El sistema carcelario panameño
LA SITUACIÓN del país en materia carcelaria es insostenible y hace crisis, que es dañina a los derechos humanos y a la tranquilidad de la nación. Amotinamientos, fugas y reyertas con saldos trágicos, agregados a condiciones infrahumanas en que viven los detenidos, están a la orden del día en los centros penitenciarios de todo el país en espera de que una política gubernamental bien orientada, logre dar respuesta a esta negativa realidad. Nuestro sistema carcelario está atrasado en muchos años atendiendo a las nuevas corrientes que exigen que el hombre que delinque, encuentre oportunidades para un cambio de actitud frente a la vida; a recibir capacitación y experiencias que le permitan vivir con dignidad; a ahondar en los principios de la convivencia humana.
Las condiciones de nuestras cárceles son desastrosas por el hacinamiento y por la falta de condiciones higiénicas; el detenido se ahoga entre rejas y reacciona lleno de odio y rebeldía, porque hasta él no llega el respaldo moral y material del gobierno y de la sociedad civil, ni la justicia que debe ser expedita para decidir su suerte. Es con mucha frecuencia que en nuestras cárceles se presentan hechos que todos tenemos que lamentar y, en la voz y el pensamiento de los detenidos, siempre está presente la súplica de seres humanos por una mejor alimentación, por mejores condiciones de salud, por una justicia pronta y por la consideración y respeto que como seres humanos se merecen.
El problema carcelario en Panamá es de vieja data, pero se ha agravado de manera alarmante a causa de la delincuencia existente y esta a su vez, por los graves problemas socio-económicos que enfrenta la nación. Aunado a esto, la deficiencia en la administración de justicia por la falta de presupuesto y de personal, ha acrecentado, considerablemente, la mora judicial en perjuicio de reos que deben permanecer recluidos en las cárceles a la espera de que se agilicen sus procesos.
La falta de verdaderos programas de rehabilitación y de readaptación trae como efecto directo el que los reclusos contradictoriamente, sufran un daño irreparable en su aspecto psicológico, moral y social perdiendo todo respeto por la dignidad humana. Esto también es consecuencia de que no se le garantiza en ninguna medida su condición de seres humanos, ni se les respeta sus derechos como tales.
La herencia de un sistema penitenciario represivo que imperó durante la dictadura militar, todavía se mantiene y por tal razón han sido inoperantes los proyectos de resocialización.
Mientras no exista la disposición de adoptar una eficaz política criminal en la que intervengan el gobierno y la sociedad civil, no tendremos soluciones para el sistema carcelario de Panamá. Por ello debe promoverse, en todo el país, campañas educativas en donde se incentiven los valores familiares, morales, sociales, culturales tan trastocados actualmente. Así se evitará el aumento desmedido de la delincuencia. Es muy importante que los centros carcelarios cuenten con personal idóneo (psicólogos, trabajadores sociales, médicos a fin de adoptar efectivos programas de resocialización en pro de los delincuentes.
Todo pareciera indicar que la actual ministra de Gobierno y Justicia, Olga Gólcher, está vivamente interesada en aportar soluciones al viejo problema de las cárceles del país, hoy convertidas en un infierno para la vida de los miles de reclusos que permanecen en ellas. Con el propósito de promover cambios sustanciales que traigan mejores días para los detenidos, la funcionaria ha iniciado reuniones de gran importancia en materia carcelaria.
Esperamos que la Ministra de Gobierno encuentre el respaldo unánime en la comunidad nacional y en las autoridades del Poder Judicial, al igual que los mejores estímulos del Gobierno nacional para que este esfuerzo por el mejoramiento integral de las cárceles panameñas alcance el mejor de los éxitos.
Las condiciones de nuestras cárceles son desastrosas por el hacinamiento y por la falta de condiciones higiénicas; el detenido se ahoga entre rejas y reacciona lleno de odio y rebeldía, porque hasta él no llega el respaldo moral y material del gobierno y de la sociedad civil, ni la justicia que debe ser expedita para decidir su suerte. Es con mucha frecuencia que en nuestras cárceles se presentan hechos que todos tenemos que lamentar y, en la voz y el pensamiento de los detenidos, siempre está presente la súplica de seres humanos por una mejor alimentación, por mejores condiciones de salud, por una justicia pronta y por la consideración y respeto que como seres humanos se merecen.
El problema carcelario en Panamá es de vieja data, pero se ha agravado de manera alarmante a causa de la delincuencia existente y esta a su vez, por los graves problemas socio-económicos que enfrenta la nación. Aunado a esto, la deficiencia en la administración de justicia por la falta de presupuesto y de personal, ha acrecentado, considerablemente, la mora judicial en perjuicio de reos que deben permanecer recluidos en las cárceles a la espera de que se agilicen sus procesos.
La falta de verdaderos programas de rehabilitación y de readaptación trae como efecto directo el que los reclusos contradictoriamente, sufran un daño irreparable en su aspecto psicológico, moral y social perdiendo todo respeto por la dignidad humana. Esto también es consecuencia de que no se le garantiza en ninguna medida su condición de seres humanos, ni se les respeta sus derechos como tales.
La herencia de un sistema penitenciario represivo que imperó durante la dictadura militar, todavía se mantiene y por tal razón han sido inoperantes los proyectos de resocialización.
Mientras no exista la disposición de adoptar una eficaz política criminal en la que intervengan el gobierno y la sociedad civil, no tendremos soluciones para el sistema carcelario de Panamá. Por ello debe promoverse, en todo el país, campañas educativas en donde se incentiven los valores familiares, morales, sociales, culturales tan trastocados actualmente. Así se evitará el aumento desmedido de la delincuencia. Es muy importante que los centros carcelarios cuenten con personal idóneo (psicólogos, trabajadores sociales, médicos a fin de adoptar efectivos programas de resocialización en pro de los delincuentes.
Todo pareciera indicar que la actual ministra de Gobierno y Justicia, Olga Gólcher, está vivamente interesada en aportar soluciones al viejo problema de las cárceles del país, hoy convertidas en un infierno para la vida de los miles de reclusos que permanecen en ellas. Con el propósito de promover cambios sustanciales que traigan mejores días para los detenidos, la funcionaria ha iniciado reuniones de gran importancia en materia carcelaria.
Esperamos que la Ministra de Gobierno encuentre el respaldo unánime en la comunidad nacional y en las autoridades del Poder Judicial, al igual que los mejores estímulos del Gobierno nacional para que este esfuerzo por el mejoramiento integral de las cárceles panameñas alcance el mejor de los éxitos.
