores de oficio, se llega a la conclusión de que el ciudadano común no tiene garantizado su derecho a defensa.
Igual criterio tiene el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Carlos Vásquez, quien señala que a pesar de que se han hecho ingentes esfuerzos para mejorar esta situación, en la población todavía hay un enorme desconocimiento de los derechos y deberes que tiene el ciudadano en su sistema judicial.
Indicó que el ciudadano común se enfrenta a un proceso penal casi desprotegido, sin abogados, sin recursos y por eso vemos las cárceles panameñas abarrotadas principalmente por personas pobres.
La justicia en Panamá cuesta a pesar de que la Constitución dice que es gratuita e igual para todos los ciudadanos del país, por eso la mayoría de los ciudadanos acuden a un corregidor y las estadísticas indican que estos funcionarios no están bien pagados y no tienen un nivel de escolaridad alto, reclacó.
Por su parte, el jurista Jorge Giannareas, puntualizó que hay otro factor que opera negativamente y es que no hay confianza del ciudadano común en la instituciones judiciales.
"En Panamá, hay un convencimiento de que relacionarse con el órgano judicial o el Ministerio Público es un dolor de cabeza y una pérdida de tiempo. Tenemos una institucionalidad que no es cercana al usuario. Hay que trabajar mucho con la defensoría de oficio para que el Estado brinde a los ciudadanos la posibilidad de asesorarse y tener una representación profesional en los procesos", indicó.
Contrario a las tres opiniones anteriores, la ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Aura Emérita Guerra de Villalaz, afirma que el panameño ahora tiene más acceso.
En su opinión, el panameño tiene mayor acceso a la justicia que en otras épocas, ya que existen los defensores de oficio, consultorios populares de la Universidad de Panamá, grupos privados, el Colegio Nacional de Abogados y otros grupos organizados que le brindan ayuda.
"Quizás algunas personas ignoren que todo estos servicios están a su disposición, pero sí se ha creado los mecanismos públicos y privados para que las personas tengan acceso a la justicia", expresó.
Para la ex magistrada, la persona entra al sistema y después tiene que esperar demasiado tiempo debido al volumen de casos por un lado y a la falta de personal y tecnología por otro.
Hay que cambiar el sistema. Otros países han cambiado el sistema inquisitivo, acusatorio y escrito por el sistema oral. Hay que solamente hacer los cambios y mejorar la justicia.
Desde la óptica de Giannareas en cambio, la situación es mucho más compleja porque la administración de justicia es totalmente anacrónica. Entre sus principales problemas enumeró: Un diseño muy deficiente, una tecnología totalmente desfasada y la falta de conciencia de que administrar los tribunales es un oficio distinto del de dictar el derecho. A ello se suma, que los abogados utilizan tácticas dilatorias y los jueces dejan de utilizar los recursos que les da la ley para sancionarlos porque carecen de la autoridad moral para hacerlo con todo el rigor que se necesita.
Por último el presidente del Colegio de Abogados remarcó que lo más importante para garantizar la justicia es que haya un apego a la constitución y a la ley de modo que esto sea lo único que subordine la actuación de los jueces y magistrados, especialmente en la más alta corporación del Poder Judicial.
Agregó que ha habido casos que han dejado sinsabores y otros en los que no se ha cumplido con los deberes inherentes al cargo, como fue el caso CEMIS.
En este caso, a la población le queda la misión de hacer la valoración correspondiente de la actuación de la más alta corporación de la justicia, aseveró.
Es necesario realizar una reforma del sistema de justicia, en eso coinciden distintos sectores preocupados por solucionar los graves problemas del aparato judicial.
Uno de las instituciones que viene trabajando abnegadamente con este objetivo es la Alianza Ciudadana Pro Justicia que recientemente realizó una consulta popular para conocer la opinión de la ciudadanía sobre uno de los pilares del sistema republicano.
Sentimos que en Panamá tiene que crearse un ambiente de reforma al sistema de justicia penal. Para ello, el audito ciudadano de la justicia busca hacer un análisis de cómo está el sistema de justicia penal en Panamá desde la perspectiva del usuario, de manera de hacer un diagnóstico y presentar propuestas para reformarlo”, señala Magaly Castillo.
El audito es el punto de partida para una agenda de reforma, en los que se involucren el Organo Judicial, Ministerio Público, los políticos, los abogados y la sociedad civil.
Una de las conclusiones a las que llegó el audito es que es necesario una reforma al sistema de justicia penal para respetar las garantías del acusado en un sistema donde el Ministerio Público no tenga adscritas tantas facultades, ya que puede detener, allanar e inclusive puede mantener detenida a una persona por uno o dos años, hasta que un juez analice el caso.
Tiene que lograrse controlar estas facultades y que sea un ente judicial el que decida las medidas cautelares y las privaciones de libertades de las personas y no un fiscal o personero. El que tiene que decidir si a una persona se le priva de su libertad es una autoridad con jurisdicción, y no una de investigación”, observó.
A su criterio, las autoridades investigativas pueden ordenar medidas cautelares provisionales pero la última palabra la tiene un juez. “En Panamá, una persona puede estar detenida hasta dos años por órdenes del Ministerio Público”, dijo con asombro.
Coincidentemente, el presidente del Colegio de Abogados Carlos Vásquez, remarcó la necesidad de cambiar el esquema procesal replanteando las funciones inquisitivas que posee el Ministerio Público y que al final son examinadas por los operadores judiciales.
Sin embargo interpretó que esto es solo parte de la solución integral que requiere la administración de justicia, porque no se puede apuntar hacia una reforma legal como exclusiva o determinante para cambiar la condición crítica que atraviesa la justicia. Anteriormente ha habido reformas (la última se hizo en el 2001), y los resultados no han satisfecho”, opinó.
Estimó que se requiere un cambio de actitud de los operadores judiciales, además de una mística en el trabajo que realizan magistrados, jueces, fiscales y personeros. También es indispensable que haya la voluntad política de invertir en el servicio de administración de justicia porque actualmente se habla mucho de la justicia pero se la respalda poco.
Al respecto, Magaly Castillo enumeró otros aspectos necesarios: Hay que nombrar mayores defensores públicos y fortalecer el tema de los mecanismos de protección de derechos humanos (habeas corpus, amparo de garantías y otros recursos que son necesario reformarlos porque no se están respetando). El 54% de los presos en las cárceles panameñas no tienen condenas y de ese porcentaje casi la mitad está representado por un defensor de oficio, indicó.
Además, mencionó que el mismo procedimiento penal panameño permite rezago del sistema de justicia ya que facilita que los abogados hagan prácticas dilatorias del proceso. El sistema de justicia panameño permite todo esto, por lo que se necesita un sistema que ponga límites que establezca sanciones a estas personas.
En las cárceles de Panamá sobran 4 mil 118 presos.
Esto da la pauta del nivel de hacinamiento que existe actualmente en el Servicio Penitenciario Nacional, según revela un informe estadístico del Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobierno y Justicia.
De acuerdo al documento, hasta el 22 de marzo habían 11 mil 466 prisioneros en la República de Panamá (10 mil 641 hombres y 825 mujeres) cuando la capacidad física de las celdas a nivel nacional solo es de 7 mil 348.
Aún más preocupante es que del total de reclusos, 6 mil 363 (2 mil 841 hombres y 248 mujeres) están en proceso de juicio, lo que representa más del 50%.
Condenados se encuentran 4 mil 161 hombres y 337 mujeres, mientras que por delitos administrativos están recluídos 605.
La provincia con mayor exceso de presidiarios es la de Panamá con 7 mil 645, la cual solo tiene espacio en sus cárceles para 4 mil 553.
La mayoría de estos reclusos están en el Complejo Penitenciario La Joya, que comprende La Joya y La Joyita, al este de la ciudad de Panamá con 5 mil 485.
En el Centro Femenino de Rehabilitación están recluídas 614 internas, cantidad de la cual, 255 están condenadas y 359 están en proceso.
Otras provincias con problemas de acumulación de presos son Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Darién, Herrera, Los Santos y Veraguas.
En Colón, hay un total de mil 450 presos y la capacidad física de las celdas son para mil 92.
De este total, 641 están en proceso, mientras que 809 fueron condenados.
En Chiriquí, el total de reclusos es de 907 y solo las cárceles tienen espacio para 534.
De este total, 420 están en proceso, mientras que 487 fueron condenados. Los únicos lugares donde no hay sobre población es Kuna Yala y Coiba.
Justicia lenta, no es justicia, reza un dicho popular de profunda aplicación en la realidad panameña. El rezago de los tribunales y la acumulación de causas se ha convertido en una característica saliente del Poder Judicial que no encuentra solución pese al paso de los años.
El fenómeno de la mora judicial es un problema que viene de mucho tiempo atrás. Incluso, en las décadas de los 40 y 50 ya se hablaba de este problema, según lo asegura Aura Emérita Guerra de Villalaz, Ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia.
Entre las razones cita la falta de presupuesto, el volumen y el método de trabajo y las falencias del sistema procesal.
Es cierto que nos encontramos con casos totalmente estancados no por meses, sino por años y que algunos de ellos no son tan complicados. Hace falta un procedimiento adecuado que permita a los tribunales a salir más rápidamente de los casos que tienen. La tecnología moderna permite que se aceleren muchos casos, no como antes que la tarea era con máquinas manuales. Sin embargo, no todos los tribunales están beneficiados con la tecnología, indicó. Aceptó que en términos generales el fenómeno de la mora judicial es una verdad a gritos pero hay problemas fuertes en el sistema de justicia. Es una situación muy compleja en donde intervienen diferentes factores que tienen que ver con el personal, con lo económico y fundamentalmente con el procedimiento.
Para el jurista Jorge Guiannareas es claro que el sistema sufre de congestionamiento. Esto se debe a que hay una enorme cantidad de casos, mucho más de lo que el sistema puede procesar.
En primer lugar hay que buscar medidas rápidas para terminar de modo anticipado los procesos que se puedan resolver, es decir no todo tiene que ser un camino hacia el final, sino que puedan resolverse antes por otros medios. Lo segundo es que hay que imprimirle a los tribunales de justicia una gestión moderna, automatizada, con una noción de eficiencia en el día a día. Antes de ver cuanto dinero le asignan al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia, lo más importante es cómo se está gastando el dinero, subrayó.
