El Seguro Social y el Estado de Derecho
Así como Noriega no era Panamá ni todos los que lo adversaron pretendían dañar al país, el Profesor Juan Jované no es el Seguro Social ni todos los que lo adversan pretenden dañar a la institución. Si los panameños pretendemos construir un país próspero y desarrollado tenemos que hacerlo con base en instituciones y no en individuos. Es impensable un Estado moderno donde la viabilidad de sus instituciones dependa de personas específicas. La institucionalidad se construye con base en principios, normas y conductas que, sostenidas en el tiempo, brindan pilares sólidos a las sociedades que sirven. Eso es lo que se conoce como Estado de Derecho.
Así como no se puede confundir a un Director en particular con la Caja de Seguro Social, no se puede confundir la Caja de Seguro Social con el sistema de seguridad social que establece la Constitución Política.
Ahora bien, existe un mandato constitucional, existe una Caja de Seguro Social, existe una Junta Directiva y existe una Dirección que administra dicha institución supeditada a la Ley y los dictámenes de su Junta Directiva. Este ordenamiento jurídico y administrativo es lo que da forma a la institucionalidad del sistema de seguridad social y sólo funcionando en el marco de dicha institucionalidad se fortalecerá un sistema de seguridad social que beneficie a los panameños.
Los panameños y panameñas podemos ser cotizantes o no cotizantes, asegurados o no asegurados, seguidores del actual gobierno u opositores al mismo, pero no podemos sustraernos al impacto que causaría la quiebra de la Caja de Seguro Social o de su Programa de Invalidez, Vejez y Muerte. Cuando el presupuesto operativo de una institución equivale a más del diez por ciento del Producto Interno Bruto de un país y cuando sus programas son utilizados de una u otra manera por dos tercios de la población de esa nación, ningún ciudadano u organización puede respaldar la irresponsabilidad de permitir que dicha institución sea mal administrada o peor aún llevada a la quiebra sólo por temor al "costo político" o por el prurito de poder decir posteriormente "se los advertí".
La Junta Directiva tomó una decisión dentro de sus facultades; el Órgano Ejecutivo actuó dentro de las suyas; el Profesor Jované y sus seguidores se sienten afectados; los afectados han interpuesto recursos legales y anunciado otros nuevos; hay un Director Encargado y, si se cumplen los anuncios, hoy habrá un proyecto de presupuesto balanceado y cumplidor de las obligaciones de la Caja con sus asegurados.
Las excusas y acusaciones del Profesor Jované pueden ser creíbles para un pueblo que desconfía de sus gobernantes y desconoce la verdadera situación financiera y administrativa de la Caja, y sectores interesados pueden buscar beneficios políticos del malestar causado por su separación y eventual destitución, pero sólo actuando dentro de la Ley y empinándonos por encima de los cálculos electorales y la conservación de prebendas y puestos, podremos salvar el sistema de seguridad social y construir instituciones sólidas dentro de un Estado de Derecho.
Así como no se puede confundir a un Director en particular con la Caja de Seguro Social, no se puede confundir la Caja de Seguro Social con el sistema de seguridad social que establece la Constitución Política.
Ahora bien, existe un mandato constitucional, existe una Caja de Seguro Social, existe una Junta Directiva y existe una Dirección que administra dicha institución supeditada a la Ley y los dictámenes de su Junta Directiva. Este ordenamiento jurídico y administrativo es lo que da forma a la institucionalidad del sistema de seguridad social y sólo funcionando en el marco de dicha institucionalidad se fortalecerá un sistema de seguridad social que beneficie a los panameños.
Los panameños y panameñas podemos ser cotizantes o no cotizantes, asegurados o no asegurados, seguidores del actual gobierno u opositores al mismo, pero no podemos sustraernos al impacto que causaría la quiebra de la Caja de Seguro Social o de su Programa de Invalidez, Vejez y Muerte. Cuando el presupuesto operativo de una institución equivale a más del diez por ciento del Producto Interno Bruto de un país y cuando sus programas son utilizados de una u otra manera por dos tercios de la población de esa nación, ningún ciudadano u organización puede respaldar la irresponsabilidad de permitir que dicha institución sea mal administrada o peor aún llevada a la quiebra sólo por temor al "costo político" o por el prurito de poder decir posteriormente "se los advertí".
La Junta Directiva tomó una decisión dentro de sus facultades; el Órgano Ejecutivo actuó dentro de las suyas; el Profesor Jované y sus seguidores se sienten afectados; los afectados han interpuesto recursos legales y anunciado otros nuevos; hay un Director Encargado y, si se cumplen los anuncios, hoy habrá un proyecto de presupuesto balanceado y cumplidor de las obligaciones de la Caja con sus asegurados.
Las excusas y acusaciones del Profesor Jované pueden ser creíbles para un pueblo que desconfía de sus gobernantes y desconoce la verdadera situación financiera y administrativa de la Caja, y sectores interesados pueden buscar beneficios políticos del malestar causado por su separación y eventual destitución, pero sólo actuando dentro de la Ley y empinándonos por encima de los cálculos electorales y la conservación de prebendas y puestos, podremos salvar el sistema de seguridad social y construir instituciones sólidas dentro de un Estado de Derecho.
