En las reformas, ¡sí a la libertad de prensa!
Estamos viviendo el pleno desarrollo de la primera campaña política en el siglo XXI, y ello nos mueve a hacer algunas consideraciones. No hablamos sólo de capturar votos; estamos pensando en transformaciones o cambios a la Constitución Nacional.
En estos momentos de intensas perturbaciones ideológicas, se buscan correcciones a las faltas políticas del sistema republicano a través de modificaciones a la base de toda motivación nacional y así garantizar el buen funcionamiento del régimen representativo bajo el cual actuamos día a día.
Hay urgencia para tales modificaciones, aunque no creo que serán tan simples que no llenen la expectativa nacional. Para mí el problema es de fondo y no de simple forma; es más institucional que de orden partidario.
Y durante las discusiones básicas se ha hablado de afinar el instrumento de gobierno, preparar al pueblo, reorganizar los partidos políticos y perfeccionar sus sistemas. Se habla de un perfeccionamiento de la democracia que revalore la República y vitalice a su parlamento. Pero, muy poco, por no decir nada, es lo que he escuchado a lo eficiente que debe ser esa nueva Constitución en un campo tan específico como lo es la libertad de reunión, de palabra y de prensa. Son esos los tres atributos sin los que no se concibe ni se realiza la democracia.
La libertad de reunión, de palabra y de prensa permite el sistema de la publicidad y control de los actos de gobierno. Y debe ser éste uno de los aspectos más importantes de toda posible reforma constitucional.
Basándonos en el principio innegable de que la libertad de palabra no admite otras restricciones que aquellas que señala un código penal, aplicado por la justicia competente y de acuerdo al procedimiento de la materia, señalamos que toda disminución de su amplitud absoluta califica épocas anormales que lógicamente colocaríamos al margen de la legalidad. Así pues, atentan contra el régimen representativo quienes menoscaban o persiguen a los medios de prensa, sin importar el método que se utilice.
El ejercicio periodístico es, por excelencia, el órgano vital de la democracia y las jurisdicciones de otro tipo no deben afectarla.
Basta con el Código Penal, porque es más peligrosa la prensa sometida que la desmedida, y hace menos mal el exceso que la falta, o siguiera limitación de esta libertad. Hay que recordar que cuando la prensa calla, el silencio grita, y nuestra tradición histórica así lo ha demostrado.
Que no teman los gobiernos la expresión de las ideas, porque en realidad ellas vitalizan la democracia. Sólo la fuerza, el delito reemplazando las instituciones, rehuye y odia el noble y límpido choque del pensamiento y de la emoción.
Dejemos que la justicia cuide celosamente el derecho de publicar ideas u opiniones, y que en caso de dudas ampare al periodista.
Que a la labor periodística se le rodee de seguridades y se afiance su jerarquía, sin aceptarle soberbias ni excesos, aunque sí disminuyendo cualquiera conspiración contra nuestra República.
Aunque no soy abogado, permítaseme sugerir el perfeccionamiento del "habeas corpus", cuya celeridad reparara a tiempo el agravio que se cometa, siempre y cuando el magistrado posea bien claro su concepto de su misión democrática y social.
Y así como se imponen sanciones y penas a periodistas y a medios por alguna falta o delito, de igual manera debe prevalecer en todo gobierno la noción de responsabilidad por el daño causado a la democracia y a las instituciones, cuando uno de esos magistrados no se ajusta a la norma constitucional de manera clara, vertical y sin ningún tipo de truculencias jurídicas. Que por cada violación cometida por los funcionarios en ese sentido, el código penal también contenga el castigo proporcionado por el agravio cometido.
Si aceptamos la democracia como un orden de vida, es decisivo lograr su cumplimiento, imponiendo la obligación con la penalidad. Por ello, nuestras reformas constitucionales debieran llevar de manera intrínseca un reforzamiento, claro y definitivo, a la libertad de reunión, de palabra y, sobre todo, a la libertad de prensa.
Al menos el asesor legal de la directiva interina de SITRACHILCO, Alvaro Muñoz, aseguró que con el respaldo que le han dado las bases a la nueva dirigencia y el desconocimiento a Morris, el que se encuentra ilegal es él.
"Es la primera vez en la historia que ocurre algo tan grande. El comercio, transportistas, empresarios y la comunidad se han mostrado solidarios, algo que ha sido desconocido. Hasta se les ha llamado políticos o terroristas", indicó Muñoz.
Agregó que quienes protestaron son gente común y corriente de las bananeras que lucha por el mandato de las Asambleas, consideradas por las bases como la máxima autoridad, donde solicitaron la renuncia de Morris y nombraron una nueva junta.
En estos momentos de intensas perturbaciones ideológicas, se buscan correcciones a las faltas políticas del sistema republicano a través de modificaciones a la base de toda motivación nacional y así garantizar el buen funcionamiento del régimen representativo bajo el cual actuamos día a día.
Hay urgencia para tales modificaciones, aunque no creo que serán tan simples que no llenen la expectativa nacional. Para mí el problema es de fondo y no de simple forma; es más institucional que de orden partidario.
Y durante las discusiones básicas se ha hablado de afinar el instrumento de gobierno, preparar al pueblo, reorganizar los partidos políticos y perfeccionar sus sistemas. Se habla de un perfeccionamiento de la democracia que revalore la República y vitalice a su parlamento. Pero, muy poco, por no decir nada, es lo que he escuchado a lo eficiente que debe ser esa nueva Constitución en un campo tan específico como lo es la libertad de reunión, de palabra y de prensa. Son esos los tres atributos sin los que no se concibe ni se realiza la democracia.
La libertad de reunión, de palabra y de prensa permite el sistema de la publicidad y control de los actos de gobierno. Y debe ser éste uno de los aspectos más importantes de toda posible reforma constitucional.
Basándonos en el principio innegable de que la libertad de palabra no admite otras restricciones que aquellas que señala un código penal, aplicado por la justicia competente y de acuerdo al procedimiento de la materia, señalamos que toda disminución de su amplitud absoluta califica épocas anormales que lógicamente colocaríamos al margen de la legalidad. Así pues, atentan contra el régimen representativo quienes menoscaban o persiguen a los medios de prensa, sin importar el método que se utilice.
El ejercicio periodístico es, por excelencia, el órgano vital de la democracia y las jurisdicciones de otro tipo no deben afectarla.
Basta con el Código Penal, porque es más peligrosa la prensa sometida que la desmedida, y hace menos mal el exceso que la falta, o siguiera limitación de esta libertad. Hay que recordar que cuando la prensa calla, el silencio grita, y nuestra tradición histórica así lo ha demostrado.
Que no teman los gobiernos la expresión de las ideas, porque en realidad ellas vitalizan la democracia. Sólo la fuerza, el delito reemplazando las instituciones, rehuye y odia el noble y límpido choque del pensamiento y de la emoción.
Dejemos que la justicia cuide celosamente el derecho de publicar ideas u opiniones, y que en caso de dudas ampare al periodista.
Que a la labor periodística se le rodee de seguridades y se afiance su jerarquía, sin aceptarle soberbias ni excesos, aunque sí disminuyendo cualquiera conspiración contra nuestra República.
Aunque no soy abogado, permítaseme sugerir el perfeccionamiento del "habeas corpus", cuya celeridad reparara a tiempo el agravio que se cometa, siempre y cuando el magistrado posea bien claro su concepto de su misión democrática y social.
Y así como se imponen sanciones y penas a periodistas y a medios por alguna falta o delito, de igual manera debe prevalecer en todo gobierno la noción de responsabilidad por el daño causado a la democracia y a las instituciones, cuando uno de esos magistrados no se ajusta a la norma constitucional de manera clara, vertical y sin ningún tipo de truculencias jurídicas. Que por cada violación cometida por los funcionarios en ese sentido, el código penal también contenga el castigo proporcionado por el agravio cometido.
Si aceptamos la democracia como un orden de vida, es decisivo lograr su cumplimiento, imponiendo la obligación con la penalidad. Por ello, nuestras reformas constitucionales debieran llevar de manera intrínseca un reforzamiento, claro y definitivo, a la libertad de reunión, de palabra y, sobre todo, a la libertad de prensa.
Al menos el asesor legal de la directiva interina de SITRACHILCO, Alvaro Muñoz, aseguró que con el respaldo que le han dado las bases a la nueva dirigencia y el desconocimiento a Morris, el que se encuentra ilegal es él.
"Es la primera vez en la historia que ocurre algo tan grande. El comercio, transportistas, empresarios y la comunidad se han mostrado solidarios, algo que ha sido desconocido. Hasta se les ha llamado políticos o terroristas", indicó Muñoz.
Agregó que quienes protestaron son gente común y corriente de las bananeras que lucha por el mandato de las Asambleas, consideradas por las bases como la máxima autoridad, donde solicitaron la renuncia de Morris y nombraron una nueva junta.
