El Seguro Social: Los problemas y las soluciones
En torno al Seguro Social hay abierto un debate nacional que puede tomar giros peligrosos si con tiempo y oportunamente, no se definen los parámetros de los cuales debe desarrollarse. Ello, porque a las partes interesadas no las animan los mismos objetivos. Algunas, quisieran retomar los intentos de privatización que patrocinaba el gobierno anterior y otras, aunque opuestas a esa alternativa, parecieran confundir los papeles que están supuestas a protagonizar.
En el tema del Seguro Social, yo distingo tres órdenes de problemas que son los siguientes: 1) el que hace a la esencia de la institución 2) el relacionado con los servicios de salud y 3) la situación financiera del mediano y largo plazo. Cada uno requiere de un enfoque y tratamiento diferente.
En lo que hace a la esencia de la institución, el Seguro Social, creado por el doctor Arnulfo Arias al inicio de los años cuarentas, nació para cumplir una misión solidaria que, en términos simples, consiste en garantizar prestaciones y servicios básicamente iguales, salvo en las pensiones, para todos los participantes, gracias al financiamiento de sus actividades mediante contribuciones desiguales, pues quienes reciben las remuneraciones más altas aportan más, proporcionalmente.
el sistema solidario fuera reemplazado por otro de corte individualista, entonces los sectores que reciben los ingresos menores no podrían acceder a los niveles de prestaciones y servicios que ahora les brinda la Caja de Seguro Social.
En forma optimista pienso que este no es un problema inmediato, pues la tendencia individualista es muy minoritaria y la inmensa mayoría del país y, especialmente, los que recibimos ingresos más altos somos partidarios de preservar la naturaleza solidaria de la institución.
El segundo, que sí es un problema inmediato, es el que se refiere a la prestación de los servicios de salud, que comprenden las consultas médicas, laboratorios, hospitalización o el suministro de medicamentos. En este campo es donde existen las mayores insatisfacciones, pues nadie ignora que esos servicios están muy lejos de ser eficientes.
La competencia primaria y exclusiva para resolver este segundo orden de problemas, la tienen los administradores de la institución, o sea, su Junta Directiva y la Dirección General. Sin embargo, para el común de los asegurados, en este aspecto no ha habido avances dignos de registrar, a pesar de que la institución cuenta, como está demostrado, con los recursos para enfrentarlos y los márgenes de autonomía suficientes.
En tercer lugar, está el problema financiero de mediano y largo plazo, principalmente radicado en el Programa de Pensiones. Aunque en la actualidad la Caja tiene los recursos para atender todos los compromisos del programa, hay el riesgo de una eventual crisis de liquidez que podría producirse en diez o quince años si no se toman medidas para evitar que las sumas destinadas al pago de las pensiones sean mayores que los rendimientos de las inversiones de las reservas. Este no es un problema actualmente crítico, pero que tiene que abordarse ahora para definir y aplicar los correctivos necesarios.
La solución del problema financiero de mediano y largo plazo, como es obvio, no es un asunto de la competencia de la Junta Directiva ni de la Dirección General de la Caja. Para enfrentarlo se requerirá de un acuerdo nacional, al que concurran las fuerzas políticas, de gobierno y de oposición, y los sectores empresariales y laborales. En otras, palabras, se requerirá de un acuerdo político, en el buen sentido de la palabra.
Si el problema financiero de la Caja de Seguro Social es un tema de Estado que debe abordarse desde una perspectiva nacional, el Gobierno no ha cometido ninguna falta al manifestar al Fondo Monetario Internacional que se creará una instancia de diálogo, en forma de una Comisión de Alto Nivel para que estudie y proponga las soluciones; y mucho menos puede considerarse la administración de la Caja ofendida porque no se la consultó para hacer ese compromiso.
El compromiso de estudiar y buscar las soluciones al problema financiero de la Caja, mediante el mecanismo de una Comisión Ad-hoc es sólo eso. Buscarle otras connotaciones o segundas intenciones está absolutamente fuera de toda proporción.
En el tema del Seguro Social, yo distingo tres órdenes de problemas que son los siguientes: 1) el que hace a la esencia de la institución 2) el relacionado con los servicios de salud y 3) la situación financiera del mediano y largo plazo. Cada uno requiere de un enfoque y tratamiento diferente.
En lo que hace a la esencia de la institución, el Seguro Social, creado por el doctor Arnulfo Arias al inicio de los años cuarentas, nació para cumplir una misión solidaria que, en términos simples, consiste en garantizar prestaciones y servicios básicamente iguales, salvo en las pensiones, para todos los participantes, gracias al financiamiento de sus actividades mediante contribuciones desiguales, pues quienes reciben las remuneraciones más altas aportan más, proporcionalmente.
el sistema solidario fuera reemplazado por otro de corte individualista, entonces los sectores que reciben los ingresos menores no podrían acceder a los niveles de prestaciones y servicios que ahora les brinda la Caja de Seguro Social.
En forma optimista pienso que este no es un problema inmediato, pues la tendencia individualista es muy minoritaria y la inmensa mayoría del país y, especialmente, los que recibimos ingresos más altos somos partidarios de preservar la naturaleza solidaria de la institución.
El segundo, que sí es un problema inmediato, es el que se refiere a la prestación de los servicios de salud, que comprenden las consultas médicas, laboratorios, hospitalización o el suministro de medicamentos. En este campo es donde existen las mayores insatisfacciones, pues nadie ignora que esos servicios están muy lejos de ser eficientes.
La competencia primaria y exclusiva para resolver este segundo orden de problemas, la tienen los administradores de la institución, o sea, su Junta Directiva y la Dirección General. Sin embargo, para el común de los asegurados, en este aspecto no ha habido avances dignos de registrar, a pesar de que la institución cuenta, como está demostrado, con los recursos para enfrentarlos y los márgenes de autonomía suficientes.
En tercer lugar, está el problema financiero de mediano y largo plazo, principalmente radicado en el Programa de Pensiones. Aunque en la actualidad la Caja tiene los recursos para atender todos los compromisos del programa, hay el riesgo de una eventual crisis de liquidez que podría producirse en diez o quince años si no se toman medidas para evitar que las sumas destinadas al pago de las pensiones sean mayores que los rendimientos de las inversiones de las reservas. Este no es un problema actualmente crítico, pero que tiene que abordarse ahora para definir y aplicar los correctivos necesarios.
La solución del problema financiero de mediano y largo plazo, como es obvio, no es un asunto de la competencia de la Junta Directiva ni de la Dirección General de la Caja. Para enfrentarlo se requerirá de un acuerdo nacional, al que concurran las fuerzas políticas, de gobierno y de oposición, y los sectores empresariales y laborales. En otras, palabras, se requerirá de un acuerdo político, en el buen sentido de la palabra.
Si el problema financiero de la Caja de Seguro Social es un tema de Estado que debe abordarse desde una perspectiva nacional, el Gobierno no ha cometido ninguna falta al manifestar al Fondo Monetario Internacional que se creará una instancia de diálogo, en forma de una Comisión de Alto Nivel para que estudie y proponga las soluciones; y mucho menos puede considerarse la administración de la Caja ofendida porque no se la consultó para hacer ese compromiso.
El compromiso de estudiar y buscar las soluciones al problema financiero de la Caja, mediante el mecanismo de una Comisión Ad-hoc es sólo eso. Buscarle otras connotaciones o segundas intenciones está absolutamente fuera de toda proporción.
