En 369 días decidiremos
Desde que somos república, nuestro sistema político electoral ha tenido dueños, por épocas: de 1903 a 1968, los grupos de intereses económicos, solos, con el apoyo de los Estados Unidos o de los detentadores de las armas; de 1968 a 1989, los militares; y, desde entonces, las partidas de intereses conocidas como partidos políticos. Y si no ocurre algo dramático en los 369 días que faltan para las elecciones de mayo de 2009, seguirá siendo de la propiedad exclusiva del grupo, de no más de 25 personas, que son los dueños de los partidos políticos, gracias a la patraña legal vigente, creada por ellos con el contubernio del Tribunal Electoral.
En Panamá, es una falacia lo que dice el Artículo 2 de la Constitución, de que "El Poder Público sólo emana del pueblo". De hecho, el pueblo no tiene libertad para escoger a sus gobernantes, porque se le imponen los candidatos. Los dueños de los partidos, con la complicidad contumaz del Tribunal Electoral, deciden por quienes debemos votar. Sólo ellos, tienen derecho a postular candidatos o candidatas para la presidencia. Los electores estamos relegados a mirar desde la gradería como en el circo de la componendas políticas, ya en pleno apogeo, se arreglan y desarreglan alianzas, para repartir "espacios políticos" (entiéndase repartir "la papa presupuestaria"), donde lo que menos importa son las necesidades del pueblo y de sus sectores más paupérrimos, a los que ahora se les ofrecen, como ha sido siempre, toneladas de demagogia y millones de promesas para comprar su voto.
Según la Constitución, "Para ser Presidente o Vicepresidente de la República se requiere: 1. Ser panameño por nacimiento. 2. Haber cumplido treinta y cinco años de edad." Pero el Código Electoral, engendrado por los partidos políticos, y parteado por el Tribunal Electoral, violándola abiertamente, agregó otro requisito: Ser postulado por un partido político.
Si somos más los electores que no pertenecemos a partidos, que todos los inscritos en todos los partidos juntos, ¿porqué un partido, grande o pequeño (algunos, de a vaina llegan a 30,000 adherentes), puede tener más derecho que, por ejemplo, que 50 ó 100,000 ciudadanos, que no desean pertenecer a partidos, para postular un candidato o candidata a la presidencia?
Igualmente ilógico es que un partiducho que en algún momento (Dios sabrá cómo), logró la cuota mínima de 60,000 adherentes, pero cuya clientela (hay más de un caso) se ha reducido a menos de la mitad, siga conservando "el privilegio" de postular candidatos a la presidencia y vicepresidencia; pero a 50,000 ó 100,000 ciudadanos, que quisieran hacerlo, se les niegue ese derecho. ¡Coja usted ese trompo en la uña! Eso es bellaquería política pero no democracia.
Si no queremos, dentro de 369 días, tener que volver a escoger entre los mismos de siempre y los partidos de siempre (el nombre y la careta no importan), debemos comenzar por echar abajo el engendro antidemocrático del monopolio de las postulaciones, creado para favorecer a los partidos, con la complicidad de sus protectores del Tribunal Electoral.
