Empresas violan normas legales y éticas
Carnival Lines, que lleva el mayor número de turistas en sus cruceros al Caribe y Centroamérica, continúa en su lucha por entrar al mercado británico y alemán, a pesar de que hasta el momento fracasó en su intento de adquirir la Royal Caribbean Cruises. El objetivo de Mickey Arneson, el aguerrido presidente de Carnival, de consolidar su imperio turístico fue frustrado con el "merger" de las compañías británicas Royal Caribbean y P & O Princess. La operación fue evaluada en 3.7 mil millones de dólares, y de inmediato recibió el beneplácito de las autoridades marítimas de esta capital. Esto no quiere decir que Carnival, que ya incorporó a la Holland America Line y Seabourne Cruise Line, entre otras, a su naciente monopolio, haya abandonado sus pretensiones a una continua expansión. Es notable que estos planes expansionistas hacen caso omiso a la conducta ética de la compañía. El hecho de que en días recientes Carnival fue objeto de multas por un total de 35 millones de dólares porque sus naves aparentemente violaron leyes ambientales volcando desperdicios en alta mar, evidentemente no tuvo ningún efecto sobre la operación. A esta irregularidad hay que añadir el hecho de que los funcionarios de Carnival responsables falsificaron los análisis que fueron entregados a los inspectores, según un informe del periódico londinense Financial Times.
Lo notable a estas alturas es la proliferación de las violaciones de las normas legales y éticas en que incurren las grandes empresas y el poco impacto que estas violaciones parecen tener para las operaciones financieras. Basta con resaltar la más reciente confesión por parte de los ejecutivos de prestigiosas firmas como WorldCom y Xerox que en vez de las ganancias que anunciaron el pasado año, incurrieron en masivas pérdidas, para no mencionar las espectaculares irregularidades incurridas por Enron y Tyco International. A estos episodios se suma ahora, Martha Stewart, otro icono de la sociedad de consumo, con acusaciones de que su multimillonaria empresa ha incurrido en manipuleo de sus acciones con un aliado en la compañía Merrill Lynch & Co., por lo cual ambos pueden ir a la cárcel. Hasta The Wall Street Journal, ese bastión del capitalismo, reconoce que las instituciones creadas por el sistema para controlar estos abusos han fallado. Refiriéndose a las flagrantes infracciones cometidas por la una vez respetada contaduría de Anderson "cedió ante el ímpetu de obtener el máximo de ganancias para sus clientes". La sombra del caso Enron sigue golpeando la confianza de los inversores en la contabilidad de las grandes compañías. Tras el escándalo de Worldcom, que sacudió las bolsas mundiales el pasado miércoles, la Comisión Federal de Mercados de Valores (SEC en sus siglas en inglés) ha detectado anomalías en los balances del fabricante de ofimática Xerox.
Las autoridades bursátiles de Estados Unidos estimaron en abril que la cifra de ingresos no contabilizados por la compañía ascendió a 3,000 millones de dólares para el período comprendido entre 1997 y 2000, y, según el diario The Wall Street Journal, incluyendo el 2001, ascenderían a 6,000 millones. La noticia ha caído como una bomba entre los analistas antes del inicio de la jornada bursátil en Nueva York. Los títulos de Xerox perdían 2,85 dólares, o un 35% de su valor, en los mercados electrónicos que funcionan antes de la apertura de Wall Street. Con el inicio de la sesión en Nueva York las acciones del fabricante de máquinas de fotocopias han quedado suspendidas.
Una portavoz de la empresa, Christa Carone, sin embargo, no ha querido dar respuesta a la información publicada por The Wall Street Journal, que cuantifica esta cantidad en más de 6,000 millones de dólares. En una entrevista con la cadena de información financiera CNN, la misma portavoz ha asegurado que la empresa modificará los ingresos de los últimos ejercicios, pero ha señalado que se acercarán a los 2.000 millones de dólares, o un 2% de los ingresos de esos cinco años.
Ha mostrado, asimismo, su convicción de que la empresa enviará las cuentas revisadas de esos años a la SEC "muy pronto", y utilizará las nuevas normas para el ejercicio del 2001 y el 2002. Según The Wall Street Journal, el descubrimiento del fraude contable se habría producido en el transcurso de una auditoría iniciada por la propia compañía a instancias de las autoridades bursátiles estadounidenses.
Este nuevo escándalo financiero tiene lugar tres días después de que la compañía telefónica WorldCom, la segunda de larga distancia de EU, reconociera un fraude de unos 3,800 millones de dólares al contabilizar unos gastos operativos como gastos de capital durante el último año y medio.
"En todo el mundo, pero en Europa en particular, los telecos están intentando sobrevivir a una crisis empresarial de grandes dimensiones provocada por las licencias billonarias que tuvieron que pagar para hacerse un lugar en el sol de las nuevas tecnologías telefónicas," acusa una nota editorial e El País de Madrid. "El hecho descarnado es que la tecnología prometida no está disponible, que las compañías reforzaron sus ventajas monopolísticas nacionales con la compra de estas licencias, que se vieron obligadas a multiplicar su endeudamiento y que ahora algunas de ellas se encuentran al borde del colapso financiero porque lo que compraron con tanto esfuerzo no genera sino pérdidas en sus cuentas de resultados".
Tampoco se puede eludir la responsabilidad de los gobiernos en esta convulsión financieras; fueron ellos, en especial los europeos, quienes promovieron subastas abiertas y sin límites para entregar licencias con tecnologías sin fecha de utilización. Hay que preguntarse cuál será la estrategia de los gobiernos de Estados Unidos, Alemania, Francia o Reino Unido, todos ellos participantes en la reunión de los países más ricos del mundo (el famoso G-8), para cauterizar las heridas financieras abiertas en el mercado de las comunicaciones por decisiones que a la postre se han revelado como catastróficas, y al mismo tiempo ayudar a la economía argentina a salir de la espiral de ruina que amenaza ya a Brasil o Chile.
Tenemos que asimilar la dolorosa lección que ella entraña. Es una llamada de atención a los cientos de miles de habitantes que forman la población de la región metropolitana, para que unan esfuerzos para la defensa de sus derechos humanos frente a la amenaza que representan los tránsitos de materiales radiactivos por aguas panameñas y por el Canal de Panamá.
Estos remiendos, aseguró, llevan a la Corte a resolver las demandas de inconstitucionalidad y flexibilizar los textos constitucionales "para adaptarlos a situaciones muy concretas que han quedado fuera del paraguas constitucional, y que dan como resultado interpretaciones dañinas y perversas de los textos de la Constitución".
En tanto, el general retirado Rubén Darío Paredes, también respaldó la idea de instalar una Constituyente Paralela, para no causar traumas y en donde no se sustituya a la Asamblea vigente, para que no se interprete como una interrupción del sistema democrático.
Indicó que, a su juicio, el método más rápido es que el Ejecutivo convoque a las fuerzas vivas del país para que presenten ternas y que pueda escoger una asamblea designada por la voluntad de los propios sectores. "Lo importante no es la vía de elección, lo primordial es el cambio constitucional y sus resultados", enfatizó.
Para los legisladores del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Jerry Wilson, y del Partido Popular, Teresita Yaniz de Arias, cualquier cambio a la Constitución en estos momentos, en especial mediante una Constituyente, sería traumático y riesgoso.
Según Wilson, aunque el tema no ha sido discutido en el PRD, consideró que ha llegado el momento de darse reformas constitucionales integrales, pero enmarcándose dentro de los mecanismos que establece la propia Constitución.
La legisladora Teresita Yaniz de Arias, por su parte, dijo tener sus dudas del llamado a una Constituyente, ya que más que ser la cura milagrosa, puede crear una incertidumbre en cuanto al marco legal con el que se va a manejar el país.
Sin embargo, enfatizó que la Constitución necesita reformas, que bien se pudieran hacer sin la convocatoria de una Constituyente, buscando una gran concertación en torno a los temas principales, pero siguiendo los mecanismos que establece la actual constitución.
"Además, dudo mucho que el actual gobierno esté interesado en convocar a una Constituyente. Cuando una Constituyente comienza, uno sabe dónde empieza, pero uno no sabe hasta dónde o cuándo termina. Hay temas mucho más urgentes que atender", recalcó.
Mientras que para el legislador oficialista, José Isabel Blandón, es indiscutible que la Constitución actual requiere de una revisión integral y unas profundas modificaciones, y aunque sostuvo que el mecanismo más democrático sería el de una Constituyente, la decisión dependerá del consenso de las fuerzas políticas y sociales del país.
"El medio, en alguna medida importa, pero lo más importante son las metas que alcancemos. Y si llegamos a esa meta, no importa si se hace a través de una reforma o a través de una Constituyente", enfatizó.
Los cambios que, primordialmente, deben plasmarse en una nueva Carta Magna, según constitucionalistas, están centrados en reducir la alta concentración de poder en el Organo Ejecutivo, eliminar privilegios a los miembros del Organo Legislativo y ordenar y darle independencia al Organo Judicial.
Pero para lograrlo, será necesario que las partes abandonen sus intereses políticos y personales, para poner al país a la vanguardia del constitucionalismo. ¿Será eso posible?
Lo notable a estas alturas es la proliferación de las violaciones de las normas legales y éticas en que incurren las grandes empresas y el poco impacto que estas violaciones parecen tener para las operaciones financieras. Basta con resaltar la más reciente confesión por parte de los ejecutivos de prestigiosas firmas como WorldCom y Xerox que en vez de las ganancias que anunciaron el pasado año, incurrieron en masivas pérdidas, para no mencionar las espectaculares irregularidades incurridas por Enron y Tyco International. A estos episodios se suma ahora, Martha Stewart, otro icono de la sociedad de consumo, con acusaciones de que su multimillonaria empresa ha incurrido en manipuleo de sus acciones con un aliado en la compañía Merrill Lynch & Co., por lo cual ambos pueden ir a la cárcel. Hasta The Wall Street Journal, ese bastión del capitalismo, reconoce que las instituciones creadas por el sistema para controlar estos abusos han fallado. Refiriéndose a las flagrantes infracciones cometidas por la una vez respetada contaduría de Anderson "cedió ante el ímpetu de obtener el máximo de ganancias para sus clientes". La sombra del caso Enron sigue golpeando la confianza de los inversores en la contabilidad de las grandes compañías. Tras el escándalo de Worldcom, que sacudió las bolsas mundiales el pasado miércoles, la Comisión Federal de Mercados de Valores (SEC en sus siglas en inglés) ha detectado anomalías en los balances del fabricante de ofimática Xerox.
Las autoridades bursátiles de Estados Unidos estimaron en abril que la cifra de ingresos no contabilizados por la compañía ascendió a 3,000 millones de dólares para el período comprendido entre 1997 y 2000, y, según el diario The Wall Street Journal, incluyendo el 2001, ascenderían a 6,000 millones. La noticia ha caído como una bomba entre los analistas antes del inicio de la jornada bursátil en Nueva York. Los títulos de Xerox perdían 2,85 dólares, o un 35% de su valor, en los mercados electrónicos que funcionan antes de la apertura de Wall Street. Con el inicio de la sesión en Nueva York las acciones del fabricante de máquinas de fotocopias han quedado suspendidas.
Una portavoz de la empresa, Christa Carone, sin embargo, no ha querido dar respuesta a la información publicada por The Wall Street Journal, que cuantifica esta cantidad en más de 6,000 millones de dólares. En una entrevista con la cadena de información financiera CNN, la misma portavoz ha asegurado que la empresa modificará los ingresos de los últimos ejercicios, pero ha señalado que se acercarán a los 2.000 millones de dólares, o un 2% de los ingresos de esos cinco años.
Ha mostrado, asimismo, su convicción de que la empresa enviará las cuentas revisadas de esos años a la SEC "muy pronto", y utilizará las nuevas normas para el ejercicio del 2001 y el 2002. Según The Wall Street Journal, el descubrimiento del fraude contable se habría producido en el transcurso de una auditoría iniciada por la propia compañía a instancias de las autoridades bursátiles estadounidenses.
Este nuevo escándalo financiero tiene lugar tres días después de que la compañía telefónica WorldCom, la segunda de larga distancia de EU, reconociera un fraude de unos 3,800 millones de dólares al contabilizar unos gastos operativos como gastos de capital durante el último año y medio.
"En todo el mundo, pero en Europa en particular, los telecos están intentando sobrevivir a una crisis empresarial de grandes dimensiones provocada por las licencias billonarias que tuvieron que pagar para hacerse un lugar en el sol de las nuevas tecnologías telefónicas," acusa una nota editorial e El País de Madrid. "El hecho descarnado es que la tecnología prometida no está disponible, que las compañías reforzaron sus ventajas monopolísticas nacionales con la compra de estas licencias, que se vieron obligadas a multiplicar su endeudamiento y que ahora algunas de ellas se encuentran al borde del colapso financiero porque lo que compraron con tanto esfuerzo no genera sino pérdidas en sus cuentas de resultados".
Tampoco se puede eludir la responsabilidad de los gobiernos en esta convulsión financieras; fueron ellos, en especial los europeos, quienes promovieron subastas abiertas y sin límites para entregar licencias con tecnologías sin fecha de utilización. Hay que preguntarse cuál será la estrategia de los gobiernos de Estados Unidos, Alemania, Francia o Reino Unido, todos ellos participantes en la reunión de los países más ricos del mundo (el famoso G-8), para cauterizar las heridas financieras abiertas en el mercado de las comunicaciones por decisiones que a la postre se han revelado como catastróficas, y al mismo tiempo ayudar a la economía argentina a salir de la espiral de ruina que amenaza ya a Brasil o Chile.
Tenemos que asimilar la dolorosa lección que ella entraña. Es una llamada de atención a los cientos de miles de habitantes que forman la población de la región metropolitana, para que unan esfuerzos para la defensa de sus derechos humanos frente a la amenaza que representan los tránsitos de materiales radiactivos por aguas panameñas y por el Canal de Panamá.
Estos remiendos, aseguró, llevan a la Corte a resolver las demandas de inconstitucionalidad y flexibilizar los textos constitucionales "para adaptarlos a situaciones muy concretas que han quedado fuera del paraguas constitucional, y que dan como resultado interpretaciones dañinas y perversas de los textos de la Constitución".
En tanto, el general retirado Rubén Darío Paredes, también respaldó la idea de instalar una Constituyente Paralela, para no causar traumas y en donde no se sustituya a la Asamblea vigente, para que no se interprete como una interrupción del sistema democrático.
Indicó que, a su juicio, el método más rápido es que el Ejecutivo convoque a las fuerzas vivas del país para que presenten ternas y que pueda escoger una asamblea designada por la voluntad de los propios sectores. "Lo importante no es la vía de elección, lo primordial es el cambio constitucional y sus resultados", enfatizó.
Para los legisladores del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Jerry Wilson, y del Partido Popular, Teresita Yaniz de Arias, cualquier cambio a la Constitución en estos momentos, en especial mediante una Constituyente, sería traumático y riesgoso.
Según Wilson, aunque el tema no ha sido discutido en el PRD, consideró que ha llegado el momento de darse reformas constitucionales integrales, pero enmarcándose dentro de los mecanismos que establece la propia Constitución.
La legisladora Teresita Yaniz de Arias, por su parte, dijo tener sus dudas del llamado a una Constituyente, ya que más que ser la cura milagrosa, puede crear una incertidumbre en cuanto al marco legal con el que se va a manejar el país.
Sin embargo, enfatizó que la Constitución necesita reformas, que bien se pudieran hacer sin la convocatoria de una Constituyente, buscando una gran concertación en torno a los temas principales, pero siguiendo los mecanismos que establece la actual constitución.
"Además, dudo mucho que el actual gobierno esté interesado en convocar a una Constituyente. Cuando una Constituyente comienza, uno sabe dónde empieza, pero uno no sabe hasta dónde o cuándo termina. Hay temas mucho más urgentes que atender", recalcó.
Mientras que para el legislador oficialista, José Isabel Blandón, es indiscutible que la Constitución actual requiere de una revisión integral y unas profundas modificaciones, y aunque sostuvo que el mecanismo más democrático sería el de una Constituyente, la decisión dependerá del consenso de las fuerzas políticas y sociales del país.
"El medio, en alguna medida importa, pero lo más importante son las metas que alcancemos. Y si llegamos a esa meta, no importa si se hace a través de una reforma o a través de una Constituyente", enfatizó.
Los cambios que, primordialmente, deben plasmarse en una nueva Carta Magna, según constitucionalistas, están centrados en reducir la alta concentración de poder en el Organo Ejecutivo, eliminar privilegios a los miembros del Organo Legislativo y ordenar y darle independencia al Organo Judicial.
Pero para lograrlo, será necesario que las partes abandonen sus intereses políticos y personales, para poner al país a la vanguardia del constitucionalismo. ¿Será eso posible?
