En defensa de la libre expresión
Se está produciendo en el país un debate de lo más interesante, sobre un tema que es fundamental para la vida en democracia y en el que Panamá ha venido avanzando a buen paso en los últimos años.
La libertad de expresión e información está reconocida universalmente como un derecho humano fundamental. No se trata de una concesión graciosa que hacen los Estados ni sus agentes o funcionarios, sino de un derecho inherente a las personas, tan importante como el derecho a la vida y a la honra.
Hay quienes cuestionan que, en ocasiones, la libre circulación de ideas y la difusión de información pueden llegar a lesionar otros derechos, como el de la privacidad y el de la honra. En efecto, ello puede ser así, y para evitarlo, se ha establecido el sistema de responsabilidades ulteriores, que impide la censura previa.
Y esas responsabilidades son necesarias para asegurar dos cosas: el respeto a los derechos o a la reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
Desde octubre del año 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, definiendo el debate sobre el peso del derecho a la libre expresión, enfrentado al derecho a la honra de los servidores públicos y personas públicas, determinó que "la protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público".
Ese postulado, que hace parte del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, y por ende pertenece a lo que los juristas denominan el "bloque de la constitucionalidad", en Panamá, hasta ahora, no se ha adoptado y debemos hacerlo.
La libertad de expresión e información está reconocida universalmente como un derecho humano fundamental. No se trata de una concesión graciosa que hacen los Estados ni sus agentes o funcionarios, sino de un derecho inherente a las personas, tan importante como el derecho a la vida y a la honra.
Hay quienes cuestionan que, en ocasiones, la libre circulación de ideas y la difusión de información pueden llegar a lesionar otros derechos, como el de la privacidad y el de la honra. En efecto, ello puede ser así, y para evitarlo, se ha establecido el sistema de responsabilidades ulteriores, que impide la censura previa.
Y esas responsabilidades son necesarias para asegurar dos cosas: el respeto a los derechos o a la reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
Desde octubre del año 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, definiendo el debate sobre el peso del derecho a la libre expresión, enfrentado al derecho a la honra de los servidores públicos y personas públicas, determinó que "la protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público".
Ese postulado, que hace parte del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, y por ende pertenece a lo que los juristas denominan el "bloque de la constitucionalidad", en Panamá, hasta ahora, no se ha adoptado y debemos hacerlo.
