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El Presupuesto y los ingresos del Canal


El Canal de Panamá, como se consagra en el Artículo 309 de la Constitución Política, "constituye un patrimonio inalienable de la nación panameña". Desde esta perspectiva, la Autoridad del Canal de Panamá, que tiene a su cargo la administración de la vía interoceánica, siendo como es parte integrante de la hacienda pública del país, está obligada a demostrar con transparencia que su vida institucional transcurre normalmente. De ahí que rechacemos todo acto de la Autoridad del Canal que muestre el propósito de esta entidad de vivir su institucionalidad con una especie de cultura de la excepcionalidad.
El martes de la semana pasada, el Dr. Ricardo Arias Calderón, ex Vicepresidente de la República, cuyas preocupaciones ciudadanas merecen todo mi respeto, le formuló cargos al Ministerio de Economía y Finanzas, haciéndole la imputación de que "utiliza el resultado neto de las operaciones del Canal de Panamá para encubrir el alto déficit fiscal que alcanzó el 4% sobre el Producto Interno Bruto (PIB) al cierre del año 2002". No se puede dejar de reconocer que en lo que concierne a las cuentas públicas todos los ciudadanos estamos habilitados para expresar interés y para exigir clarificaciones que tengan la calidad de la transparencia y de la rendición de cuentas.
En el caso de la Autoridad del Canal es imperativo que cumpla con el traspaso de los excedentes económicos al Tesoro Nacional que, desde luego, pasan a ser parte del presupuesto general del Estado al cual convergen la totalidad de las inversiones, ingresos y egresos del sector público, que incluye a las entidades autónomas, semi-autónomas y empresas estatales.
El gobierno de la Presidenta Moscoso recibió el 31 de Diciembre de 1999 la alta responsabilidad de actuar con celo, con integridad, con claridad, en los asuntos del Canal. Desde la fecha mencionada, el gobierno en ejercicio está directamente involucrado en el insoslayable deber de actuar en los asuntos del Canal, como en los demás asuntos de interés general, de acuerdo con la Constitución, de acuerdo con las leyes, de acuerdo con el interés nacional. Todo esto parece sobreentendido, pero una simple mirada sin prejuicios a la realidad nos indica que ha habido procederes, decisiones, cuya explicación no está en el cumplimiento de los deberes legal y moralmente establecidos sino en motivaciones subjetivas, singularmente cuando se trata de actos de administración que involucran erogaciones presupuestarias.
La reciente designación que ha hecho la Presidenta Moscoso del Lic. Jerry Salazar para el cargo de Ministro de Estado para Asuntos del Canal y Presidente de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, ha sido acogida con beneplácito por la ciudadanía debido a la idoneidad, a la experiencia y a la calidad humana del nuevo funcionario. El nombramiento de Salazar, figura de reconocida estatura en la esfera marítima internacional, a la vez que jerarquiza el Gabinete de la primera mandataria, le imprime un impulso saludable a la conformación de la estrategia marítima nacional, de la cual forman parte la Autoridad del Canal de Panamá y todas aquellas instituciones y autoridades de la República vinculadas al sector marítimo.
La Junta Directiva que presidirá el nuevo Ministro de Estado para Asuntos del Canal, será un factor de equilibrio en el funcionamiento de la vía interoceánica, ya que dicha Junta Directiva presidida por el ministro Salazar ejerce por mandato constitucional la administración de la Autoridad del Canal de Panamá. Considero que la fiscalización de la ejecución del presupuesto a cargo del administrador Alberto Alemán Zubieta, aunque se verifique mediante control posterior, es un procedimiento normal en todas las instituciones de manejo públicas o privadas.
En el caso del Canal, reviste carácter imperativo ante los amplios poderes que individualmente se le conceden al Administrador en el Artículo 38 de la Ley Orgánica de la Autoridad. Hay que tener en cuenta que al tenor de esa disposición el Administrador, sin refrendo alguno, puede ordenar y hacer gastos no previstos en el presupuesto anual, que a juicio del mencionado Administrador sean urgentes. El Artículo 38 señala que "el Administrador hará los desembolsos necesarios y recomendará a la Junta Directiva los ajustes presupuestarios correspondientes". Al analizar el contenido del artículo citado, se puede observar que se trata de facultades absolutas que pueden considerarse desproporcionadas y que pueden causar consecuencias financieras de cuantías incalculables.
Hay razones para considerar que Jerry Salazar, por su experiencia y entereza de carácter, no será un invitado de piedra en la administración de la Autoridad del Canal que por mandato constitucional le corresponde a la Junta Directiva bajo su presidencia. Que a partir de la toma de posesión de sus funciones no se adoptarán medidas inconsultas y que, por tanto, la Junta Directiva no podrá ser relegada a la función secundaria de hacer los "ajustes presupuestarios" que quisieran derivarse de hechos cumplidos por virtud de decisiones unipersonales, ya que no se puede ignorar que la Junta Directiva tiene como la primera de sus facultades la de "nombrar y remover al Administrador y Sub Administrador del Canal..." (Artículo 313 Constitución Política).
La Autoridad del Canal de Panamá como las demás instituciones nacionales, no puede funcionar como si se tratara de un ámbito separado por una especie de "muralla china" del resto de la realidad nacional. Este criterio, que es el que hemos venido sosteniendo, es el mismo expresado por personeros del Fondo Monetario Internacional que estiman que es procedente que el Gobierno de Panamá registre en sus cuentas fiscales los resultados consolidados de la vía interoceánica. En su concepto "la Autoridad del Canal de Panamá como empresa pública no financiera debe ser incluida en las cuentas estatales, para tener una visión general del país".
Sobre la licitación del servicio de laboratorio, explicó que ahora el HISMA cuenta con una empresa más eficiente, que tiene entre sus credenciales un certificado aprobado de las normas de calidad ISO 9001. Indicó que el servicio de laboratorio se lleva a cabo a un menor precio del que el HISMA antes estaba pagando.
Contreras aseguró que gran parte de las críticas contra el hospital ocurren porque hay un desconocimiento del modelo bajo el cual funciona el nosocomio. "Las críticas al modelo las baso en el desconocimiento de cómo funciona el hospital", declaró el funcionario.
"Hay que estar claro que el HISMA para muchos es el patito feo, porque promueve un modelo totalmente distinto al tradicional, donde la mayoría de las personas que trabajan en el sector salud desconocen a fondo cómo trabaja el hospital y por eso caen en críticas, que no son constructivas para el modelo", manifestó la fuente médica. Contreras explicó que este modelo implica una nueva mística de trabajo atendiendo de manera diferente al paciente.
Agregó que una de las principales quejas de los usuarios del sistema de atención de salud es la impersonalidad con la que se le trata, debido a que el médico nunca llega a tocar al paciente, ni tan siquiera le toma la presión. Manifestó que en cambio, el sistema del HISMA busca un trato diferente, amable, con una relación estrecha entre el facultativo y el paciente.
El modelo de atención en el HISMA permite que el médico se entere de todas las circunstancias en que vive y se desarrolla el paciente, porque allí puede descubrir el origen y cura de su enfermedad.
La historia clínica que es conversar con el paciente y obtener los datos de su enfermedad requieren de un tiempo prudencial, no puede darse en cinco minutos, por eso es importante que haya ese contacto entre el facultativo y el paciente, indicó Contreras.
Explicó que no necesariamente por esa forma como funciona el sistema la cantidad de pacientes que atiende el hospital es menor porque se hace énfasis en la productividad y se programa el recurso humano de acuerdo al comportamiento de la demanda de pacientes.
Según el Dr. Pedro Contreras, las quejas de que el HISMA traslada pacientes a otros centros aún con problemas de salud, radica en el hecho de que éste funciona como un hospital regional o sea de segundo nivel .
Manifestó que cuando llega un paciente con problemas de salud, que en el HISMA no se pueda resolver, se traslada a un hospital de tercer nivel, que cuenta con mejor tecnología y un recurso humano más capacitado para salvarle la vida a la persona. "No podemos quedarnos con un paciente que no podemos ofrecerles, por ejemplo un cuidado intensivo que no tenemos", destacó el galeno.
En tanto, Luz Ortega, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del HISMA, aseguró que esta agrupación gremial prefiere mantenerse al margen de los conflictos existentes con las empresas prestadoras de servicios, pues su misión es "velar por el bienestar de los empleados".
Es más, argumentó que el Patronato, de acuerdo con la Ley 28 de 1998 que lo rige, puede escoger por concurso o contratación directa". Esa es su decisión, incluso "a nosotros no nos invitan a esos eventos".
Aseguró que si en determinado momento esos conflictos llegasen a afectar atentar contra el bienestar de los empleados, si pudieran inmiscuirse en el mismo y hasta protestar.
Por su parte, Luis Murillo, también dirigente del sindicato, reconoció que aunque en la actualidad están desligados de esas negociaciones, si consideran importante que en un futuro puedan tener una intervención directa, mediante la participación de un representante de los trabajadores dentro del Patronato. Sin embargo, reconoce que esto no es fácil de conseguir, pues implica cumplir con una serie de requisitos, como contar con una central obrera y ser nombrado por medio del Consejo Nacional de Trabajadores (CoNATO).
Aclaró que esta actitud no implica que "respaldemos la administración", sino que están tratando de garantizar que todo lo que allí se hace, sea por el bien de los trabajadores y de la comunidad que utiliza los servicios.

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