En defensa del periodismo
La demanda por calumnia interpuesta por la procuradora Alma Fletcher de Montenegro contra dos periodistas de El Siglo y quien les escribe, ha sido resucitada. Porque se trata de defender al periodismo, quiero responder a los cargos en persona. Pero no puedo porque, como denuncié en La Prensa el 2 de julio de 1999, he sido amenazada de muerte si regreso a mi patria. Mi madre anciana ha tenido que soportar la muerte de cuatro hijos en su vida y no quiero someterla a la angustia de pensar que puede perder una hija también.
Estas palabras están dirigidas a la juez Ileana Turner Montenegro, quien decidirá el caso. En primer lugar, me pregunto por qué prospera la demanda contra Michelle Lescure y Marcelino Rodríguez, ya que el 30 de septiembre de 1998, en una carta abierta a la procuradora Montenegro de Fletcher confesé ser la fuente en que se basó el periodista Rodríguez para escribir el artículo al cual objetó la procuradora. En esa carta le aseguré a la procuradora que no delataría la fuente que, a su vez, me transmitió la información y le requerí que me demandara a mí en vez de a Rodríguez.
En esa carta le recordé a la procuradora: "Todos los funcionarios de un gobierno legítimo son servidores del pueblo y por lo tanto deben responder abierta y honestamente a todos los cuestionamientos que les hace ese pueblo. Pero en una dictadura sucede lo opuesto. Se utiliza la censura y mecanismos legales ilegítimos para castigar a quienes tratan de levantar el velo que oculta la verdad. Es por eso que, en las dictaduras, los periodistas más comprometidos con su misión de informar se ven más precisados a tomar riesgos. Como las fuentes primarias de información les son vedadas, tienen que recurrir a otras fuentes, exponiéndose a cometer un error y a incurrir en la ira de los prepotentes".
Le dije además: "A mi manera de ver, cuando el periodista de El Siglo Marcelino Rodríguez Batista aseveró que usted estaba entre los funcionarios de este gobierno que tenían una casa en las áreas revertidas, usted debió entender el trasfondo del asunto. La disposición de los bienes en las áreas revertidas de la ex Zona del Canal es algo que concierne a todo el pueblo panameño porque ha costado la vida de muchos de sus hijos. El tráfico de influencias que se denunciaba deshonra la causa por la cual lucharon y murieron los muchachos mártires.
"A mi manera de ver, como panameña, usted debió aclarar de una manera diáfana, honesta y humilde exactamente cuál era su situación en relación a esas casas. Usted debió asegurarle al pueblo panameño que honraría sus gestas patrióticas por recobrar esas tierras, haciendo cuanto estuviera en su poder como Procuradora de la Administración para esclarecer todos los hechos denunciados. Usted debió exigirle a la administración de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) la lista de todas las casas que había adjudicado para presentarla ante la nación. Sin embargo, usted escogió otra vía, la vía propia de una dictadura. Usted tildó de "delincuente" al periodista y lo demandó por calumnia e injuria" (El Siglo 30 de septiembre de 1998).
En este caso se trata de algo que está sobre el honor de cualquier funcionario: el derecho de un pueblo a cuestionar a las autoridades de su Gobierno y a recibir respuestas verídicas y con prontitud. Si los servidores públicos le niegan, inhiben o restringen ese derecho al pueblo, no hay democracia, no hay justicia. Los servidores públicos deben entender también que, cuando responden a los cuestionamientos con medidas intimidatorias, dan lugar a que se sospeche de sus motivos ya que, si son inocentes, nada les impide hacer una aclaración y salir de la situación con su honor fortalecido.
En este caso se trata, además, de la obligación del periodista a reservar la identidad de sus fuentes de información. En un gobierno que se caracteriza por actuaciones transparentes, el periodista no tiene que confiar en terceras personas porque puede recurrir al funcionario apropiado para obtener la información requerida. Pero eso no ocurrió en referencia a las casas otorgadas por la ARI.
El primer reportaje sobre la adjudicación irregular de residencias a los ministros Mitchell Doens y Francisco Sánchez Cárdenas fue publicado por La Prensa el 23 de julio de 1998. El público demostró gran interés en obtener información adicional porque tenía que decidir, en el referendo del 30 de agosto, si el presidente Pérez Balladares merecía que se cambiara la Constitución para que pudiera ser candidato presidencial en las elecciones generales de 1999. Para cumplir con su deber de informar a la ciudadanía, los periodistas pidieron a la ARI una lista de las casas otorgadas en la ex Zona del Canal. Sin embargo, esa lista les fue negada, quizá porque ciertos funcionarios temían el efecto que pudiera tener sobre la decisión del electorado en el referendo. Esta negativa dio lugar a que circularan toda clase de rumores en torno a quiénes habían sido agraciados con una casa en las áreas revertidas, y los periodistas tuvieron que recurrir a terceras personas para escribir reportajes al respecto sin poder verificar los informes que recibían. Es decir, los responsables por la situación que motivó la demanda de la procuradora fueron los funcionarios de la ARI.
Cuando el periodista Marcelino Rodríguez rehusó revelar el nombre de la fuente que le transmitió la información de que la procuradora tenía una casa en las áreas revertidas, cumplía con la obligación de proteger la identidad de las fuentes de información, un principio básico al periodismo, consignado en la Declaración de Chapultepec, endosada por Panamá en 1994.
Esta obligación tiene una razón de ser. La historia demuestra -por ejemplo, en el escándalo de Watergate el cual obligó la renuncia del presidente Richard Nixon- que informes suministrados por ciudadanos preocupados por su patria, pueden ayudar a los periodistas a descubrir abusos del poder que atentan contra la Constitución, la justicia o el bienestar común. Como los señalados usualmente son funcionarios muy poderosos, los periodistas tienen el deber de proteger a las fuentes contra represalias, aún cuando por ello tengan que sufrir consecuencias graves.
Yo me identifiqué cuando vi que la demanda de la procuradora contra Marcelino Rodríguez iba en serio, porque no podía aceptar que el periodista sufriera represalias por un escrito que redactó en base a información que le transmití. Asumo la total responsabilidad por el episodio como un acto de respaldo a los periodistas que están en las trincheras, luchando heroicamente, día a día, contra la corrupción y la injusticia.
Infunde júbilo y esperanza ver este resurgimiento del periodismo después de haber sido azotado durante treinta años por tres dictadores militares: Omar Torrijos, cuya memoria ha honrado la procuradora como presidenta de la Fundación Omar Torrijos a pesar de que el dictador clausuró radioemisoras, se apropió de varios periódicos y le negó a Panamá la libertad de expresión por diez años; Rubén Darío Paredes, el dictador que cerró a La Prensa después de que sus huestes le echaron ácido a las rotativas; y Manuel Antonio Noriega, el dictador que sometió al periodismo panameño al calvario de la época más negra del torrijismo.
Hoy, tenemos que defender al periodismo independiente, honrado y combativo porque es la mejor garantía que tiene Panamá de avanzar hacia una democracia efectiva.
Estas palabras están dirigidas a la juez Ileana Turner Montenegro, quien decidirá el caso. En primer lugar, me pregunto por qué prospera la demanda contra Michelle Lescure y Marcelino Rodríguez, ya que el 30 de septiembre de 1998, en una carta abierta a la procuradora Montenegro de Fletcher confesé ser la fuente en que se basó el periodista Rodríguez para escribir el artículo al cual objetó la procuradora. En esa carta le aseguré a la procuradora que no delataría la fuente que, a su vez, me transmitió la información y le requerí que me demandara a mí en vez de a Rodríguez.
En esa carta le recordé a la procuradora: "Todos los funcionarios de un gobierno legítimo son servidores del pueblo y por lo tanto deben responder abierta y honestamente a todos los cuestionamientos que les hace ese pueblo. Pero en una dictadura sucede lo opuesto. Se utiliza la censura y mecanismos legales ilegítimos para castigar a quienes tratan de levantar el velo que oculta la verdad. Es por eso que, en las dictaduras, los periodistas más comprometidos con su misión de informar se ven más precisados a tomar riesgos. Como las fuentes primarias de información les son vedadas, tienen que recurrir a otras fuentes, exponiéndose a cometer un error y a incurrir en la ira de los prepotentes".
Le dije además: "A mi manera de ver, cuando el periodista de El Siglo Marcelino Rodríguez Batista aseveró que usted estaba entre los funcionarios de este gobierno que tenían una casa en las áreas revertidas, usted debió entender el trasfondo del asunto. La disposición de los bienes en las áreas revertidas de la ex Zona del Canal es algo que concierne a todo el pueblo panameño porque ha costado la vida de muchos de sus hijos. El tráfico de influencias que se denunciaba deshonra la causa por la cual lucharon y murieron los muchachos mártires.
"A mi manera de ver, como panameña, usted debió aclarar de una manera diáfana, honesta y humilde exactamente cuál era su situación en relación a esas casas. Usted debió asegurarle al pueblo panameño que honraría sus gestas patrióticas por recobrar esas tierras, haciendo cuanto estuviera en su poder como Procuradora de la Administración para esclarecer todos los hechos denunciados. Usted debió exigirle a la administración de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) la lista de todas las casas que había adjudicado para presentarla ante la nación. Sin embargo, usted escogió otra vía, la vía propia de una dictadura. Usted tildó de "delincuente" al periodista y lo demandó por calumnia e injuria" (El Siglo 30 de septiembre de 1998).
En este caso se trata de algo que está sobre el honor de cualquier funcionario: el derecho de un pueblo a cuestionar a las autoridades de su Gobierno y a recibir respuestas verídicas y con prontitud. Si los servidores públicos le niegan, inhiben o restringen ese derecho al pueblo, no hay democracia, no hay justicia. Los servidores públicos deben entender también que, cuando responden a los cuestionamientos con medidas intimidatorias, dan lugar a que se sospeche de sus motivos ya que, si son inocentes, nada les impide hacer una aclaración y salir de la situación con su honor fortalecido.
En este caso se trata, además, de la obligación del periodista a reservar la identidad de sus fuentes de información. En un gobierno que se caracteriza por actuaciones transparentes, el periodista no tiene que confiar en terceras personas porque puede recurrir al funcionario apropiado para obtener la información requerida. Pero eso no ocurrió en referencia a las casas otorgadas por la ARI.
El primer reportaje sobre la adjudicación irregular de residencias a los ministros Mitchell Doens y Francisco Sánchez Cárdenas fue publicado por La Prensa el 23 de julio de 1998. El público demostró gran interés en obtener información adicional porque tenía que decidir, en el referendo del 30 de agosto, si el presidente Pérez Balladares merecía que se cambiara la Constitución para que pudiera ser candidato presidencial en las elecciones generales de 1999. Para cumplir con su deber de informar a la ciudadanía, los periodistas pidieron a la ARI una lista de las casas otorgadas en la ex Zona del Canal. Sin embargo, esa lista les fue negada, quizá porque ciertos funcionarios temían el efecto que pudiera tener sobre la decisión del electorado en el referendo. Esta negativa dio lugar a que circularan toda clase de rumores en torno a quiénes habían sido agraciados con una casa en las áreas revertidas, y los periodistas tuvieron que recurrir a terceras personas para escribir reportajes al respecto sin poder verificar los informes que recibían. Es decir, los responsables por la situación que motivó la demanda de la procuradora fueron los funcionarios de la ARI.
Cuando el periodista Marcelino Rodríguez rehusó revelar el nombre de la fuente que le transmitió la información de que la procuradora tenía una casa en las áreas revertidas, cumplía con la obligación de proteger la identidad de las fuentes de información, un principio básico al periodismo, consignado en la Declaración de Chapultepec, endosada por Panamá en 1994.
Esta obligación tiene una razón de ser. La historia demuestra -por ejemplo, en el escándalo de Watergate el cual obligó la renuncia del presidente Richard Nixon- que informes suministrados por ciudadanos preocupados por su patria, pueden ayudar a los periodistas a descubrir abusos del poder que atentan contra la Constitución, la justicia o el bienestar común. Como los señalados usualmente son funcionarios muy poderosos, los periodistas tienen el deber de proteger a las fuentes contra represalias, aún cuando por ello tengan que sufrir consecuencias graves.
Yo me identifiqué cuando vi que la demanda de la procuradora contra Marcelino Rodríguez iba en serio, porque no podía aceptar que el periodista sufriera represalias por un escrito que redactó en base a información que le transmití. Asumo la total responsabilidad por el episodio como un acto de respaldo a los periodistas que están en las trincheras, luchando heroicamente, día a día, contra la corrupción y la injusticia.
Infunde júbilo y esperanza ver este resurgimiento del periodismo después de haber sido azotado durante treinta años por tres dictadores militares: Omar Torrijos, cuya memoria ha honrado la procuradora como presidenta de la Fundación Omar Torrijos a pesar de que el dictador clausuró radioemisoras, se apropió de varios periódicos y le negó a Panamá la libertad de expresión por diez años; Rubén Darío Paredes, el dictador que cerró a La Prensa después de que sus huestes le echaron ácido a las rotativas; y Manuel Antonio Noriega, el dictador que sometió al periodismo panameño al calvario de la época más negra del torrijismo.
Hoy, tenemos que defender al periodismo independiente, honrado y combativo porque es la mejor garantía que tiene Panamá de avanzar hacia una democracia efectiva.
