En defensa de las hidroeléctricas
A pesar que es absolutamente reconocida la necesidad de energía para enfrentar la creciente demanda de un país que progresa a buen ritmo, un grupo relativamente minoritario está empeñado con sus acciones, en dilatar la llegada de las soluciones energéticas, hasta ahora, más viables. Me refiero a los compatriotas pertenecientes a grupos indígenas radicados en Bocas del Toro, apoyados por algunos ambientalistas, quienes se oponen a los nuevos proyectos hidroeléctricos.
La supuesta violación de derechos territoriales de los indígenas, y la amenaza al medio ambiente, son los argumentos preferidos por quienes se oponen rotundamente a la construcción de hidroeléctricas, pero ambas razones son refutables.
Panamá es rica en recursos hídricos. Tenemos un régimen de lluvias envidiable y muchos ríos caudalosos con gran potencial energético. Entonces, ¿por qué no hacer uso racional de estos recursos?
En la actualidad, la energía eléctrica la obtenemos principalmente de dos fuentes: las plantas termoeléctricas, y las hidroeléctricas. La generación termoeléctrica, ocasiona gran consumo de combustible derivado del petróleo altamente contaminante y costoso, mientras que las hidroeléctricas, a pesar que inicialmente provocan la alteración del paisaje natural y del ecosistema, debido a la tala de bosques y a la inundación de territorios destinados a los embalses, han demostrado ser compatibles con el medio ambiente, ya que bien manejadas, llegan a convertirse en áreas protegidas que albergan gran riqueza de flora y fauna a sus alrededores. Incluso, en las zonas donde se ubican, perfectamente pueden llegar a desarrollarse actividades de turismo ecológico y de aventura, con los consiguientes beneficios económicos para las comunidades aledañas. La Yeguada, Gatún y La Fortuna, son lugares hermosos que constituyen buenos ejemplos de lo que planteo.
Siendo una alternativa de producción de energía limpia, en esta ocasión me cuesta comprender las razones que exponen los ecologistas para rechazar las hidroeléctricas, como piezas fundamentales de un sistema de desarrollo sostenible y amigable para con el ambiente.
Con respecto a los indígenas, creo que deben redoblarse los esfuerzos para sumarlos al desarrollo, de forma tal que sus condiciones de vida resulten mejoradas como un reconocimiento a sus aportes a favor de proyectos de interés nacional, como el caso que nos ocupa. Sin embargo, ellos en su calidad de ciudadanos de la república, deben aceptar que el interés público prevalece sobre cualquier otro, y los recursos naturales pertenecen a todos los panameños.
Exigirle al gobierno la inmediata implementación de programas de generación de energía basados en métodos que aunque amistosos con el ambiente, son costosos y no viables para generar lo necesario para satisfacer la demanda a corto plazo, tales como el uso de paneles solares o molinos de viento, no es serio.
A los recién estrenados gobernantes le corresponde enfrentar el problema energético, situándolo en la agenda oficial como un tema de seguridad nacional. No nos podemos dar el lujo de claudicar ante las exigencias de quienes en materia energética prefieren el status quo, a la explotación inteligente de los recursos disponibles de manera abundante.
Tampoco se debe permitir que un tribunal extranjero (Corte Interamericana de Derechos Humanos) basándose en los equivocados enfoques de abogados oportunistas que persiguen millonarias indemnizaciones del Estado, ponga en peligro nuestro futuro energético.
