El Procurador y los medios de comunicación
Para empezar, como funcionario encargado constitucionalmente de perseguir imparcialmente los delitos, le estaba vedado proferir opiniones sobre asuntos bajo su competencia, por lo que resulta absurdo que se haya expresado en términos tan indecorosos contra los 37 periodistas que dice mantienen sumarias criminales por supuesta difamación.
Manifestar, según la periodista Betty Brannan Jaén, del colega La Prensa, que los medios panameños estamos impulsados "por un sentido de mafia", hasta el punto que "no va a encontrar en esta lista a ningún periodista que usted vaya a decir (que) es una persona honorable, que está haciendo un trabajo por el bien del país", es demasiado.
Suponemos que entre los periodistas encausados o sumariados como criminales, que en los términos del señor Procurador, no se puede decir que son "personas honorables", incluirá al ex rector de la Universidad Santa María La Antigua, Stanley Muschett; al vicepresidente del mismo diario colega, Winston Robles; al fogoso luchador social y nacionalista profesor Miguel Antonio Bernal; al profesor de la Universidad de California, Luis Murillo; a la antropóloga de la Universidad de Texas, Brittmarie Janson, a los probos profesionales de la pluma Rainier Tuñón, Juan Díaz, Jean Marcel Chéry, Mirén Gutiérrez, Rolando Rodríguez, Mónica Palm y José Otero, entre tantos otros.
Porque son 10 los periodistas condenados a cárcel por ejercer su profesión. Porque son 73 los colegas enjuiciados o sumariados por un aparato judicial represivo, que sirve con su conducta de escudo a los corruptos. Porque son muchos más los que aguardan turno para ser procesados y condenados por una justicia ciega, empeñada en ignorar sus propios y elementales postulados, a favor de una doctrina de objetivización de la calumnia y la injuria, que pasa por alto la exigencia legal de dolo.
El señor Procurador, en su arremetida contra algún medio que tilda de amarillista y chantajista, - sin tener valor de mencionarlo, para no caer en sus propias redes -, termina generalizando entre los demás medios y periodistas, los supuestos vicios que de existir son excepción y no la regla, para concluir con una máxima lapidaria que resume su pensamiento, propio de un déspota: "Hay un aspecto criminal en el periodismo panameño que sólo puede ser extirpado con la aplicación de leyes penales". Y es que según él, "todo aquel que irrespete, ofenda o lesiones un derecho fundamental a otro", debe pagar, no importa, - asimismo -, que se trate de un acto de corrupción, que de oficio debe ser investigado por él, por el propio alto funcionario. Porque siempre es más fácil acusar, acallar al denunciante y encarcelarlo, que investigar y pedir que rinda cuentas quien las debe.
Manifestar, según la periodista Betty Brannan Jaén, del colega La Prensa, que los medios panameños estamos impulsados "por un sentido de mafia", hasta el punto que "no va a encontrar en esta lista a ningún periodista que usted vaya a decir (que) es una persona honorable, que está haciendo un trabajo por el bien del país", es demasiado.
Suponemos que entre los periodistas encausados o sumariados como criminales, que en los términos del señor Procurador, no se puede decir que son "personas honorables", incluirá al ex rector de la Universidad Santa María La Antigua, Stanley Muschett; al vicepresidente del mismo diario colega, Winston Robles; al fogoso luchador social y nacionalista profesor Miguel Antonio Bernal; al profesor de la Universidad de California, Luis Murillo; a la antropóloga de la Universidad de Texas, Brittmarie Janson, a los probos profesionales de la pluma Rainier Tuñón, Juan Díaz, Jean Marcel Chéry, Mirén Gutiérrez, Rolando Rodríguez, Mónica Palm y José Otero, entre tantos otros.
Porque son 10 los periodistas condenados a cárcel por ejercer su profesión. Porque son 73 los colegas enjuiciados o sumariados por un aparato judicial represivo, que sirve con su conducta de escudo a los corruptos. Porque son muchos más los que aguardan turno para ser procesados y condenados por una justicia ciega, empeñada en ignorar sus propios y elementales postulados, a favor de una doctrina de objetivización de la calumnia y la injuria, que pasa por alto la exigencia legal de dolo.
El señor Procurador, en su arremetida contra algún medio que tilda de amarillista y chantajista, - sin tener valor de mencionarlo, para no caer en sus propias redes -, termina generalizando entre los demás medios y periodistas, los supuestos vicios que de existir son excepción y no la regla, para concluir con una máxima lapidaria que resume su pensamiento, propio de un déspota: "Hay un aspecto criminal en el periodismo panameño que sólo puede ser extirpado con la aplicación de leyes penales". Y es que según él, "todo aquel que irrespete, ofenda o lesiones un derecho fundamental a otro", debe pagar, no importa, - asimismo -, que se trate de un acto de corrupción, que de oficio debe ser investigado por él, por el propio alto funcionario. Porque siempre es más fácil acusar, acallar al denunciante y encarcelarlo, que investigar y pedir que rinda cuentas quien las debe.
