¿En dónde queda Panamá?
LA RESPUESTA a esa pregunta probablemente daría un estudiante sería: "Queda entre los paralelos...", etc. Escribo "probablemente", porque en cada respuesta que da nuestra juventud a los periodistas de la televisión en ocasiones patrias, "¿qué se celebra hoy?" y similares, se encuentra presente un tremendo descuido de la educación en nuestro país. Desafortunadamente, esto ya es noticia a nivel internacional, y lo cito como un pequeño ejemplo para seguir desarrollando este escrito.
La inversión estatal en lo que concierne a presupuesto en renglón "educación" es altísima, por lo que hay que colegir que entonces es carísima, ya que el retorno costo-beneficio está al nivel del suelo. Por un lado, los bajos salarios que devengan los maestros y profesores no los incentivan a superar deficiencias de arrastre, porque el génesis del problema está en que ellos también fueron educados en un sistema mediocre.
Las limitaciones con que se encuentran quienes tienen que viajar por horas a realizar la labor docente, se empata con el estado de pobreza y miseria de quienes van a recibir también, después de horas de camino de sus hogares a la escuela, estas seudo-enseñanzas, y encima, infra-alimentados.
El alto nivel del desarrollo negativo del estatus de cientos de miles de panameñas y panameños no ha encontrado un serio interés de ningún gobierno en lograr un cambio. La política de repartir pescado, sólo logra alimentar por un día; a contrario sensu, si se dedicasen los esfuerzos estatales a enseñar a pescar, entonces el resultado sería multiplicador.
El sistema democrático panameño funciona de manera electoral, eficientemente. Cada cinco años elegimos con claridad, con pureza; pero el mensaje que envuelve la democracia representativa no es captado por quienes logran detentar el poder. El que alcanza la alta representación del pueblo está obligado a corresponder a toda la población, y no sólo a los miembros de un partido político. Se es presidente de la República, no de un colectivo.
Ahora bien, como quiera que estos pensamientos llevados al papel no intentan buscar un debate político, también hay que reconocer que sí hay funcionarios que cumplen con el mandato recibido, aún cuando no hayan sido electos, sino nombrados por aquellos que recibieron el beneficio del voto popular. Esta es una situación que se repite cíclicamente. Pero, ¿qué pasa con quienes no responden al preclaro mandamiento de la Ley y la Constitución? Rápidamente paso a inferir que son el reflejo de la inadecuada educación que recibieron en su momento. El no cumplimiento con sus deberes públicos afecta, por lógica contundente, derechos humanos de una cantidad impredecible de habitantes de esta república. Si el marco legal de un Estado define lo que las autoridades deben realizar con la finalidad de asegurar el bien colectivo, incumplirlo se constituye en clara amenaza al bien común.
Una cosa pareciese llevar a la otra. Un sistema deficiente educativo produce ineficientes ciudadanos que, de llegar a ocupar alguna posición pública, alteran lo más profundo de lo que debe ser una democracia.
Panamá queda, entonces, en el plano social, económico y político, en una situación que debemos tomar en consideración de manera seria, sin argumentos politiqueros ni electoreros, cosa de lograr, en algún momento, un acceso a la vía que conduce del oscurantismo a la luz de un país desarrollado.
La inversión estatal en lo que concierne a presupuesto en renglón "educación" es altísima, por lo que hay que colegir que entonces es carísima, ya que el retorno costo-beneficio está al nivel del suelo. Por un lado, los bajos salarios que devengan los maestros y profesores no los incentivan a superar deficiencias de arrastre, porque el génesis del problema está en que ellos también fueron educados en un sistema mediocre.
Las limitaciones con que se encuentran quienes tienen que viajar por horas a realizar la labor docente, se empata con el estado de pobreza y miseria de quienes van a recibir también, después de horas de camino de sus hogares a la escuela, estas seudo-enseñanzas, y encima, infra-alimentados.
El alto nivel del desarrollo negativo del estatus de cientos de miles de panameñas y panameños no ha encontrado un serio interés de ningún gobierno en lograr un cambio. La política de repartir pescado, sólo logra alimentar por un día; a contrario sensu, si se dedicasen los esfuerzos estatales a enseñar a pescar, entonces el resultado sería multiplicador.
El sistema democrático panameño funciona de manera electoral, eficientemente. Cada cinco años elegimos con claridad, con pureza; pero el mensaje que envuelve la democracia representativa no es captado por quienes logran detentar el poder. El que alcanza la alta representación del pueblo está obligado a corresponder a toda la población, y no sólo a los miembros de un partido político. Se es presidente de la República, no de un colectivo.
Ahora bien, como quiera que estos pensamientos llevados al papel no intentan buscar un debate político, también hay que reconocer que sí hay funcionarios que cumplen con el mandato recibido, aún cuando no hayan sido electos, sino nombrados por aquellos que recibieron el beneficio del voto popular. Esta es una situación que se repite cíclicamente. Pero, ¿qué pasa con quienes no responden al preclaro mandamiento de la Ley y la Constitución? Rápidamente paso a inferir que son el reflejo de la inadecuada educación que recibieron en su momento. El no cumplimiento con sus deberes públicos afecta, por lógica contundente, derechos humanos de una cantidad impredecible de habitantes de esta república. Si el marco legal de un Estado define lo que las autoridades deben realizar con la finalidad de asegurar el bien colectivo, incumplirlo se constituye en clara amenaza al bien común.
Una cosa pareciese llevar a la otra. Un sistema deficiente educativo produce ineficientes ciudadanos que, de llegar a ocupar alguna posición pública, alteran lo más profundo de lo que debe ser una democracia.
Panamá queda, entonces, en el plano social, económico y político, en una situación que debemos tomar en consideración de manera seria, sin argumentos politiqueros ni electoreros, cosa de lograr, en algún momento, un acceso a la vía que conduce del oscurantismo a la luz de un país desarrollado.