El XXVIII aniversario de los Tratados Torrijos-Carter
PARA quienes vivimos y compartimos las luchas generacionales abocadas a la realización de las reivindicaciones de la soberanía y de la integridad territorial de la nación panameña, cada nuevo aniversario de la fecha de la firma de los Tratados Torrijos-Carter, el 7 de Septiembre de 1977, es una fecha patria que convoca con orgullo y con emoción los mejores sentimientos de la nacionalidad.
Estos Tratados consagraron la entrega del Canal a Panamá por los Estados Unidos y la devolución de las tierras y de las áreas de espacios marítimos y aéreos ocupados por la potencia norteamericana, abriéndole paso a la estructuración de un gran proyecto nacional, aún pendiente de realización. Proyecto que solamente puede concebirse si la vía interoceánica se mantiene bajo un régimen que responda a los intereses del Estado panameño, singularmente en lo que concierne a la nacionalidad, la transparencia, la rentabilidad y la rendición de cuentas.
Para que ese gran proyecto nacional tenga como eje para su desarrollo el Canal de Panamá y no sea un mero instrumento para los especuladores, es esencial que el Canal sea auténticamente panameño. Así lo prescribe la Constitución Política de la República en su Artículo 315 antes 309, que determina que "el Canal de Panamá constituye un patrimonio inalienable de la nación panameña". A su vez el Artículo 1 de la Carta Política establece que "la nación panameña está organizada en Estado soberano e independiente, cuya denominación es República de Panamá". Estos preceptos constitucionales ponen de relieve que para cumplir con el mandato de que el Canal sea panameño, este debe ser manejado por el Estado panameño y no como un país aparte. Para que no pierda su carácter de panameño, es indispensable que el Canal funcione sujeto a los requisitos y condiciones de una auténtica transparencia. La ciudadanía tiene derecho a saber qué personas naturales o jurídicas son contratadas por la Administración del Canal y a qué costo. Si se ha cumplido a cabalidad con los procedimientos de la licitación pública, si se han llenado todas las formalidades y si hay un procedimiento cristalino en el manejo del dinero. Los nombres de los empleados, sus funciones y sus salarios no pueden ser objeto de secretismo alguno, ni tampoco puede dejar de estar claro que no habrá prebendas ni privilegios. Que las antiguas residencias lujosas y sitios de esparcimiento de los funcionarios coloniales y sus familias pertenecen a la riqueza arquitectónica e histórica del país. Que han pasado a ser parte del patrimonio cultural del país y no tienen por qué perpetuarse en posesión de funcionarios panameños cuando bajo un sistema democrático tales residencias y sitios de recreación deben convertirse en museos accesibles a todos los segmentos de la población del país con las enseñanzas que de ellos se derivan.
Es pertinente destacar que otro requisito esencial del Canal de Panamá como un polo de desarrollo por excelencia exige que su funcionamiento sea rentable. Su administración no puede quedar sujeta a caprichos ni a ambiciones desmedidas que conduzcan a errores costosos que pudieran disminuir de modo sustancial el tránsito de las naves que utilizan esta vía interoceánica. Así como los requisitos de la nacionalidad, la transparencia y la rentabilidad son esenciales para que el Canal responda a los intereses de la nación panameña de uno al otro extremo de su extensión geográfica, la rendición de cuentas es fundamental para que se mantenga el respeto y la credibilidad de los responsables de su funcionamiento, que están obligados a traspasar al Tesoro Nacional los excedentes económicos que resulten después de cubiertos los costos de operación, inversión, funcionamiento, mantenimiento, modernización y reservas necesarias para contingencias previstas conforme a la ley. La rendición de cuentas es indispensable, ya que está sujeta a la fiscalización en cualquier tiempo por la Junta Directiva del Canal presidida por un Ministro de Estado designado por el Presidente de la República. Esta fiscalización está sujeta también al control posterior por la Contraloría General de la República, lo cual con anterioridad, hasta donde llega nuestro conocimiento, no se cumplió debidamente ni se le informó a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa durante el proceso de aprobación del presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá. Es de esperar que el nuevo Contralor General de la República cumpla con esta función que es vital para el buen funcionamiento de la vía interoceánica.
Pienso que sólo quedan en nuestro país un puñado de recalcitrantes que se empeñan en restarle, en negarle a Omar Torrijos Herrera los derechos y créditos, válidos en la posteridad, de ser considerado como figura prócera en la victoria final que presenciamos en la Sala del Consejo de la OEA el 7 de Septiembre de 1977. Ese día Omar Torrijos y Jimmy Carter firmaron los documentos que garantizaban el fin de una época colonial que había durado 74 años. Ese día cambió el destino de nuestro país, de nuestro pueblo y de cada uno de nosotros.
El 7 de Septiembre de 1977 es una fecha grande. Luego hubo otras entre las cuales se destaca el 31 de Diciembre de 1999, cuando en un acto memorable y emotivo, los panameños que pudimos hacerlo, nos hicimos presentes en las instalaciones de lo que había sido la Sede del poder colonial americano en Panamá.
He tenido muchas oportunidades de referirme a la importancia que a mi juicio tienen lo que algunos historiadores llaman "lugares de la memoria" y que incluyen "fechas de la memoria". Es decir, los hechos históricos, los lugares históricos, las fechas históricas, que facilitan la convergencia de los sentimientos y del pensamiento nacionales. Todos los años, desde 1977, hago mi contribución para preservar el 7 de Septiembre como una fecha que convoca todos y cada uno de los panameños a la reflexión acerca de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. En esa fecha, debemos siempre encontrar la inspiración y los estímulos necesarios para seguir construyendo un futuro que sea compatible con los ideales que nos guiaron durante todo el siglo XX, para seguir recordando en este siglo XXI que no es posible construir nada bueno ni duradero si permitimos el debilitamiento de nuestras fuerzas interiores, para darle adecuación y estabilidad a esos ideales y a esas fuerzas interiores en la medida en que el presente y el futuro nos lo demandan.
En esta tierra totalmente liberada el 31 de Diciembre de 1999 en cumplimiento de lo pactado con la potencia norteamericana el 7 de Septiembre de 1977, todos los ciudadanos vemos que en el horizonte se perfilan dificultades de muchos órdenes. Una conveniente honestidad intelectual es un impedimento moral para negar esa realidad. Cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades con las que enfrentaremos esas dificultades es una cuestión de esencial importancia para todos, y que he querido destacar en mis alusiones a la nacionalidad, la transparencia, la rentabilidad y la rendición de cuentas. Responderla es nuestra obligación esencial. En esta fecha que llena de significados la conciencia nacional, debemos hacer una nueva promesa de que el destino que nos queremos forjar no podrá, con el concurso de nuestra inercia, de nuestra inconsciencia o de nuestra negligencia, ser cambiado por nadie que no tome en cuenta los más altos intereses de la nación panameña.
Estos Tratados consagraron la entrega del Canal a Panamá por los Estados Unidos y la devolución de las tierras y de las áreas de espacios marítimos y aéreos ocupados por la potencia norteamericana, abriéndole paso a la estructuración de un gran proyecto nacional, aún pendiente de realización. Proyecto que solamente puede concebirse si la vía interoceánica se mantiene bajo un régimen que responda a los intereses del Estado panameño, singularmente en lo que concierne a la nacionalidad, la transparencia, la rentabilidad y la rendición de cuentas.
Para que ese gran proyecto nacional tenga como eje para su desarrollo el Canal de Panamá y no sea un mero instrumento para los especuladores, es esencial que el Canal sea auténticamente panameño. Así lo prescribe la Constitución Política de la República en su Artículo 315 antes 309, que determina que "el Canal de Panamá constituye un patrimonio inalienable de la nación panameña". A su vez el Artículo 1 de la Carta Política establece que "la nación panameña está organizada en Estado soberano e independiente, cuya denominación es República de Panamá". Estos preceptos constitucionales ponen de relieve que para cumplir con el mandato de que el Canal sea panameño, este debe ser manejado por el Estado panameño y no como un país aparte. Para que no pierda su carácter de panameño, es indispensable que el Canal funcione sujeto a los requisitos y condiciones de una auténtica transparencia. La ciudadanía tiene derecho a saber qué personas naturales o jurídicas son contratadas por la Administración del Canal y a qué costo. Si se ha cumplido a cabalidad con los procedimientos de la licitación pública, si se han llenado todas las formalidades y si hay un procedimiento cristalino en el manejo del dinero. Los nombres de los empleados, sus funciones y sus salarios no pueden ser objeto de secretismo alguno, ni tampoco puede dejar de estar claro que no habrá prebendas ni privilegios. Que las antiguas residencias lujosas y sitios de esparcimiento de los funcionarios coloniales y sus familias pertenecen a la riqueza arquitectónica e histórica del país. Que han pasado a ser parte del patrimonio cultural del país y no tienen por qué perpetuarse en posesión de funcionarios panameños cuando bajo un sistema democrático tales residencias y sitios de recreación deben convertirse en museos accesibles a todos los segmentos de la población del país con las enseñanzas que de ellos se derivan.
Es pertinente destacar que otro requisito esencial del Canal de Panamá como un polo de desarrollo por excelencia exige que su funcionamiento sea rentable. Su administración no puede quedar sujeta a caprichos ni a ambiciones desmedidas que conduzcan a errores costosos que pudieran disminuir de modo sustancial el tránsito de las naves que utilizan esta vía interoceánica. Así como los requisitos de la nacionalidad, la transparencia y la rentabilidad son esenciales para que el Canal responda a los intereses de la nación panameña de uno al otro extremo de su extensión geográfica, la rendición de cuentas es fundamental para que se mantenga el respeto y la credibilidad de los responsables de su funcionamiento, que están obligados a traspasar al Tesoro Nacional los excedentes económicos que resulten después de cubiertos los costos de operación, inversión, funcionamiento, mantenimiento, modernización y reservas necesarias para contingencias previstas conforme a la ley. La rendición de cuentas es indispensable, ya que está sujeta a la fiscalización en cualquier tiempo por la Junta Directiva del Canal presidida por un Ministro de Estado designado por el Presidente de la República. Esta fiscalización está sujeta también al control posterior por la Contraloría General de la República, lo cual con anterioridad, hasta donde llega nuestro conocimiento, no se cumplió debidamente ni se le informó a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa durante el proceso de aprobación del presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá. Es de esperar que el nuevo Contralor General de la República cumpla con esta función que es vital para el buen funcionamiento de la vía interoceánica.
Pienso que sólo quedan en nuestro país un puñado de recalcitrantes que se empeñan en restarle, en negarle a Omar Torrijos Herrera los derechos y créditos, válidos en la posteridad, de ser considerado como figura prócera en la victoria final que presenciamos en la Sala del Consejo de la OEA el 7 de Septiembre de 1977. Ese día Omar Torrijos y Jimmy Carter firmaron los documentos que garantizaban el fin de una época colonial que había durado 74 años. Ese día cambió el destino de nuestro país, de nuestro pueblo y de cada uno de nosotros.
El 7 de Septiembre de 1977 es una fecha grande. Luego hubo otras entre las cuales se destaca el 31 de Diciembre de 1999, cuando en un acto memorable y emotivo, los panameños que pudimos hacerlo, nos hicimos presentes en las instalaciones de lo que había sido la Sede del poder colonial americano en Panamá.
He tenido muchas oportunidades de referirme a la importancia que a mi juicio tienen lo que algunos historiadores llaman "lugares de la memoria" y que incluyen "fechas de la memoria". Es decir, los hechos históricos, los lugares históricos, las fechas históricas, que facilitan la convergencia de los sentimientos y del pensamiento nacionales. Todos los años, desde 1977, hago mi contribución para preservar el 7 de Septiembre como una fecha que convoca todos y cada uno de los panameños a la reflexión acerca de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. En esa fecha, debemos siempre encontrar la inspiración y los estímulos necesarios para seguir construyendo un futuro que sea compatible con los ideales que nos guiaron durante todo el siglo XX, para seguir recordando en este siglo XXI que no es posible construir nada bueno ni duradero si permitimos el debilitamiento de nuestras fuerzas interiores, para darle adecuación y estabilidad a esos ideales y a esas fuerzas interiores en la medida en que el presente y el futuro nos lo demandan.
En esta tierra totalmente liberada el 31 de Diciembre de 1999 en cumplimiento de lo pactado con la potencia norteamericana el 7 de Septiembre de 1977, todos los ciudadanos vemos que en el horizonte se perfilan dificultades de muchos órdenes. Una conveniente honestidad intelectual es un impedimento moral para negar esa realidad. Cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades con las que enfrentaremos esas dificultades es una cuestión de esencial importancia para todos, y que he querido destacar en mis alusiones a la nacionalidad, la transparencia, la rentabilidad y la rendición de cuentas. Responderla es nuestra obligación esencial. En esta fecha que llena de significados la conciencia nacional, debemos hacer una nueva promesa de que el destino que nos queremos forjar no podrá, con el concurso de nuestra inercia, de nuestra inconsciencia o de nuestra negligencia, ser cambiado por nadie que no tome en cuenta los más altos intereses de la nación panameña.
