El reclamo de la sociedad panameña
A lo largo de nuestra vida republicana, los panameños hemos aspirado a gobernarnos mediante leyes. En todo momento, el ideal de hombres y mujeres ha sido que las conductas de los individuos y de las autoridades se guíen por lo dispuesto en las normas jurídicas. Hemos buscado construir un régimen en donde la plena eficacia de las normas aplicables a particulares y gobernantes, la seguridad de personas y bienes y el pleno ejercicio de los derechos y libertades se encuentren garantizados por los órganos del Estado, en una sociedad creciente y compleja.
En cumplimiento del mandato constitucional y en atención al justo reclamo de la sociedad panameña, Gobierno y sociedad deben sumar voluntades y esfuerzos para construir un régimen de convivencia social regido plenamente por el derecho, en donde todos veamos en la ley el fundamento de nuestro actuar y el instrumento eficiente de resolución de los conflictos. Un régimen jurídico que recoja la pluralidad de nuestra sociedad, aspire a que todos guíen sus conductas por lo dispuesto en sus normas; un régimen que nos preserve como nación; y que sea capaz de reconocer y garantizar plenamente todos los derechos fundamentales conferidos por la Constitución Nacional. Y este es el compromiso que el Gobierno Nacional debe asumir ante la sociedad panameña, a fin de llevar a cabo las acciones y coordinar los esfuerzos de los sectores públicos, social y privado que hagan de la ley la norma real de nuestra convivencia.
La sociedad panameña reclama vivir en un Estado de Derecho y para ello exige al Gobierno Nacional definir estrategias y líneas de acción que alcancen, entre otros objetivos específicos, los siguientes:
1. Crear las condiciones legales, institucionales, administrativas y de comportamiento ético de los cuerpos policiales que aseguren a los individuos la debida protección de su integridad física y patrimonial y un ambiente propicio para su desarrollo. Esto implica no sólo emprender un esfuerzo sin precedentes en materia de prevención del delito, sino una reestructuración a fondo del sistema de seguridad pública, de manera que la población encuentre una respuesta profesional, honesta y expedita a sus demandas de seguridad.
2. Lograr que los órganos responsables de la administración de justicia se constituyan en auténticos vigilantes de la legalidad y de la persecución de los delitos. Asimismo que realicen sus acciones con base en un correcto ejercicio de las atribuciones que el orden jurídico nacional les ha conferido. Que la ciudadanía vea en los órganos de administración de justicia auténticos servidores públicos, y no un obstáculo para la aplicación de la ley, o inclusive, una causa más de delitos y agravios en su contra. Que la legislación penal establezca instrumentos modernos y ágiles para la investigación de los delitos y con ello se pueda castigar pronta y eficazmente a quienes delinquen, sin dar lugar a las peligrosas inequidades y subterfugios que la población resiente.
3. Otorgar a la población la confianza de que los recursos públicos se utilizan con legalidad, transparencia, honestidad y eficiencia; que existen mecanismos idóneos para prevenir y detectar acciones de corrupción, y que las infracciones son sancionadas pronta y oportunamente, con independencia del nivel jerárquico del infractor, etc.
La sociedad panameña reclama, en suma, muchas otras cosas fundamentales: reclama trabajo, democracia, salud, educación, vivienda, y recreación sana, ética y moral, capacidad y honestidad en el servicio público, etc. Y es por eso que emplaza al Gobierno Nacional para que emprenda una estrategia de fondo que tenga como fin proteger a los individuos y a la sociedad, combatir la corrupción, la delincuencia y fortalecer el orden público.
En todo caso, es necesario hacer más transparentes las acciones de los cuerpos policiales para dar un buen servicio y generar una nueva imagen de la seguridad pública en todo el territorio nacional, con base en una administración eficaz y la participación ciudadana en las acciones de gobierno. En este sentido, es indispensable promover una más estrecha vinculación entre las autoridades competentes en la materia y los diversos grupos intermedios de la sociedad.
En cumplimiento del mandato constitucional y en atención al justo reclamo de la sociedad panameña, Gobierno y sociedad deben sumar voluntades y esfuerzos para construir un régimen de convivencia social regido plenamente por el derecho, en donde todos veamos en la ley el fundamento de nuestro actuar y el instrumento eficiente de resolución de los conflictos. Un régimen jurídico que recoja la pluralidad de nuestra sociedad, aspire a que todos guíen sus conductas por lo dispuesto en sus normas; un régimen que nos preserve como nación; y que sea capaz de reconocer y garantizar plenamente todos los derechos fundamentales conferidos por la Constitución Nacional. Y este es el compromiso que el Gobierno Nacional debe asumir ante la sociedad panameña, a fin de llevar a cabo las acciones y coordinar los esfuerzos de los sectores públicos, social y privado que hagan de la ley la norma real de nuestra convivencia.
La sociedad panameña reclama vivir en un Estado de Derecho y para ello exige al Gobierno Nacional definir estrategias y líneas de acción que alcancen, entre otros objetivos específicos, los siguientes:
1. Crear las condiciones legales, institucionales, administrativas y de comportamiento ético de los cuerpos policiales que aseguren a los individuos la debida protección de su integridad física y patrimonial y un ambiente propicio para su desarrollo. Esto implica no sólo emprender un esfuerzo sin precedentes en materia de prevención del delito, sino una reestructuración a fondo del sistema de seguridad pública, de manera que la población encuentre una respuesta profesional, honesta y expedita a sus demandas de seguridad.
2. Lograr que los órganos responsables de la administración de justicia se constituyan en auténticos vigilantes de la legalidad y de la persecución de los delitos. Asimismo que realicen sus acciones con base en un correcto ejercicio de las atribuciones que el orden jurídico nacional les ha conferido. Que la ciudadanía vea en los órganos de administración de justicia auténticos servidores públicos, y no un obstáculo para la aplicación de la ley, o inclusive, una causa más de delitos y agravios en su contra. Que la legislación penal establezca instrumentos modernos y ágiles para la investigación de los delitos y con ello se pueda castigar pronta y eficazmente a quienes delinquen, sin dar lugar a las peligrosas inequidades y subterfugios que la población resiente.
3. Otorgar a la población la confianza de que los recursos públicos se utilizan con legalidad, transparencia, honestidad y eficiencia; que existen mecanismos idóneos para prevenir y detectar acciones de corrupción, y que las infracciones son sancionadas pronta y oportunamente, con independencia del nivel jerárquico del infractor, etc.
La sociedad panameña reclama, en suma, muchas otras cosas fundamentales: reclama trabajo, democracia, salud, educación, vivienda, y recreación sana, ética y moral, capacidad y honestidad en el servicio público, etc. Y es por eso que emplaza al Gobierno Nacional para que emprenda una estrategia de fondo que tenga como fin proteger a los individuos y a la sociedad, combatir la corrupción, la delincuencia y fortalecer el orden público.
En todo caso, es necesario hacer más transparentes las acciones de los cuerpos policiales para dar un buen servicio y generar una nueva imagen de la seguridad pública en todo el territorio nacional, con base en una administración eficaz y la participación ciudadana en las acciones de gobierno. En este sentido, es indispensable promover una más estrecha vinculación entre las autoridades competentes en la materia y los diversos grupos intermedios de la sociedad.
