El problema fundamental de Venezuela
*
Caracas / AIPE
El gobierno de Chávez, como lo indican las encuestas, no ha respondido a las expectativas inmensas con las que se inició hace ya casi tres años. Cada vez son más los venezolanos que se encuentran insatisfechos con su acción al frente del estado, mientras la popularidad del líder se va deteriorando gradualmente. Hace poco ha atravesado -hacia abajo- la barrera del 50%, y los nubarrones que se van acumulando en el horizonte de la economía presagian que difícilmente podrá recuperarse.
Los motivos de este progresivo distanciamiento se comprenden sin dificultad cuando repasamos lo ocurrido en estos últimos años. Pensando que Chávez sería capaz de barrer con la corrupción del "antiguo régimen" y producir una renovación económica y política del país, muchas personas lo aclamaron como el salvador de Venezuela. Ganó una tras otra seis elecciones consecutivas, logrando así imponer una nueva constitución y erigirse como el dueño absoluto de todos los resortes del poder. Chávez concentró entonces en sus manos una suma impresionante de facultades, al punto que puede decirse que ninguna decisión, grande o pequeña, se toma ahora sin su consentimiento: desde el monto del salario mínimo al régimen de pensiones que habrá de implementarse, desde los acuerdos del Tribunal Supremo de Justicia hasta la forma de tratar con la guerrilla colombiana.
Pero todo este poder, como ya sucediera en el gobierno de Rafael Caldera y en otros anteriores, no le ha servido absolutamente para nada. La política económica sigue estancada en los viejos carriles del intervencionismo estatal, el gasto público sigue siendo desproporcionado e impagable, la ineficiencia y la ineptitud del gobierno son aún superiores a las que ya nos tenían acostumbrados los dirigentes de los viejos partidos. Chávez tiene el poder pero no puede usarlo o, al menos, no puede usarlo para realizar nada concreto y constructivo, nada de lo que la mayoría de la nación reclama: crecimiento económico y disminución de la pobreza, reducción del desempleo, mayor seguridad y mejores servicios.
Si se analiza la situación desapasionadamente puede concluirse que, sin embargo, el problema fundamental no está en Chávez. Claro está, él no tiene ni la formación ni la actitud que se necesitan para modernizar el país y hacer funcionar mejor la maquinaria del estado, pero él está al frente del gobierno no por imposición militar sino porque así los venezolanos lo quisieron. Chávez es un típico caudillo latinoamericano, uno de esos "hombres providenciales" que tanto daño han hecho a la región, pero ha arribado al poder no sólo por su voluntad, sino porque la mayoría de sus compatriotas así lo decidieron.
Porque el caudillismo no es una enfermedad política de los líderes sino de los pueblos que los eligen y que colocan a estos, deliberadamente, por encima de las instituciones y de las leyes. Y esto, por desgracia, es lo que tenemos hoy en Venezuela: una quiebra casi total de la institucionalidad, un sistema de gobierno que se basa en la voluntad individual de un líder, una forma de manejar los asuntos públicos que hace recaer las decisiones finales en la instancia última, suprema, indiscutida y casi sagrada: el caudillo popular. Carecemos así de la seguridad jurídica que nos da el respeto irrestricto a las leyes, de la orientadora guía de técnicos y expertos, de una administración de justicia y de una policía ajenas a los vaivenes del momento político. Tenemos en cambio un caudillo, un hombre que como todos se equivoca, pero nos faltan los mecanismos para corregir sus errores y revisar el curso que seguimos. Un curso que, lamentablemente, nos está dejando cada vez más atrás en este mundo globalizado del siglo XXI.
Si los venezolanos no entendemos que aquí reside nuestro principal problema, si no abandonamos la búsqueda
desesperada de Mesías y de hombres iluminados, nos veremos forzados a repetir -sin imaginación- los mismos errores
tantas veces cometidos en el pasado. Esperemos que, sin embargo, después de esta desastrosa experiencia, los
venezolanos entiendan que el camino hacia la modernidad pasa por el imperio de la ley y el estado de derecho.
(c)*Corresponsal de la agencia de prensa AIPE. (www.aipenet.com)
Caracas / AIPE
El gobierno de Chávez, como lo indican las encuestas, no ha respondido a las expectativas inmensas con las que se inició hace ya casi tres años. Cada vez son más los venezolanos que se encuentran insatisfechos con su acción al frente del estado, mientras la popularidad del líder se va deteriorando gradualmente. Hace poco ha atravesado -hacia abajo- la barrera del 50%, y los nubarrones que se van acumulando en el horizonte de la economía presagian que difícilmente podrá recuperarse.
Los motivos de este progresivo distanciamiento se comprenden sin dificultad cuando repasamos lo ocurrido en estos últimos años. Pensando que Chávez sería capaz de barrer con la corrupción del "antiguo régimen" y producir una renovación económica y política del país, muchas personas lo aclamaron como el salvador de Venezuela. Ganó una tras otra seis elecciones consecutivas, logrando así imponer una nueva constitución y erigirse como el dueño absoluto de todos los resortes del poder. Chávez concentró entonces en sus manos una suma impresionante de facultades, al punto que puede decirse que ninguna decisión, grande o pequeña, se toma ahora sin su consentimiento: desde el monto del salario mínimo al régimen de pensiones que habrá de implementarse, desde los acuerdos del Tribunal Supremo de Justicia hasta la forma de tratar con la guerrilla colombiana.
Pero todo este poder, como ya sucediera en el gobierno de Rafael Caldera y en otros anteriores, no le ha servido absolutamente para nada. La política económica sigue estancada en los viejos carriles del intervencionismo estatal, el gasto público sigue siendo desproporcionado e impagable, la ineficiencia y la ineptitud del gobierno son aún superiores a las que ya nos tenían acostumbrados los dirigentes de los viejos partidos. Chávez tiene el poder pero no puede usarlo o, al menos, no puede usarlo para realizar nada concreto y constructivo, nada de lo que la mayoría de la nación reclama: crecimiento económico y disminución de la pobreza, reducción del desempleo, mayor seguridad y mejores servicios.
Si se analiza la situación desapasionadamente puede concluirse que, sin embargo, el problema fundamental no está en Chávez. Claro está, él no tiene ni la formación ni la actitud que se necesitan para modernizar el país y hacer funcionar mejor la maquinaria del estado, pero él está al frente del gobierno no por imposición militar sino porque así los venezolanos lo quisieron. Chávez es un típico caudillo latinoamericano, uno de esos "hombres providenciales" que tanto daño han hecho a la región, pero ha arribado al poder no sólo por su voluntad, sino porque la mayoría de sus compatriotas así lo decidieron.
Porque el caudillismo no es una enfermedad política de los líderes sino de los pueblos que los eligen y que colocan a estos, deliberadamente, por encima de las instituciones y de las leyes. Y esto, por desgracia, es lo que tenemos hoy en Venezuela: una quiebra casi total de la institucionalidad, un sistema de gobierno que se basa en la voluntad individual de un líder, una forma de manejar los asuntos públicos que hace recaer las decisiones finales en la instancia última, suprema, indiscutida y casi sagrada: el caudillo popular. Carecemos así de la seguridad jurídica que nos da el respeto irrestricto a las leyes, de la orientadora guía de técnicos y expertos, de una administración de justicia y de una policía ajenas a los vaivenes del momento político. Tenemos en cambio un caudillo, un hombre que como todos se equivoca, pero nos faltan los mecanismos para corregir sus errores y revisar el curso que seguimos. Un curso que, lamentablemente, nos está dejando cada vez más atrás en este mundo globalizado del siglo XXI.
Si los venezolanos no entendemos que aquí reside nuestro principal problema, si no abandonamos la búsqueda
desesperada de Mesías y de hombres iluminados, nos veremos forzados a repetir -sin imaginación- los mismos errores
tantas veces cometidos en el pasado. Esperemos que, sin embargo, después de esta desastrosa experiencia, los
venezolanos entiendan que el camino hacia la modernidad pasa por el imperio de la ley y el estado de derecho.
(c)*Corresponsal de la agencia de prensa AIPE. (www.aipenet.com)
