El voto de los detenidos
En seguimiento a mi última columna sobre Transparencia Electoral, deseo dedicar algunas consideraciones a la reciente iniciativa de presentar y aprobar una ley por la cual se le confiere el derecho a votar a los detenidos en nuestras cárceles. No considero conveniente, a estas alturas, seguir con este tema, precisamente para salvaguardar celosamente la percepción de incuestionable que debe merecer la próxima elección.
No deseo que mis consideraciones sean enfocadas desde la perspectiva de atentar contra derechos humanos de nadie, ya que no es mi propósito, ni ha sido mi modo de pensar, por considerar que la atención de estos temas deben ser debatidos a profundidad y sin apuros de última hora, sobre todo en los inicios del proceso electoral de mayo de 2004.
De la lectura de algunas declaraciones hechas por funcionarios de la Dirección de Corrección, del Tribunal Electoral y de ciertos partidos políticos, entre otros no menos importantes, surge la duda de la conveniencia de tan extraño proyecto de ley.
Si deseamos ser francos en abordar estos temas, debemos iniciar por decir que todo lo que no contribuya a desarrollar un proceso electoral sin ningún tipo de cuestionamientos, debe ser descartado en esta etapa previa al mismo. Las organizaciones de la Iglesia, de la Defensoría del Pueblo, de la sociedad civil que respaldan la iniciativa, lo ven desde una óptica meramente académica y que creo que no es parte de la discusión ya que todos, tomadas las debidas previsiones, estaríamos a favor de que en el país el respeto de los derechos humanos sea lo más integral que se pueda. Sin embargo, el método que ha seguido el debate, aparte de parecer no despertar muchas inquietudes se fundamenta en unos "romanticismos" dignos de otras causas, pero no de una tan seria como es el desarrollo de un torneo electoral libre y puro.
La situación carcelaria en nuestro país es digna de serios esfuerzos para resolverla. Las violaciones reales que se dan desde todos los ángulos a muchos de los derechos humanos de los detenidos, sean condenados o no, no se van a disminuir porque ejerzan el derecho al voto el 2 de mayo de 2004. Estoy seguro que si los dejan escoger, éste sería el derecho humano que menos les interesaría ejercer. Hay otros, de los cuales dependen hasta su vida misma, que no pareciera despertar el inusitado interés que el derecho al voto representa. Además, sería conveniente escuchar todas las explicaciones del caso de parte de las autoridades electorales respecto a la manera y los criterios que utilizarán para implementar tan extraña ley. Si no tienen recursos para el proceso electoral tradicional y están los magistrados tocando todas las puertas para que los respalden presupuestariamente, vale la pena saber cuánto costaría y cómo sufragarán esta aventura.
Por otra parte, ¿cómo se ejecutaría la medida? ¿Votarían los presos sólo para Presidente o lo harán también para los demás cargos de elección? ¿Qué padrón electoral se levantaría para censar a la comunidad de detenidos en proceso de ser condenados que supuestamente tendrían derecho a votar? ¿Desde cuándo aplica la ley, es decir, apartir de qué fecha se tienen como aptos para votar los detenidos? ¿Tienen todos cédulas a estas alturas? ¿Se tomaron el trabajo de verificarse antes del 30 de abril pasado? ¿Cómo emitirán el voto y si se puede tener la plena seguridad de que el mismo será a conciencia o serán sujetos de presión a cambios de sabrá Dios qué oferta de otro género?
Me comentaba un amigo que estuvo detenido por dos años por delitos políticos durante el régimen de Noriega, que un detenido es objeto de muchas presiones y que tener acceso al almuerzo que le llevan o a la visita conyugal que le toleran o a la televisión que le facilitan, justifica cualquier decisión que tenga que tomar para mantener ése o esos privilegios, ya que la vida en la cárcel sin ellos es menos vida de la que de por sí no tienen. Además, con la superpoblación extranjera que dicen que existe, ¿estamos todos seguros de que esos detenidos no votarán fraudulentamente? ¿Quién vigila el proceso el día de la elección dentro de La Joya, por decir uno de los difíciles recintos penitenciarios que se conoce? Si la Policía a veces no puede, ¿podrían los delegados y funcionarios electorales fajarse en estos peligrosos lugares para garantizar el orden del sufragio?
Apelar al buen juicio de los legisladores es algo que viene como sobrando, ya que a estos señores los mueven otros criterios, menos el de transparencia o de sentido común elemental. Quizás estos escritos tampoco contribuyan en nada, ya que es poca la fuerza de la opinión pública en este país para enmendar entuertos, del tipo que sean. Sin embargo, creo prudente llamar la atención a los proponentes para intentar que esta iniciativa, por loable que sea en sus intenciones, que no lo dudo, se deje para otro momento, cuando el calor de un proceso electoral se haya disipado y puedan entonces pensar con serenidad respecto de la mediada que tratan de aprobar de manera inoportuna. Dejen de creer que somos suizos y que estos temas en este país se pueden manejar al margen de la tentación o maleantería política en un momento dado.
Lo único que no necesitamos es que el resultado de la elección del 2 de mayo se vea cuestionada, con razón o como argumento de desesperación, por un "paquetazo" proveniente de una cárcel, o que el mecanismo de votar y escrutar los votos en las mismas sea un ingrediente adicional para sembrar dudas respecto de la elección en su conjunto. Los magistrados deben ser enérgicos e insistir ante la Asamblea con sus posiciones. Estas ideas, novedosas y quizás justificadas, deben ser vistas y analizadas integralmente en otro momento, no ahora. Como dije, el votar no cambiará la desgracia personal de nadie que ya está detenido. Este esfuerzo debería ser encaminado hacia lograr que el debido proceso y la mora judicial sean efectivamente respetados y eliminados, entre otras cosas, que sí tendría un efecto directo y positivo en la comunidad carcelaria y el voto visto como algo al que tiene derecho todo aquel que no tiene deudas pendientes con la sociedad, aunque esté en proceso de dilucidarlas.
No sé por qué, pero creo que hay muchas cosas pasando al mismo tiempo que pueden tener efecto negativo en el próximo torneo electoral. Ojalá esté equivocado y ésta no sea una de ellas.
En estos momentos, tal como están las reglas del mercado eléctrico, las plantas de generación mediana y pequeña de fuentes renovables no pueden contratar energía con las empresas distribuidoras, ya que estamos obligados a comprar potencia y energía firme, que no son características de este tipo de central. Esta situación crea una barrera al desarrollo de estos proyectos, ya que al no poder presentar a las entidades financieras un contrato de venta de energía , difícilmente le otorgarán el crédito a estos proyectos.
¿Considera que es posible una posible renegociación de los actuales contratos del sector eléctrico, atendiendo los reclamos de usuarios domésticos y empresariales? ¿Qué opina al respecto Unión Fenosa?
Una renegociación no es la que permitiría la disminución del precio de la energía eléctrica. Es necesario que las iniciativas del Ejecutivo y del Legislativo converjan en la definición de una política energética orientada a la instalación de nuevas plantas de generación más eficientes y económicas, por que el país se merece una energía más barata.
No deseo que mis consideraciones sean enfocadas desde la perspectiva de atentar contra derechos humanos de nadie, ya que no es mi propósito, ni ha sido mi modo de pensar, por considerar que la atención de estos temas deben ser debatidos a profundidad y sin apuros de última hora, sobre todo en los inicios del proceso electoral de mayo de 2004.
De la lectura de algunas declaraciones hechas por funcionarios de la Dirección de Corrección, del Tribunal Electoral y de ciertos partidos políticos, entre otros no menos importantes, surge la duda de la conveniencia de tan extraño proyecto de ley.
Si deseamos ser francos en abordar estos temas, debemos iniciar por decir que todo lo que no contribuya a desarrollar un proceso electoral sin ningún tipo de cuestionamientos, debe ser descartado en esta etapa previa al mismo. Las organizaciones de la Iglesia, de la Defensoría del Pueblo, de la sociedad civil que respaldan la iniciativa, lo ven desde una óptica meramente académica y que creo que no es parte de la discusión ya que todos, tomadas las debidas previsiones, estaríamos a favor de que en el país el respeto de los derechos humanos sea lo más integral que se pueda. Sin embargo, el método que ha seguido el debate, aparte de parecer no despertar muchas inquietudes se fundamenta en unos "romanticismos" dignos de otras causas, pero no de una tan seria como es el desarrollo de un torneo electoral libre y puro.
La situación carcelaria en nuestro país es digna de serios esfuerzos para resolverla. Las violaciones reales que se dan desde todos los ángulos a muchos de los derechos humanos de los detenidos, sean condenados o no, no se van a disminuir porque ejerzan el derecho al voto el 2 de mayo de 2004. Estoy seguro que si los dejan escoger, éste sería el derecho humano que menos les interesaría ejercer. Hay otros, de los cuales dependen hasta su vida misma, que no pareciera despertar el inusitado interés que el derecho al voto representa. Además, sería conveniente escuchar todas las explicaciones del caso de parte de las autoridades electorales respecto a la manera y los criterios que utilizarán para implementar tan extraña ley. Si no tienen recursos para el proceso electoral tradicional y están los magistrados tocando todas las puertas para que los respalden presupuestariamente, vale la pena saber cuánto costaría y cómo sufragarán esta aventura.
Por otra parte, ¿cómo se ejecutaría la medida? ¿Votarían los presos sólo para Presidente o lo harán también para los demás cargos de elección? ¿Qué padrón electoral se levantaría para censar a la comunidad de detenidos en proceso de ser condenados que supuestamente tendrían derecho a votar? ¿Desde cuándo aplica la ley, es decir, apartir de qué fecha se tienen como aptos para votar los detenidos? ¿Tienen todos cédulas a estas alturas? ¿Se tomaron el trabajo de verificarse antes del 30 de abril pasado? ¿Cómo emitirán el voto y si se puede tener la plena seguridad de que el mismo será a conciencia o serán sujetos de presión a cambios de sabrá Dios qué oferta de otro género?
Me comentaba un amigo que estuvo detenido por dos años por delitos políticos durante el régimen de Noriega, que un detenido es objeto de muchas presiones y que tener acceso al almuerzo que le llevan o a la visita conyugal que le toleran o a la televisión que le facilitan, justifica cualquier decisión que tenga que tomar para mantener ése o esos privilegios, ya que la vida en la cárcel sin ellos es menos vida de la que de por sí no tienen. Además, con la superpoblación extranjera que dicen que existe, ¿estamos todos seguros de que esos detenidos no votarán fraudulentamente? ¿Quién vigila el proceso el día de la elección dentro de La Joya, por decir uno de los difíciles recintos penitenciarios que se conoce? Si la Policía a veces no puede, ¿podrían los delegados y funcionarios electorales fajarse en estos peligrosos lugares para garantizar el orden del sufragio?
Apelar al buen juicio de los legisladores es algo que viene como sobrando, ya que a estos señores los mueven otros criterios, menos el de transparencia o de sentido común elemental. Quizás estos escritos tampoco contribuyan en nada, ya que es poca la fuerza de la opinión pública en este país para enmendar entuertos, del tipo que sean. Sin embargo, creo prudente llamar la atención a los proponentes para intentar que esta iniciativa, por loable que sea en sus intenciones, que no lo dudo, se deje para otro momento, cuando el calor de un proceso electoral se haya disipado y puedan entonces pensar con serenidad respecto de la mediada que tratan de aprobar de manera inoportuna. Dejen de creer que somos suizos y que estos temas en este país se pueden manejar al margen de la tentación o maleantería política en un momento dado.
Lo único que no necesitamos es que el resultado de la elección del 2 de mayo se vea cuestionada, con razón o como argumento de desesperación, por un "paquetazo" proveniente de una cárcel, o que el mecanismo de votar y escrutar los votos en las mismas sea un ingrediente adicional para sembrar dudas respecto de la elección en su conjunto. Los magistrados deben ser enérgicos e insistir ante la Asamblea con sus posiciones. Estas ideas, novedosas y quizás justificadas, deben ser vistas y analizadas integralmente en otro momento, no ahora. Como dije, el votar no cambiará la desgracia personal de nadie que ya está detenido. Este esfuerzo debería ser encaminado hacia lograr que el debido proceso y la mora judicial sean efectivamente respetados y eliminados, entre otras cosas, que sí tendría un efecto directo y positivo en la comunidad carcelaria y el voto visto como algo al que tiene derecho todo aquel que no tiene deudas pendientes con la sociedad, aunque esté en proceso de dilucidarlas.
No sé por qué, pero creo que hay muchas cosas pasando al mismo tiempo que pueden tener efecto negativo en el próximo torneo electoral. Ojalá esté equivocado y ésta no sea una de ellas.
En estos momentos, tal como están las reglas del mercado eléctrico, las plantas de generación mediana y pequeña de fuentes renovables no pueden contratar energía con las empresas distribuidoras, ya que estamos obligados a comprar potencia y energía firme, que no son características de este tipo de central. Esta situación crea una barrera al desarrollo de estos proyectos, ya que al no poder presentar a las entidades financieras un contrato de venta de energía , difícilmente le otorgarán el crédito a estos proyectos.
¿Considera que es posible una posible renegociación de los actuales contratos del sector eléctrico, atendiendo los reclamos de usuarios domésticos y empresariales? ¿Qué opina al respecto Unión Fenosa?
Una renegociación no es la que permitiría la disminución del precio de la energía eléctrica. Es necesario que las iniciativas del Ejecutivo y del Legislativo converjan en la definición de una política energética orientada a la instalación de nuevas plantas de generación más eficientes y económicas, por que el país se merece una energía más barata.
