El problema de la justicia y de la ley
El principal problema de la justicia panameña es la falta de aplicación de la ley.
¿Por qué no se aplican las leyes de modo que se cumplan sus fines y la sociedad sienta que se hace justicia? Es verdad que las razones son muy variadas: falta de capacitación profesional, pobre desempeño laboral tolerado por los organismos que forman parte del sistema de administración de justicia, corrupción de lado y lado del mostrador, y una lista larga de causas menores, como el viejo y anticuado sistema del procedimiento escrito, una infraestructura inadecuada, insuficientes recursos humanos y materiales.
Cuando las autoridades solo mencionan los problemas que tienen que ver con las limitaciones del presupuesto, o se propone la reforma de las leyes, se están obviando los principales problemas, aquellos sin cuya solución no habrá verdadera mejora. Porque es perfectamente probable que tengamos un sistema moderno en la letra de los códigos y desorden y atraso en la práctica; que el Estado incremente el presupuesto del Órgano Judicial y del Ministerio Público en un 50 por ciento, y sigamos teniendo fallos torcidos por los intereses políticos y económicos de los poderosos. ¿De qué vale entonces reformar la ley y aumentar el gasto si el resultado es el mismo o peor? Lo razonable es reconocer que hay que actuar en todos los frentes, y que no es posible reformar ninguna cosa si no se atienden, de forma prioritaria, los grandes problemas que tienen que ver con las debilidades de los recursos humanos, debilidades que son tanto técnicas como éticas. Quizás sea por eso que a los diputados les gusta reformar las leyes: los debates legislativos son actividades de bajo costo que no aseguran que haya verdaderos cambios en el país que se sufre y se vive cada día. Y ellos creen que con eso quedan bien, pero lo que hacen en realidad es acentuar la percepción de que las leyes no sirven de mucho.
¿Por qué no se aplican las leyes de modo que se cumplan sus fines y la sociedad sienta que se hace justicia? Es verdad que las razones son muy variadas: falta de capacitación profesional, pobre desempeño laboral tolerado por los organismos que forman parte del sistema de administración de justicia, corrupción de lado y lado del mostrador, y una lista larga de causas menores, como el viejo y anticuado sistema del procedimiento escrito, una infraestructura inadecuada, insuficientes recursos humanos y materiales.
Cuando las autoridades solo mencionan los problemas que tienen que ver con las limitaciones del presupuesto, o se propone la reforma de las leyes, se están obviando los principales problemas, aquellos sin cuya solución no habrá verdadera mejora. Porque es perfectamente probable que tengamos un sistema moderno en la letra de los códigos y desorden y atraso en la práctica; que el Estado incremente el presupuesto del Órgano Judicial y del Ministerio Público en un 50 por ciento, y sigamos teniendo fallos torcidos por los intereses políticos y económicos de los poderosos. ¿De qué vale entonces reformar la ley y aumentar el gasto si el resultado es el mismo o peor? Lo razonable es reconocer que hay que actuar en todos los frentes, y que no es posible reformar ninguna cosa si no se atienden, de forma prioritaria, los grandes problemas que tienen que ver con las debilidades de los recursos humanos, debilidades que son tanto técnicas como éticas. Quizás sea por eso que a los diputados les gusta reformar las leyes: los debates legislativos son actividades de bajo costo que no aseguran que haya verdaderos cambios en el país que se sufre y se vive cada día. Y ellos creen que con eso quedan bien, pero lo que hacen en realidad es acentuar la percepción de que las leyes no sirven de mucho.
