En el contexto del nuevo contrato social panameño
LA VIGENCIA de un nuevo contrato social panameño se plantea como absolutamente válido a partir de la recién ratificación de las reformas constitucionales, además de la reformulación de los roles que tienen instituciones como la CLICAC y el Ente Regulador de los Servicios Públicos dentro de la sociedad panameña, así como el pleno reconocimiento de la paz social que inspiran disposiciones laborales modernas y la revisión periódica del salario mínimo.
Dentro de ese marco de normas es que precisa que se entiendan a profundidad los necesarios cambios que ha de sufrir la seguridad social panameña.
Esta vez el gobierno parece dispuesto -dada la gravedad de las reformas-, a abrir el compás a un previo y profundo período de consultas del texto de las mismas, incluso antes de que sean presentadas ante la Asamblea Nacional de Diputados. No obstante, desde ahora parece manifestar su intención de no negociar conceptos indispensables para que las mismas sean exitosas, como el necesario aumento en la edad de jubilación, el aumento en el número de cuotas y en el valor de las mismas, tanto para trabajadores como para empresarios.
Tal vez una estrategia que pueda ayudar a llevar a buen término la aprobación de las reformas propuestas, sea que el gobierno plantee una diferenciación entre dos temas que por ser de naturaleza diferente, demandan distintas soluciones: así, una cosa es lo que se puede hacer desde el punto de vista legal y administrativo para mejorar sustancialmente los servicios que presta la Caja de Seguro Social, con los mismos o menos recursos, y otra cosa distinta, parece ser el planteamiento de las más viables soluciones a los déficits existentes en dos de sus programas más importantes.
Me parece, con mucho respeto y aún prejuzgando positivamente la labor del nuevo director de la Caja de Seguro Social, que dicho funcionario se encuentra en mora con la comunidad nacional, en lo relativo a las medidas de auténtica reingeniería, legales y administrativas, que debe adoptar su administración para mejorar la calidad de los servicios que presta la institución. Tal vez se lo haya explicado a los honorables diputados, pero dicha explicación no parece haber llegado a los asegurados y a la comunidad en general.
Por otra parte, como en todo proceso de negociación, no debemos sorprendernos si los actores económicos y sociales asumen posturas inicialmente irreconciliables. No nos extrañe, pues, que los trabajadores asuman la posición de que el grueso del problema deba resolverse a través de aportes de activos estatales a la Caja del Seguro Social. Y tampoco debemos sorprendernos si los empresarios insisten en la adopción de un modelo de seguridad social como el chileno, que sobre pone al concepto de solidaridad social, la posibilidad de aportes adicionales individuales que permiten a cada asegurado jubilarse con una suma que refleje también el aporte adicional, al tiempo que fortalece la capitalización de la institución.
Al final de la jornada y como resultado de toda negociación, es trascendental que cada grupo entienda que no conseguirá todo lo que pretende, pero que se sienta lo suficientemente comprometido con el resultado final, y que además, lo sienta como suyo.
Ya lo dijimos en otra oportunidad, la intransigencia de parte y parte tiene que transmutarse por espíritu negociador, el mismo día que se presente la propuesta. Y la protesta callejera o el cabildeo interesado deberán dar paso al acuerdo negociado.
Es responsabilidad no sólo del gobierno, sino también de todos los actores sociales y económicos, que con el contenido de la reforma a la seguridad social panameña, se fortalezca el Estado Social de Derecho panameño que tanto nos está costando construir.
Dentro de ese marco de normas es que precisa que se entiendan a profundidad los necesarios cambios que ha de sufrir la seguridad social panameña.
Esta vez el gobierno parece dispuesto -dada la gravedad de las reformas-, a abrir el compás a un previo y profundo período de consultas del texto de las mismas, incluso antes de que sean presentadas ante la Asamblea Nacional de Diputados. No obstante, desde ahora parece manifestar su intención de no negociar conceptos indispensables para que las mismas sean exitosas, como el necesario aumento en la edad de jubilación, el aumento en el número de cuotas y en el valor de las mismas, tanto para trabajadores como para empresarios.
Tal vez una estrategia que pueda ayudar a llevar a buen término la aprobación de las reformas propuestas, sea que el gobierno plantee una diferenciación entre dos temas que por ser de naturaleza diferente, demandan distintas soluciones: así, una cosa es lo que se puede hacer desde el punto de vista legal y administrativo para mejorar sustancialmente los servicios que presta la Caja de Seguro Social, con los mismos o menos recursos, y otra cosa distinta, parece ser el planteamiento de las más viables soluciones a los déficits existentes en dos de sus programas más importantes.
Me parece, con mucho respeto y aún prejuzgando positivamente la labor del nuevo director de la Caja de Seguro Social, que dicho funcionario se encuentra en mora con la comunidad nacional, en lo relativo a las medidas de auténtica reingeniería, legales y administrativas, que debe adoptar su administración para mejorar la calidad de los servicios que presta la institución. Tal vez se lo haya explicado a los honorables diputados, pero dicha explicación no parece haber llegado a los asegurados y a la comunidad en general.
Por otra parte, como en todo proceso de negociación, no debemos sorprendernos si los actores económicos y sociales asumen posturas inicialmente irreconciliables. No nos extrañe, pues, que los trabajadores asuman la posición de que el grueso del problema deba resolverse a través de aportes de activos estatales a la Caja del Seguro Social. Y tampoco debemos sorprendernos si los empresarios insisten en la adopción de un modelo de seguridad social como el chileno, que sobre pone al concepto de solidaridad social, la posibilidad de aportes adicionales individuales que permiten a cada asegurado jubilarse con una suma que refleje también el aporte adicional, al tiempo que fortalece la capitalización de la institución.
Al final de la jornada y como resultado de toda negociación, es trascendental que cada grupo entienda que no conseguirá todo lo que pretende, pero que se sienta lo suficientemente comprometido con el resultado final, y que además, lo sienta como suyo.
Ya lo dijimos en otra oportunidad, la intransigencia de parte y parte tiene que transmutarse por espíritu negociador, el mismo día que se presente la propuesta. Y la protesta callejera o el cabildeo interesado deberán dar paso al acuerdo negociado.
Es responsabilidad no sólo del gobierno, sino también de todos los actores sociales y económicos, que con el contenido de la reforma a la seguridad social panameña, se fortalezca el Estado Social de Derecho panameño que tanto nos está costando construir.
