El proceso de Castrillón Henao
El llevar al banquillo de acusados al colombiano José Castrillón Henao es quizás uno de los principales logros de las autoridades antidrogas de Panamá.
Aunque hubo que esperar dos años para iniciar la audiencia previa contra el supuesto capo del Cartel de Cali y otros 38 acusados de lavar millones de dólares y traficar toneladas de cocaína, ese período es corto tomando en consideración las complejidades del caso y el limitado presupuesto de los investigadores.
Darle seguimiento por 10 meses a quien el Ministerio Público considera un poderoso sospechoso de narcotráfico, revisar las operaciones de un centenar de empresas de supuesta fachada y cotejar una telaraña de transacciones preparadas para no dejar rastro, no es tarea fácil.
Claro está que los procesos por lavado de dinero en Panamá avanzan a paso lento en comparación con la más expedita justicia estadounidense, pero en el proceso contra Castrillón, se han reducido las deficiencias en ese sentido.
En dos años se invirtieron 2,652 horashombres para levantar 249 tomos y 85,111 fojas de investigaciones contra un hombre al que se le atribuye mover más de 36 millones de dólares a través de los bancos establecidos en Panamá.
José Castrillón Henao es el único preso que guarda reclusión en una cárcel de máxima seguridad, no solo por la jerarquía del procesado sino por la suspicacia que levantaría la fuga de un hombre que donó dinero a la campaña electoral del actual gobierno.
Todas esas aristas rodean este caso tan especial. Pero ahora llegó el momento definitivo. Respetando el debido proceso y las garantías de los acusados, el tribunal deberá evaluar con toda objetividad el mérito de las investigaciones.
Lo que digan o dejen de decir los defensores y la Fiscalía a través de los medios de comunicación social, aparte de constituir material informativo de interés general, no debe tener mayor incidencia en el proceso.
De aquí en adelante sólo cuentan las pruebas y los descargos. La Fiscalía y los defensores deben cumplir su papel en el tribunal; los periodistas haremos como siempre nuestra labor: informar al país.
Este país aunque tiene una ley antidrogas que data de hace 12 años ha celebrado pocos juicios por lavado de dinero y ninguno de la magnitud del actual.
Si acaso en tres procesos por ese delito se han dictado sentencia, mientras permanecen en distintas fiscalías y juzgados una serie de expedientes levantados semanas después de la invasión, en espera de audiencias.
Esto nos da una pálida idea del grave reto que enfrenta en este delicado caso la administración de justicia nacional, con tantas limitaciones y expectativas tanto en lo interno como en el extranjero.
Aunque hubo que esperar dos años para iniciar la audiencia previa contra el supuesto capo del Cartel de Cali y otros 38 acusados de lavar millones de dólares y traficar toneladas de cocaína, ese período es corto tomando en consideración las complejidades del caso y el limitado presupuesto de los investigadores.
Darle seguimiento por 10 meses a quien el Ministerio Público considera un poderoso sospechoso de narcotráfico, revisar las operaciones de un centenar de empresas de supuesta fachada y cotejar una telaraña de transacciones preparadas para no dejar rastro, no es tarea fácil.
Claro está que los procesos por lavado de dinero en Panamá avanzan a paso lento en comparación con la más expedita justicia estadounidense, pero en el proceso contra Castrillón, se han reducido las deficiencias en ese sentido.
En dos años se invirtieron 2,652 horashombres para levantar 249 tomos y 85,111 fojas de investigaciones contra un hombre al que se le atribuye mover más de 36 millones de dólares a través de los bancos establecidos en Panamá.
José Castrillón Henao es el único preso que guarda reclusión en una cárcel de máxima seguridad, no solo por la jerarquía del procesado sino por la suspicacia que levantaría la fuga de un hombre que donó dinero a la campaña electoral del actual gobierno.
Todas esas aristas rodean este caso tan especial. Pero ahora llegó el momento definitivo. Respetando el debido proceso y las garantías de los acusados, el tribunal deberá evaluar con toda objetividad el mérito de las investigaciones.
Lo que digan o dejen de decir los defensores y la Fiscalía a través de los medios de comunicación social, aparte de constituir material informativo de interés general, no debe tener mayor incidencia en el proceso.
De aquí en adelante sólo cuentan las pruebas y los descargos. La Fiscalía y los defensores deben cumplir su papel en el tribunal; los periodistas haremos como siempre nuestra labor: informar al país.
Este país aunque tiene una ley antidrogas que data de hace 12 años ha celebrado pocos juicios por lavado de dinero y ninguno de la magnitud del actual.
Si acaso en tres procesos por ese delito se han dictado sentencia, mientras permanecen en distintas fiscalías y juzgados una serie de expedientes levantados semanas después de la invasión, en espera de audiencias.
Esto nos da una pálida idea del grave reto que enfrenta en este delicado caso la administración de justicia nacional, con tantas limitaciones y expectativas tanto en lo interno como en el extranjero.
