El Presidente está a tiempo

La Asamblea ha aprobado una ley de la República según la cual, las personas que cierren las vías públicas con violencia como medio para realizar una protesta, serán sancionadas hasta con dos años de prisión. El Presidente había dicho que en su opinión se trataba de un exceso por parte de los diputados. Y tenía razón. Aún existen en el Código Penal delitos contra la administración Pública con penas inferiores. La excusa de los daños producidos por la violencia, tampoco es óbice, ya que el propio Código penal resolvió el tema en su artículo 226. Qué bueno sería que esta vez el Primer Mandatario del país se mantuviera del lado de quienes defendemos la institucionalidad protectora de los derechos y las libertades de los ciudadanos, e hiciera lo que procede en estos casos: si el Presidente no está de acuerdo con lo aprobado por el Legislativo, no basta con que dé una opinión diferente, o se abstenga de sancionar la ley. El Presidente debe vetar la ley que considera que comete un exceso en contra de los ciudadanos. Solo así sus palabras como mandatario tendrían sentido y se percibirían por todos como sinceras. El veto, si fundado en que la norma no es conveniente, exigirá que la Asamblea vuelva a discutir el proyecto y tenga que respaldarlo mediante el voto favorable de dos terceras partes de sus miembros. En una hipótesis distinta, si el veto presidencial está fundado en que el Ejecutivo considera que lo aprobado por los diputados es inconstitucional, la discusión entonces se trasladaría al Pleno de la Corte Suprema, donde los hombres de toga tendrían que decir la última palabra. El Presidente está a tiempo para promover que el Estado panameño haga una discusión responsable de tan delicado tema. Es su deber hacerlo.