Elitismo o participación
La sociedad civil no aspira a tomar el poder público, sino a construir poder ciudadano con capacidad de incidencia y regulación del mercado y del Estado, y con posibilidad de aportar a un desarrollo pleno y una democracia verdadera. La sociedad civil es "un espacio público que tiene función normativa, regulativa, independiente y autónoma frente a la economía y el Estado para expresar su propio quehacer" (Michael Walser). Es un conjunto heterogéneo de personas, grupos sociales y organizaciones, cuyas decisiones son autónomas e independientes y se guían por valores, intereses y aspiraciones diversos.
Lo cierto es que sólo 700 mil ciudadanos están inscritos en los partidos políticos, en su mayoría con una baja militancia fuera del período electoral. Pero la sociedad civil también posee bajos niveles organizativos y atomización en Panamá. Es un lugar de encuentro entre lo privado y lo público, una esfera de relaciones sociales y sus conflictos. Por tal razón no pueden asignársele a la sociedad civil papeles unidireccionales. No es un concepto "atrapa todo" ni puede ni debe mitificarse. Eso sí, ni Estado, ni mercado, ni sociedad civil tienen sólo la respuesta a los desafíos, por lo que deben articularse y contrapesarse.
La sociedad panameña expresa cada vez más visiblemente la existencia de una ciudadanía relegada al papel de consumidora, con una participación limitada o simplemente excluida del desarrollo y la democracia, muchas veces sólo sobreviviendo en las ranuras de un crecimiento económico que parece ser privativo de una franja de la sociedad, y una democracia bajo jurisdicción de los partidos políticos. Las relaciones entre sociedad civil y la sociedad política han estado marcadas casi siempre por el signo de la confrontación o de la subordinación, y pocas veces por relaciones de inclusión y participación. En la práctica son dos concepciones las que se agitan:
La Escuela Elitista de la Democracia, para la que la democracia funciona con relativos bajos niveles de participación, lo que permite un elevado nivel de autonomía de las elites que, por su supuesta mayor cultura político y vocación democrática en relación a las masas, es conveniente para el mantenimiento de las libertades políticas, afirmando que la participación podría tener un efecto desestabilizador del sistema político, por ello mejor son los gobiernos puramente representativos y no participativos. Afirman que el pueblo no es capaz, por lo que la sociedad civil no debe, por ende, tomar parte en la gobernación, sino es por medio de sus representantes. Los representados no escogen a sus representantes, este viene presentado y avalado por un partido. Tampoco la voluntad popular es elaborada ni formulada por el pueblo, sino mediante la adhesión a las propuestas política de los candidatos y sus partidos, por lo que es la voluntad de éstos la que estructura la pluralidad de opiniones que da lugar a la voluntad popular y no al revés. El representante se somete a la disciplina de partido. La revocatoria de mandato viene del partido que otorga o retira la confianza política.
Escuela de la Democracia Participativa, que tiene antecedentes en JJ Rousseau. Para esta concepción el progreso camina hacia niveles más altos de participación, a través del desarrollo de mecanismos participativos, que incrementen el poder de incidencia de los gobernados sobre gobernantes. Reclama más espacio de participación, pues para los gobernantes muchas veces la participación se reduce a involucrar a la gente en la ejecución de políticas definidas desde arriba, obstruyendo la posibilidad de participación en el plano decisional (desarrollo participativo), en cambio para los movimientos sociales la búsqueda de participación real es una de las principales reinvindicaciones que esgrimen. Lo cierto es que hoy vivimos una pérdida de centralidad de la política. Los partidos están cada vez más desacreditados, al igual que los órganos del Estado, en especial el legislativo. Es necesario superar la concepción elitista. Los partidos deben ser instrumentos sociales para mediar entre la sociedad y el Estado, para que la sociedad se fortalezca con leyes e instituciones. Los movimientos sociales de la sociedad civil colocan demandas en la agenda pública, e intentan ejercer influencia, produciendo, en ocasiones, una presión constante, vía la esfera publica sobre los partidos para que estos reaccionen y traten de institucionalizar las nuevas demandas. Es necesaria la existencia de una sociedad civil fuerte, y un sistema político autónomo competitivo con partidos políticos democratizados, permeables a las necesidades y aspiraciones de la población. Esto es lo que sentaría las bases de la gobernabilidad democrática, a través de la capacidad del Estado para ejercer sus funciones ordinarias en un clima de continuidad; la capacidad las instituciones públicas para satisfacer necesidades mínimas de la población, y de generar capacidad incluyente; la generación y perdurabilidad de consensos básicos sobre la legitimidad del sistema político.
Una sociedad civil que participó en concertaciones como los Encuentro Panamá 2000, Visión Nacional 2020, y coadyuvó a la firma de cinco pactos (ambiente, juventud, mujer, participación y descentralización ) con las alianzas políticas en 1999; y que al mismo tiempo busca canales de participación por la presión directa o la negociación, es ejemplo de un pueblo cada vez más consciente y con capacidad de participar. Algunos no entienden esto, sino: ¿Cómo es posible que no fuese consultada para la elaboración del Plan de Seguridad Humana? ¿O se aprobara a tambor batiente el 31 de agosto, la Ley 44 que amplía los límites de la Cuenca del Canal, sin consulta nacional? ¿O se le niegue el voto a la sociedad civil en la Comisión de Reformas Electorales? ¿Cuál es tu escuela? ¿Elitismo o participación?
Lo cierto es que sólo 700 mil ciudadanos están inscritos en los partidos políticos, en su mayoría con una baja militancia fuera del período electoral. Pero la sociedad civil también posee bajos niveles organizativos y atomización en Panamá. Es un lugar de encuentro entre lo privado y lo público, una esfera de relaciones sociales y sus conflictos. Por tal razón no pueden asignársele a la sociedad civil papeles unidireccionales. No es un concepto "atrapa todo" ni puede ni debe mitificarse. Eso sí, ni Estado, ni mercado, ni sociedad civil tienen sólo la respuesta a los desafíos, por lo que deben articularse y contrapesarse.
La sociedad panameña expresa cada vez más visiblemente la existencia de una ciudadanía relegada al papel de consumidora, con una participación limitada o simplemente excluida del desarrollo y la democracia, muchas veces sólo sobreviviendo en las ranuras de un crecimiento económico que parece ser privativo de una franja de la sociedad, y una democracia bajo jurisdicción de los partidos políticos. Las relaciones entre sociedad civil y la sociedad política han estado marcadas casi siempre por el signo de la confrontación o de la subordinación, y pocas veces por relaciones de inclusión y participación. En la práctica son dos concepciones las que se agitan:
La Escuela Elitista de la Democracia, para la que la democracia funciona con relativos bajos niveles de participación, lo que permite un elevado nivel de autonomía de las elites que, por su supuesta mayor cultura político y vocación democrática en relación a las masas, es conveniente para el mantenimiento de las libertades políticas, afirmando que la participación podría tener un efecto desestabilizador del sistema político, por ello mejor son los gobiernos puramente representativos y no participativos. Afirman que el pueblo no es capaz, por lo que la sociedad civil no debe, por ende, tomar parte en la gobernación, sino es por medio de sus representantes. Los representados no escogen a sus representantes, este viene presentado y avalado por un partido. Tampoco la voluntad popular es elaborada ni formulada por el pueblo, sino mediante la adhesión a las propuestas política de los candidatos y sus partidos, por lo que es la voluntad de éstos la que estructura la pluralidad de opiniones que da lugar a la voluntad popular y no al revés. El representante se somete a la disciplina de partido. La revocatoria de mandato viene del partido que otorga o retira la confianza política.
Escuela de la Democracia Participativa, que tiene antecedentes en JJ Rousseau. Para esta concepción el progreso camina hacia niveles más altos de participación, a través del desarrollo de mecanismos participativos, que incrementen el poder de incidencia de los gobernados sobre gobernantes. Reclama más espacio de participación, pues para los gobernantes muchas veces la participación se reduce a involucrar a la gente en la ejecución de políticas definidas desde arriba, obstruyendo la posibilidad de participación en el plano decisional (desarrollo participativo), en cambio para los movimientos sociales la búsqueda de participación real es una de las principales reinvindicaciones que esgrimen. Lo cierto es que hoy vivimos una pérdida de centralidad de la política. Los partidos están cada vez más desacreditados, al igual que los órganos del Estado, en especial el legislativo. Es necesario superar la concepción elitista. Los partidos deben ser instrumentos sociales para mediar entre la sociedad y el Estado, para que la sociedad se fortalezca con leyes e instituciones. Los movimientos sociales de la sociedad civil colocan demandas en la agenda pública, e intentan ejercer influencia, produciendo, en ocasiones, una presión constante, vía la esfera publica sobre los partidos para que estos reaccionen y traten de institucionalizar las nuevas demandas. Es necesaria la existencia de una sociedad civil fuerte, y un sistema político autónomo competitivo con partidos políticos democratizados, permeables a las necesidades y aspiraciones de la población. Esto es lo que sentaría las bases de la gobernabilidad democrática, a través de la capacidad del Estado para ejercer sus funciones ordinarias en un clima de continuidad; la capacidad las instituciones públicas para satisfacer necesidades mínimas de la población, y de generar capacidad incluyente; la generación y perdurabilidad de consensos básicos sobre la legitimidad del sistema político.
Una sociedad civil que participó en concertaciones como los Encuentro Panamá 2000, Visión Nacional 2020, y coadyuvó a la firma de cinco pactos (ambiente, juventud, mujer, participación y descentralización ) con las alianzas políticas en 1999; y que al mismo tiempo busca canales de participación por la presión directa o la negociación, es ejemplo de un pueblo cada vez más consciente y con capacidad de participar. Algunos no entienden esto, sino: ¿Cómo es posible que no fuese consultada para la elaboración del Plan de Seguridad Humana? ¿O se aprobara a tambor batiente el 31 de agosto, la Ley 44 que amplía los límites de la Cuenca del Canal, sin consulta nacional? ¿O se le niegue el voto a la sociedad civil en la Comisión de Reformas Electorales? ¿Cuál es tu escuela? ¿Elitismo o participación?
