El Seguro Social y los sindicatos
LAS INEVITABLES reformas al sistema panameño de seguridad social, hilvanadas por el Gobierno, han producido una serie de amenazas, veladas y abiertas, de los jefes de sindicatos. Opuestos a todo intento de solución, esgrimen, como un mazo, la violencia callejera como vía alterna de dirimir este tema. La culpa recae, según ellos, en la empresa privada y sus corruptelas, que evaden el pago de la cuota obreropatronal, con el fin de privatizar las pensiones y lucrar de ello.
Ese primitivo análisis, repetido hasta el cansancio por las cúpulas sindicalistas, requiere algunas reflexiones.
Entre sindicatos y empresas existen diferencias fundamentales. Inscribir legalmente un negocio y adquirir personería jurídica y razón social cuesta dinero. Es el primer paso a la independencia económica que da un emprendedor. Los gastos notariales, de licencia comercial y trámites legales superan con facilidad el primer millar de balboas y genera, de manera inmediata, una fuerte carga impositiva. Por lo contrario, inscribir un sindicato ante el Ministerio de Trabajo ocupa una declaración común redactada en papel simple; además, el sindicato puede usar la personería jurídica con fines de lucro y jamás pagan impuestos.
La productividad laboral tiene une relación directa con el tiempo trabajado. Un vistazo al calendario oficial nos revela que tenemos once días feriados en el año. Entre ellos, cuatro relacionadas con la Independencia, sin incluir algunos municipios y provincias que celebran fastos particulares. Adicionalmente, el Código laboral estipula la disponibilidad de 18 días por concepto de enfermedad. Las cargas sociales equivalen a un mes de vacaciones y otro mes adicional en concepto de aguinaldo. Resumiendo, las leyes laborales permiten que el empleado trabaje alrededor de diez meses y que el empleador pague 13.
La larga mano del Estado estrangula a las empresas, ya que les restringe la facultad de administrar los negocios al introducir el término llamado estabilidad laboral. Después de dos años, el trabajador legalmente la adquiere. Este extraño vocablo no tiene relación con destrezas, habilidades y conocimientos y se utliliza como un dilatado período de prueba. La facultad de reorganizar, despedir personal y agilizar un negocio queda en manos de los tribunales de trabajo que avalan una tabla creciente de sobrecostos destinada a desalentar al empleador de terminar la relación laboral. Ésta, por su parte, puede ser finiquitada por el empleado, mediante renuncia, en cualquier momento y sin consecuencia alguna. La productividad es penalizada con una serie de recargos a los sobretiempos, jornadas diurnas, mixtas, nocturnas y en continuación, que de hecho liquida toda actividad extraordinaria. Las cifras que maneja Ampyme demuestran que al final del primer año de vida, el 95% de los negocios están liquidados, y que al término de cinco años la mortalidad empresarial sube al 99%.
El derecho de asociación es reconocido por la mayoría de las legislaciones y es parte fundamental de la declaración de derechos humanos. El arma más temible de los gremios es la huelga. Ésta, en Panamá, sigue una serie de pasos que excluyen toda posibilidad de arbitraje. Algunas, cuidadosamente planificadas para agotar los plazos de conciliación, coinciden con períodos álgidos de producción o con las elecciones internas de los sindicatos. Los pliegos de peticiones son copias al calco de anteriores conflictos. Tenemos el ejemplo de las grandes huelgas bananeras, planificadas para coincidir con el período de sequía extrema; las huelgas agrícolas, que coinciden con el pico de producción de la zafra y las de la industria de la construcción que coinciden con la etapas crítica de entrega de los proyectos. Si el sindicato pierde la huelga, los obreros pierden sus salarios. Los dirigentes son inamovibles por gozar del fuero sindical. Pase lo que pase no perderán sus empleos, ni enfrentarán demandas civiles ni costos por los daños ocasionados al empleador. Si el dueño pierde la huelga, se le obliga a pagar salarios caídos y costos de abogados. Tiene que seguir honrando las obligaciones financieras, plazos de amortización, cargas sociales y la pérdida de mercados, cosechas, clientes y credibilidad. Generalmente, salen arruinados y el esfuerzo de años de trabajo honrado se ve dilapidado. Al inicio de la huelga, las oficinas de la empresa son clausuradas por el Ministerio y el acceso a ellas se le prohíbe al empresario. Las oficinas del sindicato permanecen abiertas, su batería de asesores legales tienen todas las comodidades para laborar. Ésta es la realidad, gústenos o no.
El sistema de seguridad social de un país es un reflejo de sus relaciones económicas. La crisis del nuestro no es un problema "per se", sino un síntoma de una enfermedad profunda y subyacente. Hasta la fecha, el dilema del Seguro ha sido abordado con el estrecho enfoque financiero de entradas y salidas de efectivo. Hoy, los egresos son mayores que los ingresos. La solución vendrá por la vía del balance del punto de equilibrio y la creación del superávit que permita sostener la carga social. El problema real es el de la creación de riquezas que permita a la población acceder a mejores niveles de vida. Para repartir la riqueza, primero, hay que producirla. Para eso se requiere un marco jurídico formal, mejor educación, ruptura de paradigmas culturales y leyes laborales que incentiven el empleo.
La distorsión laboral genera el subempleo, una dirigencia sindical parasitaria, la evasión impositiva, la economía informal, la sumisión ciudadana al Estado como único empleador viable, las políticas de mal gobierno y la corrupción generalizada que ha transferido una considerable cuota de poder político a los jefes de los grandes sindicatos panameños..
Weber postuló que la creción de riquezas es el producto del entorno cultural de los pueblos. Una vez más las vacas sagradas de las cúpulas sindicales amenazan con cubrir las calles de Panamá con violencia, heridos, destrozos a la propiedad privada, en defensa de lo insostenible. Nadie pagará los platos rotos, excepto el contribuyente, que es la víctima de un Estado cómplice, que no sólo le esquilma sus bolsillos, sino también la esperanza.
Ese primitivo análisis, repetido hasta el cansancio por las cúpulas sindicalistas, requiere algunas reflexiones.
Entre sindicatos y empresas existen diferencias fundamentales. Inscribir legalmente un negocio y adquirir personería jurídica y razón social cuesta dinero. Es el primer paso a la independencia económica que da un emprendedor. Los gastos notariales, de licencia comercial y trámites legales superan con facilidad el primer millar de balboas y genera, de manera inmediata, una fuerte carga impositiva. Por lo contrario, inscribir un sindicato ante el Ministerio de Trabajo ocupa una declaración común redactada en papel simple; además, el sindicato puede usar la personería jurídica con fines de lucro y jamás pagan impuestos.
La productividad laboral tiene une relación directa con el tiempo trabajado. Un vistazo al calendario oficial nos revela que tenemos once días feriados en el año. Entre ellos, cuatro relacionadas con la Independencia, sin incluir algunos municipios y provincias que celebran fastos particulares. Adicionalmente, el Código laboral estipula la disponibilidad de 18 días por concepto de enfermedad. Las cargas sociales equivalen a un mes de vacaciones y otro mes adicional en concepto de aguinaldo. Resumiendo, las leyes laborales permiten que el empleado trabaje alrededor de diez meses y que el empleador pague 13.
La larga mano del Estado estrangula a las empresas, ya que les restringe la facultad de administrar los negocios al introducir el término llamado estabilidad laboral. Después de dos años, el trabajador legalmente la adquiere. Este extraño vocablo no tiene relación con destrezas, habilidades y conocimientos y se utliliza como un dilatado período de prueba. La facultad de reorganizar, despedir personal y agilizar un negocio queda en manos de los tribunales de trabajo que avalan una tabla creciente de sobrecostos destinada a desalentar al empleador de terminar la relación laboral. Ésta, por su parte, puede ser finiquitada por el empleado, mediante renuncia, en cualquier momento y sin consecuencia alguna. La productividad es penalizada con una serie de recargos a los sobretiempos, jornadas diurnas, mixtas, nocturnas y en continuación, que de hecho liquida toda actividad extraordinaria. Las cifras que maneja Ampyme demuestran que al final del primer año de vida, el 95% de los negocios están liquidados, y que al término de cinco años la mortalidad empresarial sube al 99%.
El derecho de asociación es reconocido por la mayoría de las legislaciones y es parte fundamental de la declaración de derechos humanos. El arma más temible de los gremios es la huelga. Ésta, en Panamá, sigue una serie de pasos que excluyen toda posibilidad de arbitraje. Algunas, cuidadosamente planificadas para agotar los plazos de conciliación, coinciden con períodos álgidos de producción o con las elecciones internas de los sindicatos. Los pliegos de peticiones son copias al calco de anteriores conflictos. Tenemos el ejemplo de las grandes huelgas bananeras, planificadas para coincidir con el período de sequía extrema; las huelgas agrícolas, que coinciden con el pico de producción de la zafra y las de la industria de la construcción que coinciden con la etapas crítica de entrega de los proyectos. Si el sindicato pierde la huelga, los obreros pierden sus salarios. Los dirigentes son inamovibles por gozar del fuero sindical. Pase lo que pase no perderán sus empleos, ni enfrentarán demandas civiles ni costos por los daños ocasionados al empleador. Si el dueño pierde la huelga, se le obliga a pagar salarios caídos y costos de abogados. Tiene que seguir honrando las obligaciones financieras, plazos de amortización, cargas sociales y la pérdida de mercados, cosechas, clientes y credibilidad. Generalmente, salen arruinados y el esfuerzo de años de trabajo honrado se ve dilapidado. Al inicio de la huelga, las oficinas de la empresa son clausuradas por el Ministerio y el acceso a ellas se le prohíbe al empresario. Las oficinas del sindicato permanecen abiertas, su batería de asesores legales tienen todas las comodidades para laborar. Ésta es la realidad, gústenos o no.
El sistema de seguridad social de un país es un reflejo de sus relaciones económicas. La crisis del nuestro no es un problema "per se", sino un síntoma de una enfermedad profunda y subyacente. Hasta la fecha, el dilema del Seguro ha sido abordado con el estrecho enfoque financiero de entradas y salidas de efectivo. Hoy, los egresos son mayores que los ingresos. La solución vendrá por la vía del balance del punto de equilibrio y la creación del superávit que permita sostener la carga social. El problema real es el de la creación de riquezas que permita a la población acceder a mejores niveles de vida. Para repartir la riqueza, primero, hay que producirla. Para eso se requiere un marco jurídico formal, mejor educación, ruptura de paradigmas culturales y leyes laborales que incentiven el empleo.
La distorsión laboral genera el subempleo, una dirigencia sindical parasitaria, la evasión impositiva, la economía informal, la sumisión ciudadana al Estado como único empleador viable, las políticas de mal gobierno y la corrupción generalizada que ha transferido una considerable cuota de poder político a los jefes de los grandes sindicatos panameños..
Weber postuló que la creción de riquezas es el producto del entorno cultural de los pueblos. Una vez más las vacas sagradas de las cúpulas sindicales amenazan con cubrir las calles de Panamá con violencia, heridos, destrozos a la propiedad privada, en defensa de lo insostenible. Nadie pagará los platos rotos, excepto el contribuyente, que es la víctima de un Estado cómplice, que no sólo le esquilma sus bolsillos, sino también la esperanza.
