¿En el Centenario, otro Buneau Varilla?
El gobierno de la presidenta Mireya Moscoso parece haber entrado en un túnel económico sin fin, abandonando la soberanía fiscal del país para entregárselo a Estados Unidos mediante la firma de un tenebroso tratado de esta naturaleza. La situación muestra visos de aceleramiento cada día, en lo que parece ser un catastrófico camino hacia la suscripción de un tratado de intercambio de información fiscal que no sólo provocaría el colapso del centro financiero, sino que obligaría a Panamá a firmar tratados similares con las grandes naciones de la OCDE.
El país que se creyó, concretamente, tenía un gobierno que defendería a la empresa financiera internacional panameña, tras observar cómo los paraísos fiscales del Caribe fueron presionados severamente para que entregaran información fiscal a los países poderosos de la OCDE en Europa, es el mismo Panamá cuyo gobierno está dispuesto a firmar un tratado de este tipo con el "Tío Sam", destruyendo con ello la clientela de todo el centro financiero panameño.
Y no sólo eso, sino que ingresaría a un escenario unipolar en donde la información fiscal será canalizada en una sola vía, en detrimento de un solo lado: Panamá, y abriendo los libros a Estados Unidos sin condiciones.
Los aparatos de economía y de política exterior, primariamente, son los responsables de lo que le que ocurra al centro financiero internacional panameño y son los mismos que parecieron poner oídos sordos ante los señalamientos de los analistas y expertos panameños que, ante los acontecimientos extranacionales, señalaron la urgencia de que Panamá se abstuviera de firmar todo tipo de documento a finales del año pasado.
El panorama se muestra oscuro, pues un tratado de intercambio de información financiera suscrito por el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso, tiene que pasar por los rigores de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, allí no habría consuelo, ya que el gobierno, de mayoría parlamentaria, pasaría la ratificación del tratado, de la misma forma como se comportó con la legislación de las reformas tributarias.
Es importante enfatizar, según los analistas, que "si el gobierno arnulfista se atreve a hacer esto...., el candidato de ese partido resultaría seriamente afectado y dañado", toda vez que las tendencias políticas estarían desde temprano mimetizando las acciones del gobierno con la tendencia de la partidocracia oficial.
Panamá debió haber bloqueado a fines del año pasado, toda posibilidad de tratados bilaterales de información fiscal, tras la eventual liquidación de los centros financieros del Caribe, poco después de que Gran Bretaña comenzara a ejecutar una ofensiva generalizada, así como grande presión sobre sus colonias (Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Monserrat y Anguilas e Islas Vírgenes Británicas) para que procedieran a divulgar información sobre europeos que poseen cuentas bancarias en paraísos fiscales caribeños.
Entonces, el centro financiero panameño quedó como excelente candidato para clientes "Off Shore" que desearan emigrar sus cuentas y negocios societarios; fue una oportunidad única para nuestro centro financiero porque, precisamente, Panamá mantenía pulcras sus reglas de juego, básicamente por la ley que rige el negocio como tal.
Hasta esta semana, la situación era novedosa y atractiva. Eran momentos en que en Panamá se había producido un detente en las pretensiones estadounidenses, las cuales no se dejaban percibir y se estuvo a salvo de toda posibilidad de suscripción de tratados bilaterales de intercambio de información fiscal alguno. Hubo un ambiente suficientemente constructivo como para dejar claramente establecido que este tipo de tratado beneficia a un solo lado y, por tanto, nos pondría en franca desventaja bilateral en materia de captación de fondos financieros. Fue un momento en el que Washington confirmaba que retiraba su propuesta de dar información fiscal, sobre todo de los depósitos extranjeros ubicados en sus bancas. ¿Qué ocurrió durante estos tres meses como para ver un cambio de política estadounidense y por qué razones Panamá se apresta a liberar su información fiscal?
Como en muchos otros golpes judiciales, el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso ha evadido ofrecer una respuesta lógica, pública y legal, sólo que en este caso el oficialismo parece decidido, en medio del arranque de la política, a ofrecer a precio de baratillo, su soberanía fiscal.
El país que se creyó, concretamente, tenía un gobierno que defendería a la empresa financiera internacional panameña, tras observar cómo los paraísos fiscales del Caribe fueron presionados severamente para que entregaran información fiscal a los países poderosos de la OCDE en Europa, es el mismo Panamá cuyo gobierno está dispuesto a firmar un tratado de este tipo con el "Tío Sam", destruyendo con ello la clientela de todo el centro financiero panameño.
Y no sólo eso, sino que ingresaría a un escenario unipolar en donde la información fiscal será canalizada en una sola vía, en detrimento de un solo lado: Panamá, y abriendo los libros a Estados Unidos sin condiciones.
Los aparatos de economía y de política exterior, primariamente, son los responsables de lo que le que ocurra al centro financiero internacional panameño y son los mismos que parecieron poner oídos sordos ante los señalamientos de los analistas y expertos panameños que, ante los acontecimientos extranacionales, señalaron la urgencia de que Panamá se abstuviera de firmar todo tipo de documento a finales del año pasado.
El panorama se muestra oscuro, pues un tratado de intercambio de información financiera suscrito por el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso, tiene que pasar por los rigores de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, allí no habría consuelo, ya que el gobierno, de mayoría parlamentaria, pasaría la ratificación del tratado, de la misma forma como se comportó con la legislación de las reformas tributarias.
Es importante enfatizar, según los analistas, que "si el gobierno arnulfista se atreve a hacer esto...., el candidato de ese partido resultaría seriamente afectado y dañado", toda vez que las tendencias políticas estarían desde temprano mimetizando las acciones del gobierno con la tendencia de la partidocracia oficial.
Panamá debió haber bloqueado a fines del año pasado, toda posibilidad de tratados bilaterales de información fiscal, tras la eventual liquidación de los centros financieros del Caribe, poco después de que Gran Bretaña comenzara a ejecutar una ofensiva generalizada, así como grande presión sobre sus colonias (Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Monserrat y Anguilas e Islas Vírgenes Británicas) para que procedieran a divulgar información sobre europeos que poseen cuentas bancarias en paraísos fiscales caribeños.
Entonces, el centro financiero panameño quedó como excelente candidato para clientes "Off Shore" que desearan emigrar sus cuentas y negocios societarios; fue una oportunidad única para nuestro centro financiero porque, precisamente, Panamá mantenía pulcras sus reglas de juego, básicamente por la ley que rige el negocio como tal.
Hasta esta semana, la situación era novedosa y atractiva. Eran momentos en que en Panamá se había producido un detente en las pretensiones estadounidenses, las cuales no se dejaban percibir y se estuvo a salvo de toda posibilidad de suscripción de tratados bilaterales de intercambio de información fiscal alguno. Hubo un ambiente suficientemente constructivo como para dejar claramente establecido que este tipo de tratado beneficia a un solo lado y, por tanto, nos pondría en franca desventaja bilateral en materia de captación de fondos financieros. Fue un momento en el que Washington confirmaba que retiraba su propuesta de dar información fiscal, sobre todo de los depósitos extranjeros ubicados en sus bancas. ¿Qué ocurrió durante estos tres meses como para ver un cambio de política estadounidense y por qué razones Panamá se apresta a liberar su información fiscal?
Como en muchos otros golpes judiciales, el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso ha evadido ofrecer una respuesta lógica, pública y legal, sólo que en este caso el oficialismo parece decidido, en medio del arranque de la política, a ofrecer a precio de baratillo, su soberanía fiscal.
