El próximo Defensor del Pueblo
En estos días se están presentando las diferentes postulaciones de los candidatos a titular de la Defensoría del Pueblo, institución creada mediante Ley N°7 de 5 de febrero de 1997, la cual ha sido cuestionada desde su creación por el trabajo que viene realizando el polémico Ombudsman Italo Antinori, quien fue declarado Non Grato por la actual Asamblea Legislativa mediante la anterior presidencia del H.L. Enrique Garrido.
El Defensor o Defensora de Pueblo es un cargo público que tiene las consideraciones de alta autoridad del Estado, una remuneración equivalente a la de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, es decir B/.10,000.00 mensuales, con un período de duración de cinco (5) años. Sin embargo, el mismo debe reunir entre sus requisitos para ser elegido, tener solvencia moral y prestigio reconocido, el cual en nuestra consideración, es el principal ingrediente, toda vez que este funcionario se encargará de investigar los supuestos actos irregulares de los servidores públicos, ya sea por quejas presentadas por un particular o de oficio, en la que se denuncian violaciones a los derechos y deberes individuales y sociales consagrados en el Título III de la Constitución, así como los derechos previstos en los convenios internacionales de Derechos Humanos y la Ley, concluyendo en resoluciones de recomendación o sanciones morales a los funcionarios públicos que incumplan la Ley.
Es así, que muchos ciudadanos del país consideran que esta es una institución ineficiente, ya que no tiene fuerza coercitiva. Las resoluciones de la Defensoría del Pueblo no anulan actos ni resoluciones de la administración pública. Sin embargo, se pueden modificar, rectificar o anular, de acuerdo a una recomendación del Defensor del Pueblo, por lo que los legisladores al momento de elegir al próximo Ombudsman u "Ombudswoman", si se le podría decir así, deben tener claridad en votar por una persona ecuánime, equilibrada mentalmente, con cualidades de ser mediador a conflictos y no una persona que lo que busca es protagonismo y notoriedad en los medios de comunicación, sin que pueda finalmente resolverse un problema. Es así, que el próximo Defensor del Pueblo debe fortalecer esta novedosa institución para que tenga la verdadera credibilidad en la ciudadanía, tal como se da en países como España, Colombia, Guatemala, entre otros.
El actual Defensor del Pueblo le tocó la difícil tarea de organizar esta institución, que se conociera la misma, que funcionara. Sin embargo, la labor del señor Antinori se quedó más en conflictos, que en soluciones, sin que verdaderamente haya utilizado los recursos que le confiere la Ley para una mejor labor, como es el hecho de presentar acciones populares en beneficio de los que recurren en busca de ayuda en la Defensoría del Pueblo, como son las demandas de hábeas corpus, amparo de garantías constitucionales, demandas contenciosos-administrativos de plena jurisdicción y de protección de los derechos humanos, conforme lo establece el artículo 5 de la Ley de la Defensoría del Pueblo.
Existen excelentes candidatos de diversas profesiones que aspiran a ser Defensor del Pueblo, entre ellos: los abogados Milton Henríquez, Ulises Pittí, Ramón Castellanos, Percy Román, Juan Antonio Tejada Hijo, el sociólogo Raúl Leis, la educadora Enelda Rosales, el médico Arles Caballero, y la única candidata postulada oficialmente, la Lcda. Maritza Royo.
En nuestra humilde opinión, somos del criterio que el abogado Juan Antonio Tejada Hijo, actual Fiscal Primero Superior, reúne no sólo los requisitos que establece la Ley para ser elegido titular de la Defensoría del Pueblo, sino que es un excelente profesional del derecho, estudioso, con experiencia en la investigación de actos, hechos u omisiones de los que infringen los derechos ciudadanos, con un alto grado de ética y moral, y muy principalmente, de ser ecuánime, mediador y de escuchar a los demás, al igual que otro candidato como es el abogado Cecilio Moreno.
La ciudadanía sólo espera que nuestros legisladores elijan al mejor candidato para este delicado cargo público, ya que son muchas las personas, especialmente los de menos recursos, los que buscan ayuda en una institución como esta, en la que se pueda solucionar un problema mediante la mediación, comunicación abierta y no en la generación de nuevos conflictos y roces entre instituciones.
El Defensor o Defensora de Pueblo es un cargo público que tiene las consideraciones de alta autoridad del Estado, una remuneración equivalente a la de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, es decir B/.10,000.00 mensuales, con un período de duración de cinco (5) años. Sin embargo, el mismo debe reunir entre sus requisitos para ser elegido, tener solvencia moral y prestigio reconocido, el cual en nuestra consideración, es el principal ingrediente, toda vez que este funcionario se encargará de investigar los supuestos actos irregulares de los servidores públicos, ya sea por quejas presentadas por un particular o de oficio, en la que se denuncian violaciones a los derechos y deberes individuales y sociales consagrados en el Título III de la Constitución, así como los derechos previstos en los convenios internacionales de Derechos Humanos y la Ley, concluyendo en resoluciones de recomendación o sanciones morales a los funcionarios públicos que incumplan la Ley.
Es así, que muchos ciudadanos del país consideran que esta es una institución ineficiente, ya que no tiene fuerza coercitiva. Las resoluciones de la Defensoría del Pueblo no anulan actos ni resoluciones de la administración pública. Sin embargo, se pueden modificar, rectificar o anular, de acuerdo a una recomendación del Defensor del Pueblo, por lo que los legisladores al momento de elegir al próximo Ombudsman u "Ombudswoman", si se le podría decir así, deben tener claridad en votar por una persona ecuánime, equilibrada mentalmente, con cualidades de ser mediador a conflictos y no una persona que lo que busca es protagonismo y notoriedad en los medios de comunicación, sin que pueda finalmente resolverse un problema. Es así, que el próximo Defensor del Pueblo debe fortalecer esta novedosa institución para que tenga la verdadera credibilidad en la ciudadanía, tal como se da en países como España, Colombia, Guatemala, entre otros.
El actual Defensor del Pueblo le tocó la difícil tarea de organizar esta institución, que se conociera la misma, que funcionara. Sin embargo, la labor del señor Antinori se quedó más en conflictos, que en soluciones, sin que verdaderamente haya utilizado los recursos que le confiere la Ley para una mejor labor, como es el hecho de presentar acciones populares en beneficio de los que recurren en busca de ayuda en la Defensoría del Pueblo, como son las demandas de hábeas corpus, amparo de garantías constitucionales, demandas contenciosos-administrativos de plena jurisdicción y de protección de los derechos humanos, conforme lo establece el artículo 5 de la Ley de la Defensoría del Pueblo.
Existen excelentes candidatos de diversas profesiones que aspiran a ser Defensor del Pueblo, entre ellos: los abogados Milton Henríquez, Ulises Pittí, Ramón Castellanos, Percy Román, Juan Antonio Tejada Hijo, el sociólogo Raúl Leis, la educadora Enelda Rosales, el médico Arles Caballero, y la única candidata postulada oficialmente, la Lcda. Maritza Royo.
En nuestra humilde opinión, somos del criterio que el abogado Juan Antonio Tejada Hijo, actual Fiscal Primero Superior, reúne no sólo los requisitos que establece la Ley para ser elegido titular de la Defensoría del Pueblo, sino que es un excelente profesional del derecho, estudioso, con experiencia en la investigación de actos, hechos u omisiones de los que infringen los derechos ciudadanos, con un alto grado de ética y moral, y muy principalmente, de ser ecuánime, mediador y de escuchar a los demás, al igual que otro candidato como es el abogado Cecilio Moreno.
La ciudadanía sólo espera que nuestros legisladores elijan al mejor candidato para este delicado cargo público, ya que son muchas las personas, especialmente los de menos recursos, los que buscan ayuda en una institución como esta, en la que se pueda solucionar un problema mediante la mediación, comunicación abierta y no en la generación de nuevos conflictos y roces entre instituciones.
