El uso de los fondos de las empresas privatizadas...
Se ha iniciado una discusión pública, en mi concepto muy conveniente, sobre los fondos y los usos que se les deben dar a los dineros producto de las privatizaciones. Figuras de prestigio, entre ellos economistas y conocedores de la materia, han exteriorizado sus puntos de vista sobre este importante tema.
La ley que regula la utilización de estos fondos es muy clara. Sólo se podrán utilizar los intereses o ganancias que se obtengan de las inversiones del capital y se especifica con toda precisión en las áreas en que estos dineros pueden invertirse. Algunas personas, entre ellos el Dr. Mario Galindo y el Ing. Víctor Juliao, han manifestado, ante el desconocimiento que ellos tienen de las finanzas del Estado, en especial de los compromisos contraídos y pagos no efectuados con las instituciones de crédito internacional y por la gravedad de la situación, se vean en la necesidad de utilizar parte del capital de esos fondos para poder cumplir con esos compromisos y realizar las obras de carácter social que el país requiere con gran apremio.
Por otro lado, el ex contralor Rubén Darío Carles, prestigioso economista de larga trayectoria, sugería en reciente artículo, la compra por parte de Panamá de una porción de su propia deuda. Hace el Prof. Carles un análisis, aunque muy somero, de los beneficios económicos que se lograrían con esta operación.
El Presidente de la República ha respondido a esas sugerencias oponiéndose a las mismas en forma muy contundente. Señaló el viejo ejemplo de la gallina de los huevos de oro; "si matamos la gallina, en este caso el capital, nos quedaremos a la postre sin uno ni el otro". Busca, dijo, crear los mecanismos para impedir la utilización de esos dineros en actividades distintas a las especificadas en la ley que él promovió.
Considero muy sana esta polémica. De la discusión podrán salir, sin duda, fórmulas inteligentes, realistas y de beneficios generales.
No se puede, por supuesto, ni creo que en la mente de nadie está, el utilizar el capital o los intereses que el devenga para el funcionamiento normal del Estado. Sin embargo, es inconcebible, también, que esos fondos permanezcan congelados ante el mar de pobreza que vivimos.
Sería tan incomprensible como el caso del padre que tiene un dinero destinado para la educación de su hijo y no lo utilice para curarlo si éste se enferma.
Es un problema indudablemente complejo que hay que verlo con seriedad y luces muy largas.
Me atrevo a poner como tema también de discusión la posibilidad de que el Estado venda parte del 49% que aún posee en las empresas privatizadas para darle unos usos más prácticos y de mayores beneficios.
El Estado panameño tiene $1,350 millones aproximadamente que es el valor de estas acciones que mantiene en su poder. Se podría aducir como inconveniente de venderlas que al dejar el Estado de participar accionariamente en esas empresas y no tener injerencia en las distintas Juntas Directivas pudieran producirse abusos y aumentos injustificados en las tarifas a los consumidores. Pienso que este argumento sería fácil de rebatir porque casualmente para eso se creó el Ente Regulador de los Servicios Públicos que tiene como una de sus obligaciones evitar cualquier exceso que pretendan cometer las empresas privatizadas.
La importancia que tiene este asunto y la jerarquía de quienes han exteriorizado sus opiniones merecen un mayor debate y que al fin de cuentas prevalezca exclusivamente el interés de las mayorías y que se logren los mejores beneficios para tantos panameños que viven en la desesperanza de su marginación. No puede, tampoco, aceptarse que el gobierno que sale ejercer un tutelaje sobre el que entra. Sería el pueblo el juez único del bien proceder o de los errores del nuevo gobierno.
La ley que regula la utilización de estos fondos es muy clara. Sólo se podrán utilizar los intereses o ganancias que se obtengan de las inversiones del capital y se especifica con toda precisión en las áreas en que estos dineros pueden invertirse. Algunas personas, entre ellos el Dr. Mario Galindo y el Ing. Víctor Juliao, han manifestado, ante el desconocimiento que ellos tienen de las finanzas del Estado, en especial de los compromisos contraídos y pagos no efectuados con las instituciones de crédito internacional y por la gravedad de la situación, se vean en la necesidad de utilizar parte del capital de esos fondos para poder cumplir con esos compromisos y realizar las obras de carácter social que el país requiere con gran apremio.
Por otro lado, el ex contralor Rubén Darío Carles, prestigioso economista de larga trayectoria, sugería en reciente artículo, la compra por parte de Panamá de una porción de su propia deuda. Hace el Prof. Carles un análisis, aunque muy somero, de los beneficios económicos que se lograrían con esta operación.
El Presidente de la República ha respondido a esas sugerencias oponiéndose a las mismas en forma muy contundente. Señaló el viejo ejemplo de la gallina de los huevos de oro; "si matamos la gallina, en este caso el capital, nos quedaremos a la postre sin uno ni el otro". Busca, dijo, crear los mecanismos para impedir la utilización de esos dineros en actividades distintas a las especificadas en la ley que él promovió.
Considero muy sana esta polémica. De la discusión podrán salir, sin duda, fórmulas inteligentes, realistas y de beneficios generales.
No se puede, por supuesto, ni creo que en la mente de nadie está, el utilizar el capital o los intereses que el devenga para el funcionamiento normal del Estado. Sin embargo, es inconcebible, también, que esos fondos permanezcan congelados ante el mar de pobreza que vivimos.
Sería tan incomprensible como el caso del padre que tiene un dinero destinado para la educación de su hijo y no lo utilice para curarlo si éste se enferma.
Es un problema indudablemente complejo que hay que verlo con seriedad y luces muy largas.
Me atrevo a poner como tema también de discusión la posibilidad de que el Estado venda parte del 49% que aún posee en las empresas privatizadas para darle unos usos más prácticos y de mayores beneficios.
El Estado panameño tiene $1,350 millones aproximadamente que es el valor de estas acciones que mantiene en su poder. Se podría aducir como inconveniente de venderlas que al dejar el Estado de participar accionariamente en esas empresas y no tener injerencia en las distintas Juntas Directivas pudieran producirse abusos y aumentos injustificados en las tarifas a los consumidores. Pienso que este argumento sería fácil de rebatir porque casualmente para eso se creó el Ente Regulador de los Servicios Públicos que tiene como una de sus obligaciones evitar cualquier exceso que pretendan cometer las empresas privatizadas.
La importancia que tiene este asunto y la jerarquía de quienes han exteriorizado sus opiniones merecen un mayor debate y que al fin de cuentas prevalezca exclusivamente el interés de las mayorías y que se logren los mejores beneficios para tantos panameños que viven en la desesperanza de su marginación. No puede, tampoco, aceptarse que el gobierno que sale ejercer un tutelaje sobre el que entra. Sería el pueblo el juez único del bien proceder o de los errores del nuevo gobierno.
