En las rejas del olvido
Cada uno de los días de los 30 años que cumple de desaparecido Héctor Gallego, cada una de las 24 horas de todos esos días y cada minuto de cada hora de todas y cada una de esas 263 mil horas, significa un abuso criminal por parte del Estado panameño y un desprecio absoluto de los Derechos Humanos practicado por todos los gobiernos que, desde el 9 de junio de 1971 a la fecha, han estado en el poder.
Héctor Gallego no desapareció, fue aprehendido por servidores públicos que, como ya ha sido comprobado, obraron bajo la determinación y complicidad de sus superiores. Héctor Gallego no fue llevado ante una autoridad judicial, fue privado de su libertad, golpeado, torturado y recluido. Héctor Gallego no fue visto en público luego de su desaparición forzada. Se le ocultó, se le mantuvo escondido, estando vivo para luego mantenerlo oculto ya muerto. Héctor Gallego fue víctima también de la negativa de las autoridades de reconocer su aprehensión, su reclusión, su muerte. Ocultaron su cadáver con el fin de evitar su hallazgo e identificación. Y ahora se niegan a decir dónde fue enterrado.
La desaparición forzada de Héctor Gallego es un típico crimen de Estado. Fue un hecho con el cual se buscaba poder ejecutar y ocultar otros delitos y, al mismo tiempo, asegurar la impunidad para sus autores. Cosa que han logrado hasta la fecha: ¡30años después!
En el caso de Héctor Gallego, quien es el que mejor ilustra las desapariciones forzosas practicadas por el Estado panameño durante la época dictatorial, se refleja el comportamiento delictivo del Estado que no ha querido respetar y hacer respetar los Derechos Humanos, ni tampoco ha tomado las medidas eficaces necesarias para luchar contra y para evitar la impunidad. Han olvidado también las autoridades del Estado, tanto las pasadas como las presentes, que no es posible una reconciliación justa y durable si no hay una respuesta efectiva a los deseos y necesidades de justicia.
La desaparición forzada de Héctor Gallego constituye un ejemplo viviente de la técnica de terror que se instauró y practicó por las autoridades de entonces, que violaba y viola, entre otros los Derechos Humanos a la vida, a la integridad física, a la libertad individual, a la seguridad personal y al régimen humanitario de detención. Detrás de la desaparición forzada de Héctor Gallego, están también todas y cada una de aquellos compatriotas que en un número de más de cien, fueron víctimas desaparecidas del terror estatal que imperó y que aún se respira por los nefastos efectos de la impunidad.
La impunidad se define "por la ausencia de iure o de facto, de la imputación de la responsabilidad penal de los autores de violaciones de los Derechos Humanos, así como su responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, de modo que aquéllos escapan a toda investigación tendente a permitir su imputación, su arresto, su juzgamiento y, en caso de reconocerse su culpabilidad, a su condena apenas apropiadas, y a reparar los perjuicios sufridos por sus víctimas."
Tenemos que recordar que cada uno de los desaparecidos durante el régimen del militarismo fue víctima de un gravísimo acto de violencia, cuya ejecución lo arrebató de la sociedad civil para sumirlo en la desprotección y en la inseguridad. La mayoría de las desapariciones forzadas y otros crímenes que se produjeron durante la dictadura no han sido, ni son investigados. Muchos de los autores intelectuales y materiales se han arropado en la excusa de haber recibido: " ordenes superiores". Sin embargo, la comunidad internacional ha establecido claramente, en diferentes textos convencionales, que: " No se admitirá el eximente de la obediencia debida...". Ello es así porque resulta repulsivo pensar que las autoridades constituidas para garantizar la vigencia de un orden justo y democrático puedan desconocer su naturaleza y atentar contra la sociedad para luego exonerarse de toda responsabilidad por una pretendida orden superior.
Los panameños -al igual que todos los pueblos- tenemos el derecho inalienable de conocer la verdad sobre los acontecimientos pasados. El derecho inalienable a la verdad nos debe permitir conocer "las circunstancias y las razones que llevaron a la violación masiva y sistemática de los Derechos Humanos, a la perpetración de crímenes aberrantes."
La Comisión de la Verdad no puede pretender pasar por alto su obligación de investigar a todas las personas imputadas por acusaciones de violaciones de Derechos Humanos en Panamá durante el régimen militarista. La desaparición forzosa de Héctor Gallego fue y sigue siendo un horrendo crimen, de los muchos que se cometieron. La Comisión de la Verdad no puede continuar encubriendo a los agentes del Estado que participaron, de una u otra forma, como autores o cómplices en la desaparición, tortura, muerte y entierro con ocultamiento de Héctor Gallego. Al cumplirse 30 años de la desaparición forzosa del sacerdote Héctor Gallego, al proteger a los torturadores y enterradores de Héctor, los comisionados de la Comisión de la Verdad se convierten en cómplices de la impunidad, en torturadores modernos que le impiden al pueblo panameño derribar las rejas del olvido.
Héctor Gallego no desapareció, fue aprehendido por servidores públicos que, como ya ha sido comprobado, obraron bajo la determinación y complicidad de sus superiores. Héctor Gallego no fue llevado ante una autoridad judicial, fue privado de su libertad, golpeado, torturado y recluido. Héctor Gallego no fue visto en público luego de su desaparición forzada. Se le ocultó, se le mantuvo escondido, estando vivo para luego mantenerlo oculto ya muerto. Héctor Gallego fue víctima también de la negativa de las autoridades de reconocer su aprehensión, su reclusión, su muerte. Ocultaron su cadáver con el fin de evitar su hallazgo e identificación. Y ahora se niegan a decir dónde fue enterrado.
La desaparición forzada de Héctor Gallego es un típico crimen de Estado. Fue un hecho con el cual se buscaba poder ejecutar y ocultar otros delitos y, al mismo tiempo, asegurar la impunidad para sus autores. Cosa que han logrado hasta la fecha: ¡30años después!
En el caso de Héctor Gallego, quien es el que mejor ilustra las desapariciones forzosas practicadas por el Estado panameño durante la época dictatorial, se refleja el comportamiento delictivo del Estado que no ha querido respetar y hacer respetar los Derechos Humanos, ni tampoco ha tomado las medidas eficaces necesarias para luchar contra y para evitar la impunidad. Han olvidado también las autoridades del Estado, tanto las pasadas como las presentes, que no es posible una reconciliación justa y durable si no hay una respuesta efectiva a los deseos y necesidades de justicia.
La desaparición forzada de Héctor Gallego constituye un ejemplo viviente de la técnica de terror que se instauró y practicó por las autoridades de entonces, que violaba y viola, entre otros los Derechos Humanos a la vida, a la integridad física, a la libertad individual, a la seguridad personal y al régimen humanitario de detención. Detrás de la desaparición forzada de Héctor Gallego, están también todas y cada una de aquellos compatriotas que en un número de más de cien, fueron víctimas desaparecidas del terror estatal que imperó y que aún se respira por los nefastos efectos de la impunidad.
La impunidad se define "por la ausencia de iure o de facto, de la imputación de la responsabilidad penal de los autores de violaciones de los Derechos Humanos, así como su responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, de modo que aquéllos escapan a toda investigación tendente a permitir su imputación, su arresto, su juzgamiento y, en caso de reconocerse su culpabilidad, a su condena apenas apropiadas, y a reparar los perjuicios sufridos por sus víctimas."
Tenemos que recordar que cada uno de los desaparecidos durante el régimen del militarismo fue víctima de un gravísimo acto de violencia, cuya ejecución lo arrebató de la sociedad civil para sumirlo en la desprotección y en la inseguridad. La mayoría de las desapariciones forzadas y otros crímenes que se produjeron durante la dictadura no han sido, ni son investigados. Muchos de los autores intelectuales y materiales se han arropado en la excusa de haber recibido: " ordenes superiores". Sin embargo, la comunidad internacional ha establecido claramente, en diferentes textos convencionales, que: " No se admitirá el eximente de la obediencia debida...". Ello es así porque resulta repulsivo pensar que las autoridades constituidas para garantizar la vigencia de un orden justo y democrático puedan desconocer su naturaleza y atentar contra la sociedad para luego exonerarse de toda responsabilidad por una pretendida orden superior.
Los panameños -al igual que todos los pueblos- tenemos el derecho inalienable de conocer la verdad sobre los acontecimientos pasados. El derecho inalienable a la verdad nos debe permitir conocer "las circunstancias y las razones que llevaron a la violación masiva y sistemática de los Derechos Humanos, a la perpetración de crímenes aberrantes."
La Comisión de la Verdad no puede pretender pasar por alto su obligación de investigar a todas las personas imputadas por acusaciones de violaciones de Derechos Humanos en Panamá durante el régimen militarista. La desaparición forzosa de Héctor Gallego fue y sigue siendo un horrendo crimen, de los muchos que se cometieron. La Comisión de la Verdad no puede continuar encubriendo a los agentes del Estado que participaron, de una u otra forma, como autores o cómplices en la desaparición, tortura, muerte y entierro con ocultamiento de Héctor Gallego. Al cumplirse 30 años de la desaparición forzosa del sacerdote Héctor Gallego, al proteger a los torturadores y enterradores de Héctor, los comisionados de la Comisión de la Verdad se convierten en cómplices de la impunidad, en torturadores modernos que le impiden al pueblo panameño derribar las rejas del olvido.
