El triste caso Tristán

EL CASO de Santander Tristán no solo produce tristeza sino indignación, pues demostrativo del malestar de la justicia panameña, en un caso donde se persigue a personas honestas, cuando muchos de los deshonestos están libres y no sienten el peso de la justicia, sino que caminan libremente protegidos por el blindaje de la impunidad.
Cuando entidades como la Unión Nacional de Abogadas, Colegio Nacional de Periodistas, Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica, Asociación Panameña de Derecho Constitucional (APADEC), Universidad para la Paz, Universidad Latina de Ciencia y Tecnología, Asociación Cívica Unida, Fe y Alegría, Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos, Servicio Jesuita de Refugiados, Centro Darienita de Economía Solidaria (Darién), Centro de Promoción y Acción Social (CEPAS-Veraguas), Congreso General Emberá-Wounan, Congreso General Kuna, Coordinadora de Pobladores Colonenses por la Tierra y la Vida (Colón), Unión Campesina 9 de Junio (Coclé), Coordinadora Pro Rescate de la Tierra y del Río Santa María (Veraguas), Cooperativa La Esperanza de los Campesinos (Veraguas), Centro de Estudios y Acción Social de Panamá, Centro de Asistencia Legal Popular (CEALP), entre otras importantes organizaciones de la sociedad civil panameña, firman una carta abierta al Presidente de la República es porque están clamando por la justicia, y piden ser escuchadas.
La carta hace público lo siguiente:
Las organizaciones que suscriben esta carta, hemos decido hacer de su conocimiento nuestra gran preocupación por los resultados injustos del proceso penal contra Santander Tristán Donoso, dirigente comprometido con los derechos humanos de nuestro país.
A pesar de los esfuerzos ante el sistema judicial por la violación de sus derechos humanos de intimidad, libertad de expresión y garantías judiciales, las acciones de Amparo de garantías Constitucionales, que se han utilizado para frenar investigaciones de hechos lesivos a la Nación Panameña, en el caso del abogado Tristán Donoso han sido ineficaces y no han sido admitidas por la Corte Suprema de Justicia.
Los esfuerzos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha admitido la demanda internacional de Santander Tristán Donoso, no han impedido evitar las amenazas sobre su libertad personal las cuales continúan de manera flagrante e inexorablemente.
Ante esta realidad, donde una vez más el sistema judicial panameño deja en la indefensión a verdaderos luchadores por la justicia panameña, manifestamos por su conducto, como representante del Estado Panameño, nuestra petición de encontrar una respuesta institucional que exprese una salida digna y respetuosa de los derechos humanos de Santander Tristán Donoso, así como el compromiso de que los funcionarios públicos no utilicen los procesos de calumnia como mecanismos de impunidad y falta de rendición de cuentas, parte medular de la lucha mantenida por Tristán Donoso en estos nueve años que han transcurrido.
Reiteramos nuestra firme solidaridad a nuestro compañero Santander Tristán Donoso, y declaramos nuestra decisión de continuar luchando por una verdadera reforma judicial y legal que asegure el acceso a la justicia de todos los panameños y panameñas, así como la eliminación de la funesta justicia selectiva, que violenta el principio constitucional de la igualdad y que atenta contra los fundamentos de la democracia panameña. (Fin de la carta)
El caso aludido reafirma algunas de las conclusiones de la Alianza Ciudadana Pro Justicia expresado a través de su Audito Ciudadano de la Justicia Penal en Panamá.

1. Existe una generalizada percepción de impunidad y corrupción que está afectando la imagen ciudadana del funcionamiento del sistema de justicia penal. Por otra parte los ciudadanos observan que la justicia no se aplica en igualdad de condiciones para todos y todas.

2. El proceso de selección y nombramiento de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia está sometido a los intereses políticos partidistas que predominan en los Órganos Ejecutivo y Legislativo, cuestión que es rechazada por la comunidad y afecta la imagen de independencia del poder judicial.

3. El sistema de selección y designación de los servidores judiciales, esta basado en la discrecionalidad de la autoridad nominadora y no en la ponderación de méritos o atributos académicos, ni en criterios de ascenso de los funcionarios judiciales, lo que crea desconfianza en el régimen de carrera.

4. En el Órgano Judicial existe una estructura vertical, que fomenta un control excesivo sobre los jueces de tribunales inferiores.

5. Existe una reglamentación, dentro del contexto del Código Judicial, que regula los procedimientos por faltas disciplinarias y contra la ética judicial con disposiciones confusas, expuestas a variadas interpretaciones que restan seriedad a las instituciones de justicia.

6. Según los propios operarios del sistema de justicia, el delito más propenso a quedar en impunidad es el delito de enriquecimiento injustificado, debido a la exigencia de la prueba preconstituida y otras exigencias legales que afectan las facultades que tiene el Ministerio Público para investigar este tipo de crímenes.

(raulleisr@hotmail.com)