El Presidente, su partido y la Caja
Ningún problema más importante y más delicado para el presidente electo que resolver la crisis por la que atraviesa la seguridad social panameña. Por una parte, deben tomarse las medidas de ajuste drásticas y urgentes que se requieren para estabilizar la situación actuarial del Fondo de Invalidez Vejez y Muerte, y por la otra lograr que la Caja de Seguro Social sanee las finanzas de todos sus programas y preste un mejor servicio.
En ambos casos hay que implementar medidas impopulares que van a suponer una gran pérdida de capital político, y que sin duda marcarán el inicio de un proceso de descontento hacia el nuevo gobierno y su partido. Se trata de una situación en la que no hay manera de ganar en términos políticos. De no tomarla ya, las instituciones financieras internacionales anunciaron que el gobierno no contará con los créditos que necesita para financiar su desarrollo; y de tomarla, los sectores que deben aportar el sacrificio se encargarán de pasar la factura a sus gobernantes, castigando su nivel de popularidad y limitando el resto de las decisiones que deben enfrentarse en otras áreas.
Entre las medidas que se mencionan como necesarias para mantener vigente el programa de IVM están subir la edad de jubilación, aumentar la cantidad de cuotas para tener derecho a pensionarse, equiparar la jubilación de hombres y mujeres, y aumentar el aporte tanto del empresario como del empleado. Cualquiera de ellas, sin dudas, provocará la reacción negativa de los afectados.
En el caso de la administración de la Caja será necesario reducir la planilla de la institución en más de siete mil empleados administrativos, distribuir los costos de atención entre los beneficiarios y exigir a los médicos el cumplimiento de sus responsabilidades en la atención de calidad a todos los asegurados. De igual manera será muy difícil que las medidas sean aceptadas sin protestas.
Pero se trata de una decisión que debe tomar el Presidente electo y debe tomarla en los primeros días de su gobierno. Ya ha pasado suficiente tiempo y se acerca el momento de una crisis de graves consecuencias sociales. Los diagnósticos de la situación abundan y el diálogo sobre las alternativas ha sido largo y rico en discusión. Sólo queda resumir las propuestas más razonables e implementarlas asumiendo el enorme costo político para el Presidente y su partido.
Ojalá el Presidente y su partido entiendan que la voluntad política para tomar la decisión debe ir acompañada de la sabiduría que permita hacerlo con el menor trauma posible. Para ello se requiere de interlocutores con credibilidad y con capacidad de docencia, que puedan explicar con transparencia la realidad de la situación, y que generen suficiente confianza como para entender que se trata de pasos inevitables que nos permitirán disfrutar de un futuro mejor.
En ambos casos hay que implementar medidas impopulares que van a suponer una gran pérdida de capital político, y que sin duda marcarán el inicio de un proceso de descontento hacia el nuevo gobierno y su partido. Se trata de una situación en la que no hay manera de ganar en términos políticos. De no tomarla ya, las instituciones financieras internacionales anunciaron que el gobierno no contará con los créditos que necesita para financiar su desarrollo; y de tomarla, los sectores que deben aportar el sacrificio se encargarán de pasar la factura a sus gobernantes, castigando su nivel de popularidad y limitando el resto de las decisiones que deben enfrentarse en otras áreas.
Entre las medidas que se mencionan como necesarias para mantener vigente el programa de IVM están subir la edad de jubilación, aumentar la cantidad de cuotas para tener derecho a pensionarse, equiparar la jubilación de hombres y mujeres, y aumentar el aporte tanto del empresario como del empleado. Cualquiera de ellas, sin dudas, provocará la reacción negativa de los afectados.
En el caso de la administración de la Caja será necesario reducir la planilla de la institución en más de siete mil empleados administrativos, distribuir los costos de atención entre los beneficiarios y exigir a los médicos el cumplimiento de sus responsabilidades en la atención de calidad a todos los asegurados. De igual manera será muy difícil que las medidas sean aceptadas sin protestas.
Pero se trata de una decisión que debe tomar el Presidente electo y debe tomarla en los primeros días de su gobierno. Ya ha pasado suficiente tiempo y se acerca el momento de una crisis de graves consecuencias sociales. Los diagnósticos de la situación abundan y el diálogo sobre las alternativas ha sido largo y rico en discusión. Sólo queda resumir las propuestas más razonables e implementarlas asumiendo el enorme costo político para el Presidente y su partido.
Ojalá el Presidente y su partido entiendan que la voluntad política para tomar la decisión debe ir acompañada de la sabiduría que permita hacerlo con el menor trauma posible. Para ello se requiere de interlocutores con credibilidad y con capacidad de docencia, que puedan explicar con transparencia la realidad de la situación, y que generen suficiente confianza como para entender que se trata de pasos inevitables que nos permitirán disfrutar de un futuro mejor.
