El sector privado del transporte público
La tragedia del bus que se incendió ha puesto al país nuevamente a analizar el mal estado de nuestro sistema de transporte público; pero como siempre, en un par de semanas, nos olvidaremos del debate y seguiremos con nuestras vidas aceptando como irreconciliable la relación entre el transporte público y la seguridad ciudadana.
Tomemos en cuenta que son en momentos como éstos cuando dejamos de escuchar a los sindicatos de transportistas. Ellos se harán escuchar cuando quieran aumentar el peaje, pero por ahora guardan silencio rezando que el tema de la hora no pase a más. Por su parte, supongo el Gobierno seguirá condenando las acciones del conductor y del dueño del vehículo, o culpará a aquellos funcionarios que menos ganan y que menos tienen que ver con el problema; pero, al fin y al cabo, eso no resuelve nada, pues no estamos frente a un problema aislado con este accidente, sino ante uno generalizado del servicio. Tampoco estamos frente a un problema que ha nacido con el Gobierno de turno, sino frente a uno que tenemos desde hace varias décadas y que nuestros mandatarios no han sabido resolver, por más que han propuesto cómo hacerlo.
El dilema está en que no hay gobierno que se atreva a desafiar a este grupo, casi como si estuvieran enfrentándose a un grupo radical extremista islámico. Y es que el día en que los transportistas quieren algo, van a presionar al Gobierno, ya sea que quieran aprobar para ellos una exoneración en la gasolina o hacer a la Asamblea Nacional desistir del proyecto de ley para mejorar la calidad del transporte. Si la presión directa no funciona, entonces cierran calles o suspenden el servicio, afectando a los usuarios que no llegan a su trabajo a tiempo, o simplemente no llegan; lo que ocasiona pérdidas al sector privado y a los particulares. Y cuando la situación llega a esto, el Gobierno accede a las demandas del sector transporte, y volvemos a lo mismo.
Me interesa ver como harán estos señores para evitar afectarse por la famosa Licencia de Conducir 2007 que se supone habilitará al oficial de tránsito en la calle para darse cuenta en un santiamén que el conductor tiene 92 infracciones y así poder ordenarle detener el bus, bueno, esto si por mera casualidad de la vida ese conductor tiene en efecto una licencia de conducir vigente.
El asunto es que el Gobierno, actual y todos los anteriores, simplemente no puede contra este enemigo porque no controla el sector transporte. En aquellos países dónde el transporte público lo opera el Estado o una gran empresa privada bajo una concesión monopólica del Estado no se tienen estos problemas, porque la empresa tiene que responder civil y penalmente por la calidad de sus vehículos y la aptitud de sus conductores, lo cual en gran medida garantiza un servicio seguro.
Se le llama transporte público, y creo yo que, como un servicio público, el Gobierno tiene la obligación con el ciudadano -y con la empresa privada cuyos empleados dependen de ese servicio para cumplir con sus labores- de garantizarles un servicio adecuado.
El Gobierno debe buscar la manera de tomar control de un servicio público que está siendo pésimamente manejado por un sector privado que actúa como un cartel o pseudo-monopolio no autorizado. No con esto digo que robe la propiedad privada como hacen los gobiernos de inclinación socialista del hemisferio, sino que deje ya tanta planificación y sueños de tren ligero o articulados, y salga a competir con el sector privado, que se compren buenos buses y empiece a operarlos con conductores calificados y responsables que sepan que sus acciones tienen consecuencias, y que impongan un nuevo estandarte en el servicio, ofreciendo el mismo precio que los demás, y veremos que con el tiempo el panameño va a preferir estos buses. Con las ganancias, el Gobierno podrá comprar más buses hasta que eventualmente se tenga en este sector un sistema verdaderamente capitalista, donde la preferencia del consumidor hace que desaparezcan los competidores que no ofrecen el mejor servicio.
Para lograr esto, la ACP obtuvo la renombrada certificación ISO para operaciones marítimas, capacitación y desarrollo.
Además, redujo el tiempo en aguas del Canal de 32.9 horas en el año fiscal 1999 a 26.7 horas en el año fiscal 2004 y disminuyó el número de accidentes, de 28 en el año fiscal 1999 a 10 accidentes en el 2004, imponiendo un récord de seguridad en el 2004.
Tomemos en cuenta que son en momentos como éstos cuando dejamos de escuchar a los sindicatos de transportistas. Ellos se harán escuchar cuando quieran aumentar el peaje, pero por ahora guardan silencio rezando que el tema de la hora no pase a más. Por su parte, supongo el Gobierno seguirá condenando las acciones del conductor y del dueño del vehículo, o culpará a aquellos funcionarios que menos ganan y que menos tienen que ver con el problema; pero, al fin y al cabo, eso no resuelve nada, pues no estamos frente a un problema aislado con este accidente, sino ante uno generalizado del servicio. Tampoco estamos frente a un problema que ha nacido con el Gobierno de turno, sino frente a uno que tenemos desde hace varias décadas y que nuestros mandatarios no han sabido resolver, por más que han propuesto cómo hacerlo.
El dilema está en que no hay gobierno que se atreva a desafiar a este grupo, casi como si estuvieran enfrentándose a un grupo radical extremista islámico. Y es que el día en que los transportistas quieren algo, van a presionar al Gobierno, ya sea que quieran aprobar para ellos una exoneración en la gasolina o hacer a la Asamblea Nacional desistir del proyecto de ley para mejorar la calidad del transporte. Si la presión directa no funciona, entonces cierran calles o suspenden el servicio, afectando a los usuarios que no llegan a su trabajo a tiempo, o simplemente no llegan; lo que ocasiona pérdidas al sector privado y a los particulares. Y cuando la situación llega a esto, el Gobierno accede a las demandas del sector transporte, y volvemos a lo mismo.
Me interesa ver como harán estos señores para evitar afectarse por la famosa Licencia de Conducir 2007 que se supone habilitará al oficial de tránsito en la calle para darse cuenta en un santiamén que el conductor tiene 92 infracciones y así poder ordenarle detener el bus, bueno, esto si por mera casualidad de la vida ese conductor tiene en efecto una licencia de conducir vigente.
El asunto es que el Gobierno, actual y todos los anteriores, simplemente no puede contra este enemigo porque no controla el sector transporte. En aquellos países dónde el transporte público lo opera el Estado o una gran empresa privada bajo una concesión monopólica del Estado no se tienen estos problemas, porque la empresa tiene que responder civil y penalmente por la calidad de sus vehículos y la aptitud de sus conductores, lo cual en gran medida garantiza un servicio seguro.
Se le llama transporte público, y creo yo que, como un servicio público, el Gobierno tiene la obligación con el ciudadano -y con la empresa privada cuyos empleados dependen de ese servicio para cumplir con sus labores- de garantizarles un servicio adecuado.
El Gobierno debe buscar la manera de tomar control de un servicio público que está siendo pésimamente manejado por un sector privado que actúa como un cartel o pseudo-monopolio no autorizado. No con esto digo que robe la propiedad privada como hacen los gobiernos de inclinación socialista del hemisferio, sino que deje ya tanta planificación y sueños de tren ligero o articulados, y salga a competir con el sector privado, que se compren buenos buses y empiece a operarlos con conductores calificados y responsables que sepan que sus acciones tienen consecuencias, y que impongan un nuevo estandarte en el servicio, ofreciendo el mismo precio que los demás, y veremos que con el tiempo el panameño va a preferir estos buses. Con las ganancias, el Gobierno podrá comprar más buses hasta que eventualmente se tenga en este sector un sistema verdaderamente capitalista, donde la preferencia del consumidor hace que desaparezcan los competidores que no ofrecen el mejor servicio.
Para lograr esto, la ACP obtuvo la renombrada certificación ISO para operaciones marítimas, capacitación y desarrollo.
Además, redujo el tiempo en aguas del Canal de 32.9 horas en el año fiscal 1999 a 26.7 horas en el año fiscal 2004 y disminuyó el número de accidentes, de 28 en el año fiscal 1999 a 10 accidentes en el 2004, imponiendo un récord de seguridad en el 2004.
