¡En armónica subordinación!
Otra vez se repite el sainete de "las facultades extraordinarias". Otra vez nuestra excesiva, costosa e inútil Asamblea vuelve a renunciar indebidamente a su razón de ser y a su responsabilidad constitucional, para que Torrijos legisle como le venga en ganas y, entre otras cosas, elimine la prohibición legal de nombrar a militares en la jefatura de la Policía Nacional.
Las llamadas "facultades extraordinarias", lo he advertido en varias ocasiones, son un zarpazo al Estado de Derecho y a la democracia. Mediante ese aberrante subterfugio, la Asamblea permite que el Organo Ejecutivo usurpe la función de legislar y que, amparándose con el pretexto baladí de que "la necesidad lo exige", evada la discusión pública de leyes que le interesa imponer.
La renuncia de "los padres de la patria" a ejercer su facultad y deber constitucional de legislar, es tanto más vergonzosa por cuanto, además de cederla sumisamente al Organo Ejecutivo, tampoco cumplen con su obligación, como lo exige la Constitución, en el numeral 16 del Artículo 159, de legislar; es decir, de discutir y convertir a leyes los decretos-leyes, en la "legislatura ordinaria inmediatamente siguiente a la promulgación del Decreto-Ley de que se trate". Ningún Decreto-Ley debe exceder en su vigencia a la duración de la "legislatura ordinaria inmediatamente siguiente". Sin embargo, en Panamá, eso no se cumple, a ciencia y paciencia de la Asamblea, de los políticos de la llamada oposición, de sectores económicos interesados y de la sociedad civil.
Una de las principales razones para que los decretos-leyes subsistan como una legislación con carácter permanente es que en muchas ocasiones sectores económicos poderosos los han promovido y utilizado para lograr "acomodar sus intereses"; sin detenerse a pensar en que de la misma manera en que pueden resultar circunstancialmente beneficiados, también han abierto el camino para que el gobernante de turno los aproveche para imponer, dictatorialmente y sin discusión pública, leyes abiertamente inconvenientes.
Siendo como es una realidad que el gobierno de turno cuenta con una mayoría obsecuente en la Asamblea, era y es previsible que Torrijos recurriera y siga recurriendo a las "facultades extraordinarias", cada vez que le venga en ganas. Que lo haga y que su acólitos en la Asamblea lo autoricen y lo aplaudan no debe, por tanto, extrañarnos. Pero sí debe alarmarnos que los diputados de la llamada oposición, los dirigentes de sus partidos y el resto de la sociedad, lo acepte con una actitud de cuasi complicidad.
Los diputados de la llamada oposición no deben limitarse a votar contra la concesión de facultades extraordinarias. Deben rechazarlas enérgicamente. Siendo consecuentes con su obligación constitucional debieran hacer y suscribir, todos, especialmente los que aspiran a la reelección, una declaración pública en la que repudien la usurpación de la función legislativa por el Organo Ejecutivo y exijan que en la Ley que otorga las facultades extraordinarias se incluya un artículo que expresamente lo obligue a presentar para su discusión, y aprobación o rechazo, los decretos-leyes que dicte en uso de ellas, en la legislatura ordinaria inmediatamente siguiente.
Señores diputados: La Constitución, no deben olvidarlo, dice que los órganos del Estado deben actuar en armónica colaboración; no en "armónica subordinación".
