El pueblo no quería la Sala Quinta
Hemos sentido gran complacencia por la derogatoria de la Sala Quinta, nacida al calor de mezquinos intereses partidistas de un régimen que hizo todo lo posible por perpetuarse en el poder para gobernar para una minoría privilegiada, pero las grandes mayorías nacionales lo impidieron, a fin de salvar al país de tantas injusticias sociales.
Nos complace la derogatoria de la Sala Quinta, porque así lo deseaba el pueblo panameño que con mucha intuición y sabiduría, comprendió que esa Sala Quinta, no era otra cosa que la pretensión del Partido Revolucionario Democrático de mantener el control en instituciones de tanta importancia para la administración de justicia en la vida del país.
Desde el primer momento en que surgió la idea de crear la Sala Quinta, profesionales del derecho, asociaciones cívicas, universitarios, trabajadores y lo más grandes sectores del territorio nacional, lanzaron su voz de protesta, se organizaron manifestaciones públicas, foros que llevaran la verdad y concienciaran en torno a este exabrupto jurídico para evitar su creación, pero todo fue imposible. La prepotencia del Ejecutivo, en ese entonces, y una aplanadora de legisladores perredistas en el seno de la Asamblea Legislativa, lograron su propósito y antes de terminar su mandato, ya estaba instalada la Sala Quinta con los tres magistrados, allegados al régimen saliente.
El pueblo panameño jamás creyó en la Sala Quinta; su creación no fue para contribuir a una justicia más efectiva y expedita, ya que en cinco largos años, la administración de Ernesto Pérez Balladares demostró muy poco interés para que las instituciones judiciales (Ministerio Público) contara con el presupuesto necesario a fin de llevar adelante la ingente tarea de administrar justicia a lo largo y a lo ancho del territorio nacional.
La Sala Quinta, como otros nombramientos que se hicieron más allá del año 2000, ha sido piedras en el zapato del nuevo gobierno para obstaculizar la labor de la alianza "Unión por Panamá".
En esta ocasión, los legisladores que conforman la alianza de gobierno han procedido, tomando muy en cuenta los intereses del pueblo, al decapitar la Sala Quinta y estamos seguros de que con el cambio se realizarán políticas que aseguren la independencia de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo para el fortalecimiento de nuestras instituciones y para el desarrollo franco de una democracia y una libertad que propicien el progreso y bienestar de todos los panameños.
Nos complace la derogatoria de la Sala Quinta, porque así lo deseaba el pueblo panameño que con mucha intuición y sabiduría, comprendió que esa Sala Quinta, no era otra cosa que la pretensión del Partido Revolucionario Democrático de mantener el control en instituciones de tanta importancia para la administración de justicia en la vida del país.
Desde el primer momento en que surgió la idea de crear la Sala Quinta, profesionales del derecho, asociaciones cívicas, universitarios, trabajadores y lo más grandes sectores del territorio nacional, lanzaron su voz de protesta, se organizaron manifestaciones públicas, foros que llevaran la verdad y concienciaran en torno a este exabrupto jurídico para evitar su creación, pero todo fue imposible. La prepotencia del Ejecutivo, en ese entonces, y una aplanadora de legisladores perredistas en el seno de la Asamblea Legislativa, lograron su propósito y antes de terminar su mandato, ya estaba instalada la Sala Quinta con los tres magistrados, allegados al régimen saliente.
El pueblo panameño jamás creyó en la Sala Quinta; su creación no fue para contribuir a una justicia más efectiva y expedita, ya que en cinco largos años, la administración de Ernesto Pérez Balladares demostró muy poco interés para que las instituciones judiciales (Ministerio Público) contara con el presupuesto necesario a fin de llevar adelante la ingente tarea de administrar justicia a lo largo y a lo ancho del territorio nacional.
La Sala Quinta, como otros nombramientos que se hicieron más allá del año 2000, ha sido piedras en el zapato del nuevo gobierno para obstaculizar la labor de la alianza "Unión por Panamá".
En esta ocasión, los legisladores que conforman la alianza de gobierno han procedido, tomando muy en cuenta los intereses del pueblo, al decapitar la Sala Quinta y estamos seguros de que con el cambio se realizarán políticas que aseguren la independencia de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo para el fortalecimiento de nuestras instituciones y para el desarrollo franco de una democracia y una libertad que propicien el progreso y bienestar de todos los panameños.
