El Presupuesto General del Estado
El Presupuesto General del Estado es la estimación de todos los ingresos que la Administración Pública -Gobierno Central y todas las entidades descentralizadas- recibirá durante el año y la autorización de todos los gastos que la misma Administración Pública podrá efectuar en ese mismo lapso. En Panamá el ciclo presupuestario es de un año y coincide con el año calendario, o sea que corre de enero a diciembre.
La tendencia normal es que los ingresos públicos aumenten todos los años, pues la población aumenta, al igual que la actividad económica. Por ello, también es lógico que cada nuevo presupuesto sea superior a los precedentes. Y, por eso, extraña la relevancia negativa que varios medios de comunicación han hecho del monto del Presupuesto para el año 2004.
Al confeccionar el Presupuesto, es ineludible incluir entre los gastos los compromisos derivados de obligaciones contractuales del Estado, como son, por ejemplo, los aumentos acordados por ley a los servidores públicos (médicos, maestros y profesores, enfermeras, etc.) y, especialmente, el servicio de la deuda. Si los montos asignados para este último propósito son altos, esto se debe a que arrastramos una deuda pública muy alta, como producto de la herencia nefasta que le dejaron al país el gobierno militar y sus aliados políticos del PRD.
El gobierno de la presidenta Moscoso no es responsable de que existan los escandalosos niveles de deuda que comprometen un porcentaje tan alto de los ingresos del Estado, pero tampoco puede dejar de incluir el Presupuesto las sumas que se requieren para cumplir esos compromisos. Lamentarse de que se dedican demasiados recursos al pago de la deuda pública, como si ésta fuera una novedad en el Presupuesto del 2004, es una manera sesgada de ignorar responsabilidades que tienen autores plenamente identificados y comprobables.
Aunque algunos no quieran verlo así, la administración de la presidenta Moscoso ha logrado establecer dos precedentes que debieran convertirse en regla para el futuro.
En los dos últimos años, el Presupuesto General del Estado se ha aprobado sin sobresaltos y a tiempo. Es decir, sin correderas a la terminación del año. Ello garantiza que las partidas previstas en el Presupuesto se podrán comenzar a ejecutar desde el mismo primer día del año. Esto, por todos los conceptos, no es poca cosa. Cuando el Presupuesto se aprobaba en los últimos días del año, el inicio de la ejecución se retrasaba hasta los meses de febrero o marzo, con perjuicio, especialmente, para las obras de inversión.
Es importante, además, destacar que el Presupuesto para el año 2004 fue aprobado sin votos en contra. Las diferentes bancadas de la Asamblea Legislativa actuaron con responsabilidad y llegaron a acuerdos razonables que permitieron ese resultado, que contribuye a mejorar nuestra imagen frente a la comunidad financiera internacional. La disposición y responsabilidad del Organo Legislativo contribuyó a materializar ese logro, pero el mérito principal le corresponde al Ejecutivo, que en esa materia ha venido actuando con estricto cumplimiento del marco normativo que dan los artículos del 264 al 274 de la Constitución. Es precisamente la existencia de ese marco jurídico el que ha evitado que el tema presupuestario se descarrile y que el Presupuesto se convierta el botín político. Por ello, preocupa sobremanera que algunas iniciativas sobre reformas constitucionales incluyan su revisión. Esas normas constituyen una salvaguarda y su reforma tendría efectos desastrosos para el funcionamiento de las finanzas públicas.
La tendencia normal es que los ingresos públicos aumenten todos los años, pues la población aumenta, al igual que la actividad económica. Por ello, también es lógico que cada nuevo presupuesto sea superior a los precedentes. Y, por eso, extraña la relevancia negativa que varios medios de comunicación han hecho del monto del Presupuesto para el año 2004.
Al confeccionar el Presupuesto, es ineludible incluir entre los gastos los compromisos derivados de obligaciones contractuales del Estado, como son, por ejemplo, los aumentos acordados por ley a los servidores públicos (médicos, maestros y profesores, enfermeras, etc.) y, especialmente, el servicio de la deuda. Si los montos asignados para este último propósito son altos, esto se debe a que arrastramos una deuda pública muy alta, como producto de la herencia nefasta que le dejaron al país el gobierno militar y sus aliados políticos del PRD.
El gobierno de la presidenta Moscoso no es responsable de que existan los escandalosos niveles de deuda que comprometen un porcentaje tan alto de los ingresos del Estado, pero tampoco puede dejar de incluir el Presupuesto las sumas que se requieren para cumplir esos compromisos. Lamentarse de que se dedican demasiados recursos al pago de la deuda pública, como si ésta fuera una novedad en el Presupuesto del 2004, es una manera sesgada de ignorar responsabilidades que tienen autores plenamente identificados y comprobables.
Aunque algunos no quieran verlo así, la administración de la presidenta Moscoso ha logrado establecer dos precedentes que debieran convertirse en regla para el futuro.
En los dos últimos años, el Presupuesto General del Estado se ha aprobado sin sobresaltos y a tiempo. Es decir, sin correderas a la terminación del año. Ello garantiza que las partidas previstas en el Presupuesto se podrán comenzar a ejecutar desde el mismo primer día del año. Esto, por todos los conceptos, no es poca cosa. Cuando el Presupuesto se aprobaba en los últimos días del año, el inicio de la ejecución se retrasaba hasta los meses de febrero o marzo, con perjuicio, especialmente, para las obras de inversión.
Es importante, además, destacar que el Presupuesto para el año 2004 fue aprobado sin votos en contra. Las diferentes bancadas de la Asamblea Legislativa actuaron con responsabilidad y llegaron a acuerdos razonables que permitieron ese resultado, que contribuye a mejorar nuestra imagen frente a la comunidad financiera internacional. La disposición y responsabilidad del Organo Legislativo contribuyó a materializar ese logro, pero el mérito principal le corresponde al Ejecutivo, que en esa materia ha venido actuando con estricto cumplimiento del marco normativo que dan los artículos del 264 al 274 de la Constitución. Es precisamente la existencia de ese marco jurídico el que ha evitado que el tema presupuestario se descarrile y que el Presupuesto se convierta el botín político. Por ello, preocupa sobremanera que algunas iniciativas sobre reformas constitucionales incluyan su revisión. Esas normas constituyen una salvaguarda y su reforma tendría efectos desastrosos para el funcionamiento de las finanzas públicas.
