El Rincón de Adelita Del presupuesto y su eficacia
A diferencia del año pasado, el Gobierno ha colectado más plata producto de la reforma fiscal y el crecimiento que goza nuestra economía. De hecho, el monto estatal de gasto e inversión se calculó en función a un crecimiento del ocho por ciento. Otro aspecto importante es que el gobierno bajó cuatro puntos porcentuales de la deuda pública, lo que sugiere que este ahorro podrá utilizarse en inversión, en vez de funcionamiento como se hacia anteriormente. La razón de esta reserva se atribuye a que en el 2006, el gobierno renegoció los plazos para pagar la deuda y logró una disminución en las tasas de interés. Esto implica menor endeudamiento y más dinero para invertir en obras que deben mejorar la vida de los panameños.
En resumen, para el próximo año el presupuesto asciende a 8,321 millones de dólares con un déficit no mayor al 1% del Producto Interno Bruto. Es decir, si el año pasado el gobierno supuestamente destinó mil millones de dólares en inversión social, ahora contará con un 18% más para gastar o invertir. No pierda de vista que lo trascendental del tema es cuánto se ejecuta del presupuesto de inversión, y con qué eficiencia y eficacia. La experiencia no califica muy bien este aspecto.
Según la página web de la Contraloría General de la República, la ejecución presupuestaria del gobierno central, a junio del corriente, está un 20% debajo de lo que se tenía planeado. En lo referente a gastos de inversión la cifra se reduce a casi 60%. Es decir, gran parte de los proyectos contemplados están en mora. Este es un dato fundamental cuando evaluamos calidad de vida. Primero, porque los proyectos prometidos están atrasados, seguido de que éstos trabajos impacten en la reducción de la pobreza, y tercero, porque no existe una verdadera coordinación institucional que evite duplicidad de desembolsos.
¿Por qué? Digamos que el MOP hace una carretera, pero, al poco tiempo el IDAAN hace un hueco para instalar una tubería. Aquí empiezan los gastos injustificados a causa de la descoordinación institucional. En Educación, por ejemplo, a pesar de contar con dinero, escaseaban empresas que ejecutaran los proyectos y algunas hasta faltaron a la calidad prometida.
La transformación del sistema es imprescindible para enrumbar la educación con calidad a través de su modernización y capacitación del elemento humano; no obstante, para esta asignatura no hay nuevos fondos. Persiste el concepto que tener un alto presupuesto educativo es sinónimo de calidad, sin embargo, ésta deja mucho que desear. Lo que designamos como egreso educativo se transforma en un gasto sin resultados contundentes.
En el campo de capacitación es justo aplaudir los B/. 81 millones destinados para el INADEH. Esta entidad centra sus esfuerzos en carreras cortas que suplen una escasez anunciada. Pero, en educación formal no hay cambios básicos.
El sistema procesal penal conlleva un cambio en la administración judicial que requiere, para su óptimo funcionamiento, un esfuerzo extra en materia económica. Ni el Ministerio Público, ni la Corte Suprema de Justicia contemplan un estimado para este propósito. ¿Cómo se dará marcha a esta iniciativa? De mostrar tropiezos en su implementación, alimentará aún más la frustración del ciudadano en materia de justicia.
En el caso de salud, es irónico hablar de integración de ambos sistemas cuando el presupuesto del 2008 es independiente para cada uno de ellos. ¿Cómo piensan concatenar los acuerdos de la mesa del diálogo con el presupuesto existente?
El PRODEC, que se nutre de los fondos del Canal, cuya ejecución no alcanza un 30%. No hay tanta gente para ponerlo en marcha y en muchas ocasiones los papeles se quedan empantanados en la burocracia institucional. Este año alcanza los 100 millones de dólares. Pero, nuevamente, no se destina un monto especial para la modernización de la administración gubernamental.
Es claro que estamos en tiempos pre electorales y el Gobierno podría interesarse en efectuar obras concretas y evitar cambios de transformación anti populares que rebasen el 2009. Situación que los motiva a incluir en inversión social obras tangentes que, a pesar de ser necesarias, puedan capitalizarse en votos; carreteras, pasos vehiculares, rehabilitación de avenidas, el saneamiento de la bahía, la cinta costera, etc. La política económica está incluida en estos cambios. Nivelar las distorsiones de los productos de la canasta básica y ampliada, buscar alianzas con otros países para abaratar los precios del combustible, aumentar la oferta de generación hidráulica e importar energía de otros países, abarataría el costo de la energía eléctrica, son algunos esfuerzos que se multiplicarían en el efecto de la economía. Se hace necesaria una encuesta de los niveles de pobreza para evaluar las políticas gubernamentales, pues contamos con cifras del 2003.
En resumen, para el próximo año el presupuesto asciende a 8,321 millones de dólares con un déficit no mayor al 1% del Producto Interno Bruto. Es decir, si el año pasado el gobierno supuestamente destinó mil millones de dólares en inversión social, ahora contará con un 18% más para gastar o invertir. No pierda de vista que lo trascendental del tema es cuánto se ejecuta del presupuesto de inversión, y con qué eficiencia y eficacia. La experiencia no califica muy bien este aspecto.
Según la página web de la Contraloría General de la República, la ejecución presupuestaria del gobierno central, a junio del corriente, está un 20% debajo de lo que se tenía planeado. En lo referente a gastos de inversión la cifra se reduce a casi 60%. Es decir, gran parte de los proyectos contemplados están en mora. Este es un dato fundamental cuando evaluamos calidad de vida. Primero, porque los proyectos prometidos están atrasados, seguido de que éstos trabajos impacten en la reducción de la pobreza, y tercero, porque no existe una verdadera coordinación institucional que evite duplicidad de desembolsos.
¿Por qué? Digamos que el MOP hace una carretera, pero, al poco tiempo el IDAAN hace un hueco para instalar una tubería. Aquí empiezan los gastos injustificados a causa de la descoordinación institucional. En Educación, por ejemplo, a pesar de contar con dinero, escaseaban empresas que ejecutaran los proyectos y algunas hasta faltaron a la calidad prometida.
La transformación del sistema es imprescindible para enrumbar la educación con calidad a través de su modernización y capacitación del elemento humano; no obstante, para esta asignatura no hay nuevos fondos. Persiste el concepto que tener un alto presupuesto educativo es sinónimo de calidad, sin embargo, ésta deja mucho que desear. Lo que designamos como egreso educativo se transforma en un gasto sin resultados contundentes.
En el campo de capacitación es justo aplaudir los B/. 81 millones destinados para el INADEH. Esta entidad centra sus esfuerzos en carreras cortas que suplen una escasez anunciada. Pero, en educación formal no hay cambios básicos.
El sistema procesal penal conlleva un cambio en la administración judicial que requiere, para su óptimo funcionamiento, un esfuerzo extra en materia económica. Ni el Ministerio Público, ni la Corte Suprema de Justicia contemplan un estimado para este propósito. ¿Cómo se dará marcha a esta iniciativa? De mostrar tropiezos en su implementación, alimentará aún más la frustración del ciudadano en materia de justicia.
En el caso de salud, es irónico hablar de integración de ambos sistemas cuando el presupuesto del 2008 es independiente para cada uno de ellos. ¿Cómo piensan concatenar los acuerdos de la mesa del diálogo con el presupuesto existente?
El PRODEC, que se nutre de los fondos del Canal, cuya ejecución no alcanza un 30%. No hay tanta gente para ponerlo en marcha y en muchas ocasiones los papeles se quedan empantanados en la burocracia institucional. Este año alcanza los 100 millones de dólares. Pero, nuevamente, no se destina un monto especial para la modernización de la administración gubernamental.
Es claro que estamos en tiempos pre electorales y el Gobierno podría interesarse en efectuar obras concretas y evitar cambios de transformación anti populares que rebasen el 2009. Situación que los motiva a incluir en inversión social obras tangentes que, a pesar de ser necesarias, puedan capitalizarse en votos; carreteras, pasos vehiculares, rehabilitación de avenidas, el saneamiento de la bahía, la cinta costera, etc. La política económica está incluida en estos cambios. Nivelar las distorsiones de los productos de la canasta básica y ampliada, buscar alianzas con otros países para abaratar los precios del combustible, aumentar la oferta de generación hidráulica e importar energía de otros países, abarataría el costo de la energía eléctrica, son algunos esfuerzos que se multiplicarían en el efecto de la economía. Se hace necesaria una encuesta de los niveles de pobreza para evaluar las políticas gubernamentales, pues contamos con cifras del 2003.
