En defensa de la libertad
CREEMOS, sin lugar a dudas, en el discurso de la opinión pública que se erige o construye sobre bases de racionalidad y no de los perversos apasionamientos que terminan dando testimonio de la crueldad humana y cuando no de la miseria de espíritu que abriga a las almas pobres. Censurar al ignorante o al ingenuo tal vez nos resulte tarea difícil merced al postrado estado intelectual en que éstas se encuentran. Pero no escatimaremos ahorro de palabra alguna, la inteligente, dinámica y autorizada, para reprochar a quienes se dicen ser generadores de opinión pública, esos pseudos intelectuales que creen saber de todo y que saben actuar dolosamente para enervar las mentes núbiles o a las débiles en procura de sembrar fuegos que pueden resultar muy peligrosos para la sobrevivencia del Estado de Derecho y el mantenimiento o preservación de la paz social. ¡Mucho cuidado con esos fuegos que se generan teniendo como elementos o combustibles que los inflama el fósforo del odio, la astilla encendida de la mala pasión, la gasolina de la mentira, la brasa incandescente de la perfidia, en fin.
Tal vez, el cálculo que no hacen los fustigadores de la verdad, los que crucifican la paz social y jurídica de nuestro pueblo y de nuestra gente es que ellos mismos pueden terminar siendo víctimas de sus propias discursivas. Ya lo dicen las epístolas paulinas: "Pequeño órgano o miembro del cuerpo es la lengua y cuánto fuego es capaz de encender".
Lo dicho de manera preambular guarda relación con diversos y variados temas que nos vienen sucediendo, casi a diario, en nuestro medio: La criminalidad que va en aumento; la inseguridad ciudadana que salta a la vista; que el desempleo y el hambre mitigan al hombre y a la mujer panameños; que la corrupción no se acaba; que existe un fracaso del sistema de justicia mismo que es acusado de permanente crisis; que si las incoherencias en las investigaciones y la desarmonía en la aplicación de las leyes, etc., son, entre tantos otros temas, cuestiones que tienen tratos y perspectivas ambivalentes e imprecisas, y cuando no incoherentes. Vivimos un auténtico "corsi et recorsi"ir y venir. Es lo que por nuestra parte hemos denominado el carácter pendular del ser nacional.
Hoy escuchamos a alguien atacar el instituto de la detención preventiva; mañana escuchamos a otro defenderla; pues queda claro que dependiendo del caso y del acusado crucificamos los beneficios constitucionales de la tutela judicial y efectiva de la libertad ambulatoria; dependiendo también del matiz del caso y del sujeto acusado, de sus relaciones sociales o políticas, terminamos aprisionando los postulados de la libertad, de un sistema de garantías procesales. Y es que hay que explicar que el tema de la nueva justicia penal transita por un necesario, previo e incondicional cambio de mentalidad de toda la sociedad: se trata de una cuestión netamente cultural, sociológica. Si seguimos pensando a la usanza del método inquisitivo de Torquemada, de nada valen los cambios de una justicia penal de matiz acusatoria que ha propuesto la Comisión Codificadora; de nada valdrán las propuestas de lege ferenda que han sido planteadas en temas referidos a los subrogados penales; a la justicia garantista; a las penas sustitutivas de la pena de prisión; del arresto domiciliario o de fines de semana; de los permisos laborales, educativos, religiosos, etc. Toda propuesta seria y objetiva quedará enmarcada en un tétrico escenario de burla, de poco importa, de indiferencia.
Las reformas penales y procesales que se han esbozado persiguen darle vida a los textos constitucionales que legitiman un auténtico Estado de Derecho; que la palabra democracia judicial sea ejemplificativa del libre acceso de todos los ciudadanos al sistema de justicia; que se acabe de una vez por todas con las persistentes críticas sociales de que vivimos inmersos en una justicia penal de carácter selectivo. Los panameños, todos cuantos vivimos en este pequeño país, tenemos la obligación de respetar cuestiones que resultan elementales para otras adelantadas culturas jurídicas: hablamos del derecho al estado de inocencia que tiene toda persona que es acusada de la comisión de un delito; del respeto a su dignidad humana como único, real y verdadero patrimonio; de que se le garantice un debido proceso en el que le hayan sido vivenciadas todas las garantías, libertades y derechos constitucionales y legales, amén de los previstos en los pactos y convenios internacionales que han sido ratificados por la República de Panamá e integrándolo de este modo a la legislación nacional. Sin embargo, siendo que el catálogo de esos derechos y libertades es extenso, y que el breve espacio que se nos confiere para este artículo no permite su enumeración, debo terminar señalando, casi con deje de tristeza, que hayan abogados -que se creen superiores a Catón- que despotrican del credo que ellos mismos deberían profesar: Creer en el derecho a la defensa que tiene todo acusado y respetar al letrado defensor que ejerce noble y apostólicamente su profesión. El abogado, cualesquiera que sea la causa que atiende, merece el respeto y mejor trato posibles. Su misión es sagrada: la defensa del acusado es inviolable. Su apostolado es bíblico: en el Génesis se anuncia en la palabra del propio Dios tras el primer juicio de la historia humana; es grandiosa, pues sólo los abogados que saben defender y ejercer su dulce misión se elevan por encima de la diatriba, la chicana y la mezquindad humana y así se agigantan, cuales Divides, frente al Goliat inmisericorde y prepotente que pernocta en el triste panorama que le brinda la realidad del caso y que no es otra que la realidad del acusado. Sólo los que no han sido acusados, los que nunca han perpetrado un delito o nunca se han visto inmersos o relacionados en una vorágine jurídica, son quienes de modo ignorante o solapado, esgrimen sables en contra de la libertad humana y de la dignidad del hombre. Yo puedo dar testimonio, quien escribe estas notas, que he visto a hombres y a mujeres, que antes criticaban acremente el derecho de inocencia y fustigar las libertades dadas a los acusados, luego rogar, gemir, exigir, "respeto a sus derechos constitucionales y legales". El discurso de los que detractan de la libertad del hombre, que aprisionan las alas de las garantías procesales, de los derechos en el proceso de las partes, sobre todo los del acusado, es un discurso plagado de sofismas, de mentiras, propias de la estulticia que subyace en el consciente de quienes creyendo ser sabios nos resultan verdaderos necios. Confieso que como abogado penalista, a diario, vivo esta realidad a como también confieso que a diario trato con la estulticia humana: la miseria de las almas pobres y egoístas que decaen en la perversión.
stekrakri@hotmail.com
Tal vez, el cálculo que no hacen los fustigadores de la verdad, los que crucifican la paz social y jurídica de nuestro pueblo y de nuestra gente es que ellos mismos pueden terminar siendo víctimas de sus propias discursivas. Ya lo dicen las epístolas paulinas: "Pequeño órgano o miembro del cuerpo es la lengua y cuánto fuego es capaz de encender".
Lo dicho de manera preambular guarda relación con diversos y variados temas que nos vienen sucediendo, casi a diario, en nuestro medio: La criminalidad que va en aumento; la inseguridad ciudadana que salta a la vista; que el desempleo y el hambre mitigan al hombre y a la mujer panameños; que la corrupción no se acaba; que existe un fracaso del sistema de justicia mismo que es acusado de permanente crisis; que si las incoherencias en las investigaciones y la desarmonía en la aplicación de las leyes, etc., son, entre tantos otros temas, cuestiones que tienen tratos y perspectivas ambivalentes e imprecisas, y cuando no incoherentes. Vivimos un auténtico "corsi et recorsi"ir y venir. Es lo que por nuestra parte hemos denominado el carácter pendular del ser nacional.
Hoy escuchamos a alguien atacar el instituto de la detención preventiva; mañana escuchamos a otro defenderla; pues queda claro que dependiendo del caso y del acusado crucificamos los beneficios constitucionales de la tutela judicial y efectiva de la libertad ambulatoria; dependiendo también del matiz del caso y del sujeto acusado, de sus relaciones sociales o políticas, terminamos aprisionando los postulados de la libertad, de un sistema de garantías procesales. Y es que hay que explicar que el tema de la nueva justicia penal transita por un necesario, previo e incondicional cambio de mentalidad de toda la sociedad: se trata de una cuestión netamente cultural, sociológica. Si seguimos pensando a la usanza del método inquisitivo de Torquemada, de nada valen los cambios de una justicia penal de matiz acusatoria que ha propuesto la Comisión Codificadora; de nada valdrán las propuestas de lege ferenda que han sido planteadas en temas referidos a los subrogados penales; a la justicia garantista; a las penas sustitutivas de la pena de prisión; del arresto domiciliario o de fines de semana; de los permisos laborales, educativos, religiosos, etc. Toda propuesta seria y objetiva quedará enmarcada en un tétrico escenario de burla, de poco importa, de indiferencia.
Las reformas penales y procesales que se han esbozado persiguen darle vida a los textos constitucionales que legitiman un auténtico Estado de Derecho; que la palabra democracia judicial sea ejemplificativa del libre acceso de todos los ciudadanos al sistema de justicia; que se acabe de una vez por todas con las persistentes críticas sociales de que vivimos inmersos en una justicia penal de carácter selectivo. Los panameños, todos cuantos vivimos en este pequeño país, tenemos la obligación de respetar cuestiones que resultan elementales para otras adelantadas culturas jurídicas: hablamos del derecho al estado de inocencia que tiene toda persona que es acusada de la comisión de un delito; del respeto a su dignidad humana como único, real y verdadero patrimonio; de que se le garantice un debido proceso en el que le hayan sido vivenciadas todas las garantías, libertades y derechos constitucionales y legales, amén de los previstos en los pactos y convenios internacionales que han sido ratificados por la República de Panamá e integrándolo de este modo a la legislación nacional. Sin embargo, siendo que el catálogo de esos derechos y libertades es extenso, y que el breve espacio que se nos confiere para este artículo no permite su enumeración, debo terminar señalando, casi con deje de tristeza, que hayan abogados -que se creen superiores a Catón- que despotrican del credo que ellos mismos deberían profesar: Creer en el derecho a la defensa que tiene todo acusado y respetar al letrado defensor que ejerce noble y apostólicamente su profesión. El abogado, cualesquiera que sea la causa que atiende, merece el respeto y mejor trato posibles. Su misión es sagrada: la defensa del acusado es inviolable. Su apostolado es bíblico: en el Génesis se anuncia en la palabra del propio Dios tras el primer juicio de la historia humana; es grandiosa, pues sólo los abogados que saben defender y ejercer su dulce misión se elevan por encima de la diatriba, la chicana y la mezquindad humana y así se agigantan, cuales Divides, frente al Goliat inmisericorde y prepotente que pernocta en el triste panorama que le brinda la realidad del caso y que no es otra que la realidad del acusado. Sólo los que no han sido acusados, los que nunca han perpetrado un delito o nunca se han visto inmersos o relacionados en una vorágine jurídica, son quienes de modo ignorante o solapado, esgrimen sables en contra de la libertad humana y de la dignidad del hombre. Yo puedo dar testimonio, quien escribe estas notas, que he visto a hombres y a mujeres, que antes criticaban acremente el derecho de inocencia y fustigar las libertades dadas a los acusados, luego rogar, gemir, exigir, "respeto a sus derechos constitucionales y legales". El discurso de los que detractan de la libertad del hombre, que aprisionan las alas de las garantías procesales, de los derechos en el proceso de las partes, sobre todo los del acusado, es un discurso plagado de sofismas, de mentiras, propias de la estulticia que subyace en el consciente de quienes creyendo ser sabios nos resultan verdaderos necios. Confieso que como abogado penalista, a diario, vivo esta realidad a como también confieso que a diario trato con la estulticia humana: la miseria de las almas pobres y egoístas que decaen en la perversión.
stekrakri@hotmail.com
