El sicariato legal
En Panamá tenemos leyes que hacen legal el sicariato. Entendiendo como sicariato el asesinato por encargo, hemos aprobado leyes absurdas que le dan "licencia para matar" impunemente a los menores de catorce años. Según nuestras seguramente bien intencionadas leyes, los menores de catorce años no sólo son inimputables sino que ni siquiera se les puede interrogar para saber quién les encargó el asesinato. Tal es la conciencia de su impunidad, que hace unos días vimos en una noticia en televisión a un asesino de doce años que, al momento de ser detenido por la policía, -para ser puesto en libertad seguramente en un par de horas -, le decía al agente de la Ley: "Cuidado y te mato a ti y a tu familia".
Ese efecto perverso de una legislación pensada para el 99.99% de los jóvenes panameños que no delinquen, o que están en situaciones fronterizas o de "riesgo social", promueve la delincuencia juvenil en lugar de prevenirla. Con la excusa, no siempre válida, de que "no saben lo que hacen", se están creando las condiciones para que estos menores llamados en "riesgo social", sean presa fácil de bandas organizadas que los reclutan para el sicariato ofreciéndoles dinero y la seguridad de su impunidad, ya que así lo consagra la Ley. Esta legislación inspirada en nobles principios de reivindicación, no puede ser aplicada a asesinos a sueldo, así sólo tengan doce años. Dejar las cosas como están es una invitación formal a la delincuencia juvenil, y es una espada de Damocles sobre una sociedad indefensa. Si vamos a defender los Derechos Humanos, tenemos que establecer claramente las prioridades. Primero están los derechos de las víctimas, y luego los de los victimarios. El primer deber del Estado es brindar seguridad a la población. Los procesos de resocialización son necesarios, pero más importante aún es quitar los incentivos a la delincuencia.
Ese efecto perverso de una legislación pensada para el 99.99% de los jóvenes panameños que no delinquen, o que están en situaciones fronterizas o de "riesgo social", promueve la delincuencia juvenil en lugar de prevenirla. Con la excusa, no siempre válida, de que "no saben lo que hacen", se están creando las condiciones para que estos menores llamados en "riesgo social", sean presa fácil de bandas organizadas que los reclutan para el sicariato ofreciéndoles dinero y la seguridad de su impunidad, ya que así lo consagra la Ley. Esta legislación inspirada en nobles principios de reivindicación, no puede ser aplicada a asesinos a sueldo, así sólo tengan doce años. Dejar las cosas como están es una invitación formal a la delincuencia juvenil, y es una espada de Damocles sobre una sociedad indefensa. Si vamos a defender los Derechos Humanos, tenemos que establecer claramente las prioridades. Primero están los derechos de las víctimas, y luego los de los victimarios. El primer deber del Estado es brindar seguridad a la población. Los procesos de resocialización son necesarios, pero más importante aún es quitar los incentivos a la delincuencia.
