El problema bananero
El problema bananero en Puerto Armuelles es mucho más complejo de lo que se advierte en la superficie y requiere de un estudio serio y detallado. Lo que hay detrás del problema es el desarrollo de una estrategia global de la Chiquita Brands para salirse de la parte de producción del banano, pero conservando el derecho a comercializar la fruta. Por lo tanto, la situación debe examinarse dentro del contexto general del negocio bananero, y la Chiquita Brands dentro del mismo.
A pesar del notable desarrollo de los volúmenes de exportación, el banano es uno de los productos básicos que muestra peores condiciones de intercambio en las últimas décadas. Desde 1950 los precios del banano en los países importadores han disminuido tanto en términos corrientes como en términos reales. La única excepción se dio entre los años 1975 - 1983 como resultado de las acciones que tomamos en esos tiempos.
La razón ha sido la incapacidad de los países exportadores de disponer de mecanismos que permitan estabilizar la relación entre oferta y demanda bananera, y por ende los precios internacionales del banano.
La creación de la "Unión de Países Exportadores de Banano" (UPEB) en 1974 por iniciativa del General Omar Torrijos y el Presidente de Costa Rica, José Figueres, fue el primer esfuerzo serio de la historia bananera por lograr una acción conjunta y coordinada de parte de los países exportadores en materias de políticas de producción, exportación y tributación.
La Unión abarcó países que concentraban más del 50% de las exportaciones mundiales de la fruta. Los objetivos de la UPEB se orientaron, desde el inicio, a buscar soluciones al problema de la fluctuación de precios internacionales y del descenso permanente del nivel de ingreso de los países productores.
Los cambios de gobierno en todos nuestros países, con la consiguiente salida de los funcionarios que habían estado trabajando en estos esquemas, tuvo como resultado final que la UPEB se hubiese convertido en un organismo burocrático dedicado únicamente a llevar datos estadísticos. En 1977 se creó la "Comercializadora Multinacional de Banano" (COMUNBANA) por todos los países miembros de UPEB, excepto Guatemala.
A través de COMUNBANA se buscaba corregir la injusta distribución de las ganancias que producía el negocio bananero. Las ganancias se concentran en los rubros de transporte, venta y distribución, los cuales están, en su mayoría, en manos de empresas transnacionales. Los países productores que ponían a disposición del negocio sus mejores tierras y mano de obra barata, tenían una participación ínfima.
Según cifras de organismos internacionales, el costo del banano en la planta empacadora representa menos del 15% del precio que paga un consumidor en Estados Unidos y menos del 11% de lo que paga un consumidor en Europa por el banano proveniente de nuestros países, mientras los costos y beneficios del transporte marítimo, maduración y distribución en los países importadores representan más del 70% del precio que pagan los consumidores estadounidenses y más del 75% del precio pagado por los consumidores alemanes.
La experiencia de COMUNBANA desde 1977 demostró que la concepción de una comercializadora multinacional de los países exportadores era correcta, pero la misma no podía llevarse a la práctica si no se contaba con un apoyo real, permanente y efectivo, tanto de parte de los gobiernos que la crearon como de los productores nacionales. De hecho, las operaciones realizadas por COMUNBANA fueron rentables en los primeros años. Sin embargo, el apoyo no se siguió dando y la empresa desapareció. Veamos ahora qué es lo que persigue la Chiquita Brands.
Aunque por otros motivos, una de sus antecesoras, la United Fruit Co., llevó a cabo el experimento de poner en manos de los trabajadores el cultivo y cosecha del banano, reservándose el transporte, venta y distribución de la fruta.
La United Fruit Co. había sido acusada de violar la ley antimonopolio y en 1958 se vio forzada a firmar un Decreto de Consentimiento con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
En ese decreto, la empresa se comprometió a que dentro de un plazo de diez años la compañía debía establecer un competidor de por lo menos un tercio de su tamaño. Buscando la forma de zafarse del decreto, la compañía decidió crear bananeros independientes. Para tal efecto, en 1967 escogió sus mejores capataces, les traspasó plantaciones, se comprometió a comprarles la producción, a facilitarles crédito para la compra de insumos y a proporcionarles asistencia técnica y negoció con ellos un precio remunerativo.
La fórmula le falló y tuvo que vender su división de Guatemala a la Delmonte. Sin embargo, se había dado cuenta que el esquema de productores independientes podía ser ideal para desprenderse de las pérdidas que producirían los actos de la naturaleza, los liberaba de los problemas sindicales, les permitía utilizarlos para que fuesen ellos quienes asumieran las pérdidas durante los períodos de baja en la demanda utilizando su autoridad para establecer los niveles de calidad, etc.
Todo marchaba bien hasta que en 1969 se disparó la inflación, alcanzando cifras en los dos dígitos; los precios de los insumos se fueron por las nubes, el costo de combustible, las tasas de interés sobre los precios bancarios.
Los productores independientes trataron de conseguir que la compañía les hiciera un ajuste en el precio de la fruta para compensar por esos extra costos, pero la empresa se negó.
Muchos fueron los productores que lo perdieron todos; fincas que habían sido muy productivas quedaron en manos de los bancos. Los precios de la fruta se han mantenido deprimidos, la Unión Europea decidió brindar su protección a las ex colonias en Africa productoras de banano y la empresa ha vuelto a intentar regresar al esquema de los productores independientes.
Para tal efecto, han declarado que no pueden seguir con el negocio en Puerto Armuelles porque sus costos no son competitivos y ofrecen como alternativa para que la producción se mantenga que el Sindicato se convierta en un productor independiente.
Hasta donde tengo conocimiento, el Sindicato no se opone a la idea de crear una cooperativa, pero su dirigencia conoce muy bien el negocio, conoce de las experiencias anteriores y sabe que un contrato con la empresa tendría que incluir como mínimo (a) un compromiso de compra mínima; (b) una fórmula que garantice precios remunerativos; (c) una fórmula que los haga partícipes de las ganancias en los mercados donde se venda la fruta; (d) un mecanismo que permita que las pérdidas en caso de desastres naturales puedan ser compartidas, y (e) un mecanismo de clasificación de la fruta totalmente imparcial.
Es el que tiene lugar con base en presunciones legales.
El hijo o hija que no haya sido reconocido por su padre tiene derecho a exigir judicialmente el reconocimiento de la paternidad. Esta la puede hacer el hijo o hija sólo cuando es mayor de edad, o si se trata de menor de edad o discapacitado, su representación la llevará su representante legal, el Ministerio Público o la Defensoría del Menor.
Establece que la madre de un niño o niña no reconocido puede declarar bajo juramento el nombre del padre ante la auxiliar del hospital o centro de salud o ante la Dirección Provincial del Registro Civil del Tribunal Electoral. Este nuevo punto que se pretende adicionar al Código de la Familia establece los trámites necesarios para hacer la inscripción o reconocimiento administrativo del niño o niña.
A pesar del notable desarrollo de los volúmenes de exportación, el banano es uno de los productos básicos que muestra peores condiciones de intercambio en las últimas décadas. Desde 1950 los precios del banano en los países importadores han disminuido tanto en términos corrientes como en términos reales. La única excepción se dio entre los años 1975 - 1983 como resultado de las acciones que tomamos en esos tiempos.
La razón ha sido la incapacidad de los países exportadores de disponer de mecanismos que permitan estabilizar la relación entre oferta y demanda bananera, y por ende los precios internacionales del banano.
La creación de la "Unión de Países Exportadores de Banano" (UPEB) en 1974 por iniciativa del General Omar Torrijos y el Presidente de Costa Rica, José Figueres, fue el primer esfuerzo serio de la historia bananera por lograr una acción conjunta y coordinada de parte de los países exportadores en materias de políticas de producción, exportación y tributación.
La Unión abarcó países que concentraban más del 50% de las exportaciones mundiales de la fruta. Los objetivos de la UPEB se orientaron, desde el inicio, a buscar soluciones al problema de la fluctuación de precios internacionales y del descenso permanente del nivel de ingreso de los países productores.
Los cambios de gobierno en todos nuestros países, con la consiguiente salida de los funcionarios que habían estado trabajando en estos esquemas, tuvo como resultado final que la UPEB se hubiese convertido en un organismo burocrático dedicado únicamente a llevar datos estadísticos. En 1977 se creó la "Comercializadora Multinacional de Banano" (COMUNBANA) por todos los países miembros de UPEB, excepto Guatemala.
A través de COMUNBANA se buscaba corregir la injusta distribución de las ganancias que producía el negocio bananero. Las ganancias se concentran en los rubros de transporte, venta y distribución, los cuales están, en su mayoría, en manos de empresas transnacionales. Los países productores que ponían a disposición del negocio sus mejores tierras y mano de obra barata, tenían una participación ínfima.
Según cifras de organismos internacionales, el costo del banano en la planta empacadora representa menos del 15% del precio que paga un consumidor en Estados Unidos y menos del 11% de lo que paga un consumidor en Europa por el banano proveniente de nuestros países, mientras los costos y beneficios del transporte marítimo, maduración y distribución en los países importadores representan más del 70% del precio que pagan los consumidores estadounidenses y más del 75% del precio pagado por los consumidores alemanes.
La experiencia de COMUNBANA desde 1977 demostró que la concepción de una comercializadora multinacional de los países exportadores era correcta, pero la misma no podía llevarse a la práctica si no se contaba con un apoyo real, permanente y efectivo, tanto de parte de los gobiernos que la crearon como de los productores nacionales. De hecho, las operaciones realizadas por COMUNBANA fueron rentables en los primeros años. Sin embargo, el apoyo no se siguió dando y la empresa desapareció. Veamos ahora qué es lo que persigue la Chiquita Brands.
Aunque por otros motivos, una de sus antecesoras, la United Fruit Co., llevó a cabo el experimento de poner en manos de los trabajadores el cultivo y cosecha del banano, reservándose el transporte, venta y distribución de la fruta.
La United Fruit Co. había sido acusada de violar la ley antimonopolio y en 1958 se vio forzada a firmar un Decreto de Consentimiento con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
En ese decreto, la empresa se comprometió a que dentro de un plazo de diez años la compañía debía establecer un competidor de por lo menos un tercio de su tamaño. Buscando la forma de zafarse del decreto, la compañía decidió crear bananeros independientes. Para tal efecto, en 1967 escogió sus mejores capataces, les traspasó plantaciones, se comprometió a comprarles la producción, a facilitarles crédito para la compra de insumos y a proporcionarles asistencia técnica y negoció con ellos un precio remunerativo.
La fórmula le falló y tuvo que vender su división de Guatemala a la Delmonte. Sin embargo, se había dado cuenta que el esquema de productores independientes podía ser ideal para desprenderse de las pérdidas que producirían los actos de la naturaleza, los liberaba de los problemas sindicales, les permitía utilizarlos para que fuesen ellos quienes asumieran las pérdidas durante los períodos de baja en la demanda utilizando su autoridad para establecer los niveles de calidad, etc.
Todo marchaba bien hasta que en 1969 se disparó la inflación, alcanzando cifras en los dos dígitos; los precios de los insumos se fueron por las nubes, el costo de combustible, las tasas de interés sobre los precios bancarios.
Los productores independientes trataron de conseguir que la compañía les hiciera un ajuste en el precio de la fruta para compensar por esos extra costos, pero la empresa se negó.
Muchos fueron los productores que lo perdieron todos; fincas que habían sido muy productivas quedaron en manos de los bancos. Los precios de la fruta se han mantenido deprimidos, la Unión Europea decidió brindar su protección a las ex colonias en Africa productoras de banano y la empresa ha vuelto a intentar regresar al esquema de los productores independientes.
Para tal efecto, han declarado que no pueden seguir con el negocio en Puerto Armuelles porque sus costos no son competitivos y ofrecen como alternativa para que la producción se mantenga que el Sindicato se convierta en un productor independiente.
Hasta donde tengo conocimiento, el Sindicato no se opone a la idea de crear una cooperativa, pero su dirigencia conoce muy bien el negocio, conoce de las experiencias anteriores y sabe que un contrato con la empresa tendría que incluir como mínimo (a) un compromiso de compra mínima; (b) una fórmula que garantice precios remunerativos; (c) una fórmula que los haga partícipes de las ganancias en los mercados donde se venda la fruta; (d) un mecanismo que permita que las pérdidas en caso de desastres naturales puedan ser compartidas, y (e) un mecanismo de clasificación de la fruta totalmente imparcial.
Es el que tiene lugar con base en presunciones legales.
Son hijos de los cónyuges los nacidos después de 180 días después de la celebración del matrimonio o desde la reunión de los cónyuges separados de cuerpos y los nacidos dentro de los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio o la separación de cuerpos.
El director provincial o el director general del Registro Civil están obligados a inscribir la paternidad del padre presunto en estos casos, a excepción del delito de violación en el que se requiere solicitud de la madre ofendida para que proceda la inscripción.
El hijo o hija que no haya sido reconocido por su padre tiene derecho a exigir judicialmente el reconocimiento de la paternidad. Esta la puede hacer el hijo o hija sólo cuando es mayor de edad, o si se trata de menor de edad o discapacitado, su representación la llevará su representante legal, el Ministerio Público o la Defensoría del Menor.
Establece que la madre de un niño o niña no reconocido puede declarar bajo juramento el nombre del padre ante la auxiliar del hospital o centro de salud o ante la Dirección Provincial del Registro Civil del Tribunal Electoral. Este nuevo punto que se pretende adicionar al Código de la Familia establece los trámites necesarios para hacer la inscripción o reconocimiento administrativo del niño o niña.
