Embarazo de adolescentes
La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate -restando todavía un tercero- el proyecto de ley para garantizar atención médica a las adolescentes embarazadas. La iniciativa obedece a una dura realidad social representada por el hecho de que el 20% de todos los niños que nacen en el país son de madres menores de 18 años. Eso sin excluir los casos de abortos y pérdidas para los cuales no se tiene registro.
Según del proyecto, correspondería a la abrumada Caja de Seguro Social la atención de esas adolescentes lo cual a simple vista puede parecer simpático, visto con ojos de populismo político, pero que en el fondo es un disparate, por más que se diga que el Ministerio de Salud deba compensar al Seguro por los gastos de las jóvenes no aseguradas. La razón es sencilla: el mecanismo de compensación es lento y engorroso, además de que la infraestructura del Seguro Social no soporta más cargas ajenas si no puede con las propias.
Otro ángulo del problema es la necesidad de evaluar y reforzar los programas de educación sexual en las escuelas porque, con tan aterradoras cifras, no cabe otra conclusión que pensar que han fracasado. No sabemos las causas, esto es, si los programas requieren de actualización o si se ha bajado la guardia frente a una problemática que tiene décadas de arrastre. Es posible asímismo que sea necesario extenderlo a los hogares para incorporar a los padres y familia en general. Las juntas comunales podrían brindar apoyo en ese sentido, particularmente en zonas apartadas.
Una cosa es cierta, el problema de embarazo de adolescentes es grave y no podemos permitirmos como sociedad el ser insensibles a él o aceptarlo resignadamente como algo natural e inevitable, porque no es cierto. Nuestras jóvenes tienen derecho a cumplir y superar una fase inevitable de su vida en tránsito hacia la madurez, libre de cargas y responsabilidades propias de adultos, incluyendo la maternidad. La sociedad y el Estado deben unir fuerzas para que esa etapa de la vida tan inestable y vulnerable transcurra en forma constructiva para que nuestras adolescentes, llegadas a su mayoría de edad, hagan uso de sus opciones con pleno conocimiento de causa, no antes.
Por lo demás, no debe olvidarse otro extremo del problema, el del varón, adulto o adolescente, que es partícipe del mismo. Frente al adulto se requiere mayor rigor de la ley y de las autoridades para que asuma sus responsabilidades; y respecto al otro, se requiere también rigor, pero combinado con más educación sobre lo que implica la paternidad. La docencia en verdad es el instrumento más poderoso para enfrentar ese mal social porque, si llega a ser efectivo a nivel de niños y adolescentes varones, tal efecto perdurará a través de las etapas ulteriores y se multiplicará hacia sus propios hijos y hacia el resto de su entorno, para bien del país y la sociedad.
Según del proyecto, correspondería a la abrumada Caja de Seguro Social la atención de esas adolescentes lo cual a simple vista puede parecer simpático, visto con ojos de populismo político, pero que en el fondo es un disparate, por más que se diga que el Ministerio de Salud deba compensar al Seguro por los gastos de las jóvenes no aseguradas. La razón es sencilla: el mecanismo de compensación es lento y engorroso, además de que la infraestructura del Seguro Social no soporta más cargas ajenas si no puede con las propias.
Otro ángulo del problema es la necesidad de evaluar y reforzar los programas de educación sexual en las escuelas porque, con tan aterradoras cifras, no cabe otra conclusión que pensar que han fracasado. No sabemos las causas, esto es, si los programas requieren de actualización o si se ha bajado la guardia frente a una problemática que tiene décadas de arrastre. Es posible asímismo que sea necesario extenderlo a los hogares para incorporar a los padres y familia en general. Las juntas comunales podrían brindar apoyo en ese sentido, particularmente en zonas apartadas.
Una cosa es cierta, el problema de embarazo de adolescentes es grave y no podemos permitirmos como sociedad el ser insensibles a él o aceptarlo resignadamente como algo natural e inevitable, porque no es cierto. Nuestras jóvenes tienen derecho a cumplir y superar una fase inevitable de su vida en tránsito hacia la madurez, libre de cargas y responsabilidades propias de adultos, incluyendo la maternidad. La sociedad y el Estado deben unir fuerzas para que esa etapa de la vida tan inestable y vulnerable transcurra en forma constructiva para que nuestras adolescentes, llegadas a su mayoría de edad, hagan uso de sus opciones con pleno conocimiento de causa, no antes.
Por lo demás, no debe olvidarse otro extremo del problema, el del varón, adulto o adolescente, que es partícipe del mismo. Frente al adulto se requiere mayor rigor de la ley y de las autoridades para que asuma sus responsabilidades; y respecto al otro, se requiere también rigor, pero combinado con más educación sobre lo que implica la paternidad. La docencia en verdad es el instrumento más poderoso para enfrentar ese mal social porque, si llega a ser efectivo a nivel de niños y adolescentes varones, tal efecto perdurará a través de las etapas ulteriores y se multiplicará hacia sus propios hijos y hacia el resto de su entorno, para bien del país y la sociedad.
