El secretismo de los estudios del Canal
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS me he referido muchas veces al tema que se ha dado en llamar "la ampliación del Canal de Panamá", y que en nuestra Constitución Política se trata con referencia a la construcción de un "tercer juego de esclusas" (Art. 325 Constitución Nacional). Nuestros lectores podrán recordar que el objetivo que hemos perseguido ha sido el de contribuir a la convivencia armónica en el país, abogando por condiciones positivas más acordes en los asuntos del Canal.
Creo que la sociedad panameña está inclinada lógicamente hacia la transparencia, pero, sin duda, sufrió un serio revés con la información aparecida recientemente en la prensa local, en que se dio a conocer que "A pesar que los estudios de modernización del Canal están listos, las fechas que inicialmente se dieron para hacerlos públicos no se han cumplido. Los panameños merecen que ya se conozcan las opciones que recomiendan los estudios, el costo que tendrá cada una de ellas y las formas que se podrá financiar la gigantesca obra. Las consultas son claves para convocar el próximo año al referendo que exige la Constitución Nacional reformada el año pasado." (La Estrella de Panamá, martes 26 de julio de 2005).
Los señalamientos hechos por la ONG "Transparencia Internacional" cobran nueva validez en la presente coyuntura al proclamar que "en la medida que la información se "restringe", aumentan los actos de corrupción, el endeudamiento irresponsable y los abusos del poder. Por ello se hace necesario que la información que manejan los funcionarios sea de carácter público, al igual que los actos de las autoridades. Un gobierno -concluye- que no tiene nada que esconder, es un gobierno responsable, honesto y democrático".
En mi concepto todo lo que impide a los ciudadanos estar informados contraría las aspiraciones de compartir, de vivir colectivamente las finalidades y las preocupaciones acerca de cómo alcanzar esas finalidades, de estar preparados para enfrentar las dificultades.
Al introducir la necesidad del referéndum para decidir sobre una eventual ampliación del Canal se otorgó rango constitucional a la aspiración de los panameños de saber de qué se trata, pues es evidente que nadie puede decidir responsablemente sobre nada si no conoce los antecedentes y las consecuencias. De ahí que no pueda ser calificado de inoportuno el interés que ya expresa la ciudadanía por conocer qué dicen los estudios que han durado tantos años y que han costado tanto dinero. A mi juicio, ese interés, que es de por sí mismo justificado, se acrecienta en estos momentos en que la sociedad panameña está tan inquieta por la cadena de casos de corrupción.
La sociedad panameña no desea que le oculten la realidad. La sociedad panameña reclama, con carácter de derechos adquiridos, que se le informe amplia y oportunamente. La sociedad panameña no desea ver convertidos los asuntos del Canal en asuntos en los que grupos o sectores minoritarios cedan a la tentación de actuar furtivamente, bajo el velo del secretismo, del ocultamiento, de la componenda, la tracalería y la desinformación.
La necesidad de la transparencia, y por tanto la prohibición del hermetismo en el manejo de la cosa pública, es un principio ya incluido en todo concepto de buen gobierno. En Panamá existe una Ley de Transparencia que apunta en ese sentido. Hay fundamento para creer que la promoción y la legislación en torno al principio de transparencia contribuirán grandemente a la depuración de los servicios públicos y a la dignificación del país.
El ciudadano panameño tiene aspiraciones ciertas de alcanzar determinadas cualidades entre las cuales podemos citar, sin temor a equivocarnos, la de ser apto para compartir con los otros panameños, las preocupaciones, las inquietudes nacionales. Pienso que, se trata de una aspiración de vivir con calidad, con sinceridad, con verdad, la vida republicana. Pienso asimismo que esa aspiración es tan fuerte y tan auténtica que la nación está ya alerta para actuar contra quienes prefieren actuar bajo la careta del disimulo, contra quienes no están acostumbrados o han perdido la costumbre de actuar a la luz del día, contra quienes están tan preocupados y obsesionados por los propios intereses que no tienen la más mínima vocación de actuar en beneficio del interés general.
Toda práctica de gobierno que frecuente el secretismo, que se aleje de los mecanismos que permiten a los ciudadanos estar informados, es una manera segura de contrariar las aspiraciones democráticas. La democratización de la nación panameña apunta a la urgencia de que todos trabajemos, a la luz del día, por mejorar los procedimientos sin esconder ni disimular nada, teniendo en cuenta que toda mentira, aunque sea por omisión tiene la repudiable posibilidad de negarle un futuro superior a la gente porque le están ocultando o robando la verdad. La realidad pública debe ser conocida y asumida por todos. Sin la adecuada publicidad no puede haber vida republicana. La opción entre hermetismo o transparencia es igualmente una opción entre noche y día, entre oscuridad y claridad, entre verdad y engaño.
A medida que se ha agudizado la conciencia de que vivir en una república y en democracia conlleva derechos y deberes, la ciudadanía censura las conductas que tienden a convertir en privado lo que es público. En otras palabras, tenemos cada vez más una concepción de la cosa pública como una realidad que hay que respetar y preservar. No apreciamos que el tratamiento de los asuntos públicos se haga como si fueran privados. Nos afirmamos cada día más en la idea de que gobernar exige la transparencia en los actos de gobierno y, por tanto, supone la negación de las prácticas del secretismo, del hermetismo, del ocultamiento, del favoritismo y la desinformación.
Creo que la sociedad panameña está inclinada lógicamente hacia la transparencia, pero, sin duda, sufrió un serio revés con la información aparecida recientemente en la prensa local, en que se dio a conocer que "A pesar que los estudios de modernización del Canal están listos, las fechas que inicialmente se dieron para hacerlos públicos no se han cumplido. Los panameños merecen que ya se conozcan las opciones que recomiendan los estudios, el costo que tendrá cada una de ellas y las formas que se podrá financiar la gigantesca obra. Las consultas son claves para convocar el próximo año al referendo que exige la Constitución Nacional reformada el año pasado." (La Estrella de Panamá, martes 26 de julio de 2005).
Los señalamientos hechos por la ONG "Transparencia Internacional" cobran nueva validez en la presente coyuntura al proclamar que "en la medida que la información se "restringe", aumentan los actos de corrupción, el endeudamiento irresponsable y los abusos del poder. Por ello se hace necesario que la información que manejan los funcionarios sea de carácter público, al igual que los actos de las autoridades. Un gobierno -concluye- que no tiene nada que esconder, es un gobierno responsable, honesto y democrático".
En mi concepto todo lo que impide a los ciudadanos estar informados contraría las aspiraciones de compartir, de vivir colectivamente las finalidades y las preocupaciones acerca de cómo alcanzar esas finalidades, de estar preparados para enfrentar las dificultades.
Al introducir la necesidad del referéndum para decidir sobre una eventual ampliación del Canal se otorgó rango constitucional a la aspiración de los panameños de saber de qué se trata, pues es evidente que nadie puede decidir responsablemente sobre nada si no conoce los antecedentes y las consecuencias. De ahí que no pueda ser calificado de inoportuno el interés que ya expresa la ciudadanía por conocer qué dicen los estudios que han durado tantos años y que han costado tanto dinero. A mi juicio, ese interés, que es de por sí mismo justificado, se acrecienta en estos momentos en que la sociedad panameña está tan inquieta por la cadena de casos de corrupción.
La sociedad panameña no desea que le oculten la realidad. La sociedad panameña reclama, con carácter de derechos adquiridos, que se le informe amplia y oportunamente. La sociedad panameña no desea ver convertidos los asuntos del Canal en asuntos en los que grupos o sectores minoritarios cedan a la tentación de actuar furtivamente, bajo el velo del secretismo, del ocultamiento, de la componenda, la tracalería y la desinformación.
La necesidad de la transparencia, y por tanto la prohibición del hermetismo en el manejo de la cosa pública, es un principio ya incluido en todo concepto de buen gobierno. En Panamá existe una Ley de Transparencia que apunta en ese sentido. Hay fundamento para creer que la promoción y la legislación en torno al principio de transparencia contribuirán grandemente a la depuración de los servicios públicos y a la dignificación del país.
El ciudadano panameño tiene aspiraciones ciertas de alcanzar determinadas cualidades entre las cuales podemos citar, sin temor a equivocarnos, la de ser apto para compartir con los otros panameños, las preocupaciones, las inquietudes nacionales. Pienso que, se trata de una aspiración de vivir con calidad, con sinceridad, con verdad, la vida republicana. Pienso asimismo que esa aspiración es tan fuerte y tan auténtica que la nación está ya alerta para actuar contra quienes prefieren actuar bajo la careta del disimulo, contra quienes no están acostumbrados o han perdido la costumbre de actuar a la luz del día, contra quienes están tan preocupados y obsesionados por los propios intereses que no tienen la más mínima vocación de actuar en beneficio del interés general.
Toda práctica de gobierno que frecuente el secretismo, que se aleje de los mecanismos que permiten a los ciudadanos estar informados, es una manera segura de contrariar las aspiraciones democráticas. La democratización de la nación panameña apunta a la urgencia de que todos trabajemos, a la luz del día, por mejorar los procedimientos sin esconder ni disimular nada, teniendo en cuenta que toda mentira, aunque sea por omisión tiene la repudiable posibilidad de negarle un futuro superior a la gente porque le están ocultando o robando la verdad. La realidad pública debe ser conocida y asumida por todos. Sin la adecuada publicidad no puede haber vida republicana. La opción entre hermetismo o transparencia es igualmente una opción entre noche y día, entre oscuridad y claridad, entre verdad y engaño.
A medida que se ha agudizado la conciencia de que vivir en una república y en democracia conlleva derechos y deberes, la ciudadanía censura las conductas que tienden a convertir en privado lo que es público. En otras palabras, tenemos cada vez más una concepción de la cosa pública como una realidad que hay que respetar y preservar. No apreciamos que el tratamiento de los asuntos públicos se haga como si fueran privados. Nos afirmamos cada día más en la idea de que gobernar exige la transparencia en los actos de gobierno y, por tanto, supone la negación de las prácticas del secretismo, del hermetismo, del ocultamiento, del favoritismo y la desinformación.
