Elección del presidente de la Asamblea Nacional
El 1 de septiembre se instalará la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional que coordinará la labor de ese Organo del Estado durante el segundo año del actual período de gobierno. La votación que se hace en el recinto legislativo ese día para escoger a su presidente carecerá de los ribetes de dramatismo de años anteriores, signados por un virtual empate en el que unas veces los votos oscilaron a favor de un grupo, y otras veces, a favor de sus adversarios.
El hecho de que el PRD tenga el número de votos necesarios para elegir al dignatario entre sus filas, no le resta importancia a la elección, sin embargo. Pues es previsible que durante el próximo año se incrementará la presión ciudadana sobre el Legislativo para que sean abolidos los privilegios que de modo bochornoso ostentan ciertos diputados y altos funcionarios del Estado. El colectivo elegirá a uno de sus integrantes sobre la base de una agenda, que probablemente no será conocida de modo oficial, razón suficiente para sospechar que la fragua de lealtades correrá por cauces ajenos al discurso político honesto y comprometido con la democracia. Si, por el contrario, liberados de las dificultades de negociar con sectores ajenos al partido, los parlamentarios del PRD emprenden una política de rectificación sobre los errores cometidos durante el año transcurrido, se comprometen a fortalecer la independencia de ese Organo y a continuar las prácticas de transparencia y rendición de cuentas ya implementadas, podría restablecerse un equilibrio de poderes sin el cual las libertades ciudadanas podrían verse amenazadas.
Lo malo no es que haya intereses particulares en la escogencia de la figura que presidirá el Legislativo, sino que dichos intereses pesen más que los intereses de la democracia; lo peor sería que la democracia ni siquiera figure en la lista de temas que compiten en la agenda legislativa.
El hecho de que el PRD tenga el número de votos necesarios para elegir al dignatario entre sus filas, no le resta importancia a la elección, sin embargo. Pues es previsible que durante el próximo año se incrementará la presión ciudadana sobre el Legislativo para que sean abolidos los privilegios que de modo bochornoso ostentan ciertos diputados y altos funcionarios del Estado. El colectivo elegirá a uno de sus integrantes sobre la base de una agenda, que probablemente no será conocida de modo oficial, razón suficiente para sospechar que la fragua de lealtades correrá por cauces ajenos al discurso político honesto y comprometido con la democracia. Si, por el contrario, liberados de las dificultades de negociar con sectores ajenos al partido, los parlamentarios del PRD emprenden una política de rectificación sobre los errores cometidos durante el año transcurrido, se comprometen a fortalecer la independencia de ese Organo y a continuar las prácticas de transparencia y rendición de cuentas ya implementadas, podría restablecerse un equilibrio de poderes sin el cual las libertades ciudadanas podrían verse amenazadas.
Lo malo no es que haya intereses particulares en la escogencia de la figura que presidirá el Legislativo, sino que dichos intereses pesen más que los intereses de la democracia; lo peor sería que la democracia ni siquiera figure en la lista de temas que compiten en la agenda legislativa.
