¿En qué son ricos los pueblos indígenas?
Los pueblos indígenas de Panamá se encuentran inmersos en una abismal pobreza, la cual intentamos explicar desde algunas de sus causas en las dos columnas pasadas. Hoy presentamos dos de sus potencialidades (ver el Informe Nacional de Desarrollo Humano): población y territorio. La principal potencialidad de los pueblos indígenas es su propia población, sus recursos humanos que, como se advierten son muy diversos y extendidos por todo el país, pero concentrados en cinco comarcas y territorios habitados ubicados primordialmente en seis provincias (Darién, Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Colón y Panamá).
Se trata de una población superviviente históricamente de acciones de genocidios y etnocidios, residiendo en los lugares de mayor difícil acceso, pero que posee identidad, capacidad asociativa y posibilidades de desenvolvimiento, que potenciarán en la medida que tenga acceso a oportunidades educativas y laborales, que afirmando su identidad, les permita participar en su propio desarrollo y en el del país. Las poblaciones indígenas se diferencian de la urbana o rural, por su dimensión étnica que puede ser entendida como "aquel agregado o comunidad auto consciente caracterizado por un conjunto de creencias, actitudes o valores compartidos, una lengua propia, una nacionalidad o sentido de pertenencia comunal y una asociación, real o imaginaria, con una historia o territorio específicos, lo que confiere unas características diferentes o peculiares en relación con otros grupos que así lo reconocen." (Moreno, 1997). El grupo étnico como conjunto social desarrolla lazos fuertes de solidaridad o identidad social, teniendo como fundamento los factores señalados, a los que deben agregarse los aspectos históricos.
Un poco más de la mitad (53%) de los pueblos indígenas habitan en cinco comarcas mencionadas, o sea una 150,073 personas. El 20% del territorio panameño está ocupado por estas comarcas, o sea 15,103.4 km2 de los 75,517 Km. cuadrados que mide el país, por lo que debe reconocerse como un logro importante el hecho de la mayoría de los pueblos indígenas tenga sus tierras legalizadas, cumpliendo con un derecho histórico, pero una parte está fuera de las comarcas y en terrenos no legalizados, otros se encuentran ubicados en áreas protegidas y crecientemente ocupando áreas urbanas y semiurbanas.
La Comarca "es un terruño indígena con organización política semiautónoma bajo la jurisdicción del gobierno nacional. Aunque es, a la vez, una división geopolítica y un sistema administrativo con límites geográficos y regulaciones internas, no es independiente del Estado. Más bien, el Estado reconoce los rasgos únicos de la sociedad indígena en contraste con la nacional, y ambos gobiernos -nacional e indígena- alcanzan acuerdos generales: los indígenas se acomodan a ciertos intereses del Estado de soberanía, seguridad y explotación de recursos, para poder ganar su propio terruño. Son ellos quienes toman la mayoría de las decisiones que conciernen a aspectos culturales, económicos y políticos que afectan a sus poblaciones. Dentro de los límites de esta región geopolítico-administrativa, los indígenas, en gran parte, se gobiernan a sí mismos bajo su propio sistema político, pero todavía mantienen fidelidad al Estado." (Herlihy). Tiene su fundamento en las raíces étnicas y territoriales de un pueblo, y supone el mantenimiento de las características propias de esas comunidades emanadas de su historia e identidad. Es un concepto muy diferente al de reserva, que significa marginalidad y apartheid.
La legislación sobre las comarcas ubica la propiedad y uso colectivos de esos territorios, siendo inembargables e inadjudicables. Cada pueblo indígena posee un sistema de tenencia aceptado por las leyes indígenas sobre la base de la propiedad individual de las tierras trabajadas, y la herencia enmarcada en la producción y consumo familiar. La mitad de los hogares posee algo de tierra, pero las tres cuartas parte no tienen título de propiedad individual. En el caso de los kunas, además de la familiar existe la propiedad personal y la comunal cooperativa. (Alvarado, 2000)
No toda la población indígena está dentro de las comarcas, algunos no las poseen como los Naso, Bri Bri o Bokota, y otros muchos no viven en ellas aunque éstas ya estén delimitadas. Así, la mitad de los kunas viven fuera de sus comarcas. La mayoría de los emberá wounaan, producto de su gran dispersión, están fuera de la suya, y exigen la legalización de lo que designan como Tierras Colectivas. La migración producto de la marginación y el abandono provoca que 47% de los indígenas vivan fuera de estos territorios autónomos.
Las comarcas son un espacio que representa un gran recurso para el desarrollo, a partir del desafío de lograr estructurar y realizar planes de desarrollo humano comarcales, donde puedan articularse factores sinérgicos para elevar la calidad de vida de sus integrantes, por lo que deben existir los recursos adecuados para impulsar el desarrollo integral articulado a la promoción de la identidad de los pueblos indígenas.
(raulleisr@hotmail.com)
En septiembre de 1996 el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica abre a licitación el proceso de confección de la cédula de identidad personal. En el mismo se presentan tres empresas: GBM, DATADEC y UNISYS de Centroamérica, S.A., ganando esta última el acto público.
El proceso inició en 1997 con las distribución de los equipos en diferentes puntos del país, posteriormente se actualizó la base de datos del TSE con fotografías de los ciudadanos y en agosto de 1998 se inicia la producción de la nueva cédula de identidad personal, con las mismas características que la confeccionada en Panamá.
Pero el proceso según destacó la prensa local se volvió un dolor de cabeza para el TSE. Luego de un estudio realizado por la Contraloría General de la República, entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de agosto de 1999, se determinó que la poca preparación de los funcionarios en el manejo del sistema, la pérdida de expedientes, la falta de control para evitar la duplicidad de identidad, desperfectos en los equipos y problemas en la grabación de las firmas hacía demorar el proceso de otorgamiento del documento más de lo que se esperaba. La empresa Unisys admitió que entregó el sistema con unos meses de demora, pero la atribuyó a la saturación de solicitudes.
El Tribunal Electoral debidamente autorizado por la Sala de Acuerdos No. 42 de 13 de octubre de 1997, firma un contrato con Unisys World Trade Inc. para el suministro de bienes y servicios por la suma de B/.13,993,370.34. Mediante el contrato la empresa proveía al TE de un millón de plásticos para la confección de cédulas e incluía actualizar el equipo de informática en el ámbito nacional, instalación de una red digital de comunicaciones, la digitalización de los archivos del registro civil en cedulación, la creación de una base de datos de imagen alfanumérica con la base de datos de imagen y, por último, emitir un documento de identidad digitalizado.
Dicho contrato se finiquita luego de addendas y saldos de pagos que tenía el TE con la empresa en el año 2002 y el mismo termina por una suma superior a los B/.14 millones.
El TE realiza una nueva convocatoria de licitación pública internacional 02-2002, para la selección de contratistas para el suministro de dos millones de plásticos e insumos con la finalidad de fabricar las cédulas de identidad personal.
Mediante los documentos de la Sala de Acuerdos 23 de 3 de junio de 2002 y la Sala de Acuerdos 26 de 17 de junio de 2002, el TE declara desierto los actos de convocatoria de licitación pública internacional 02-2002.
El TE solicita al Consejo de Gabinete autorización para la contratación directa de Unisys de Centroamérica , S.A. para el suministro de plásticos e insumos por la suma de B/.2.400.639.35.
Mediante la Resolución de Gabinete 57 de 10 de julio de 2002, con fundamento en el artículo 55 numeral 2 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995, el Consejo de Gabinete autorizó al TE realizar contratación directa con Unisys de Centroamérica S.A.
Luego de negociaciones entre ambas partes, el 10 de julio de 2002 Unisys de Centroamérica S.A. accede a realizar un descuento del 3% del valor de la oferta inicial, obteniéndose un precio final por la suma de B/.2.328.620.20.
El Consejo Económico Nacional (CENA), en sesión del 14 de agosto de 2002, por votación unánime emite voto favorable al contrato entre Unisys de Centroamérica S.A. con el TE por el monto señalado anteriormente.
El Consejo de Gabinete emite concepto favorable al referido contrato y, además, el mismo es refrendado por la Contraloría General de la República en octubre de 2002.
El contrato a cuatro años, incluye cuatro pagos anuales a Unisys de Centroamérica S.A.. El primer desembolso era por la suma de B/.654.424.42.
La carta de crédito para el primer pago estaba pendiente de ser refrendada por la Contraloría General de la República, cuando ocurre el escándalo de la pérdida de 30 mil plásticos que estaban pendientes de entrega por Unisys World Trade Inc., como parte del primer contrato de octubre de 1997.
El 25 de noviembre de 2002, por incumplimiento y la falta de garantía demostrada en la custodia de materiales sensitivos, el contralor Alvin Weeden decide no refrendar la carta de garantía y solicita al TE que resuelva administrativamente el contrato con Unisys de Centroamérica S.A..
Independientemente de que Unisys de Centroamérica S.A, es otra persona jurídica, diferente a la que incumplió el primer contrato, la ley de contratación pública de Panamá la identifica como un solo grupo que negocia con el Estado (Unisys) por lo que se decide resolver el contrato. Unisys de Centroamérica S.A. es otra filial del grupo Unisys y junto con Unisys World Trade Inc, son empresas del consorcio, cuya sede está en Filadelfia, Estados Unidos.
Todavía está fresca en la memoria de los panameños, la época en que narcotraficantes como Pablo Escobar Gaviria y Gilberto Rodríguez Orejuela, lograron obtener cédulas de Panamá, mediante la venta de la nacionalidad que se dio durante la dictadura militar.
En las elecciones de 1989 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en visita realizada a Panamá, recibió denuncias en relación con la falsificación de unas cien mil cédulas de electores para favorecer a los partidos políticos que apoyaban la dictadura.
La creación de esas cien mil cédulas conllevó a un padrón electoral donde la cantidad de personas que votaban por primera vez, era mucho mayor a las que realmente deberían existir en el registro electoral, observó en ese entonces la Comisión.
Años después, en democracia, la falsificación del documento ha ocurrido, pero no con intenciones de fraude electoral, reconocen las autoridades del TE. En 1991, las autoridades panameñas descubren una red internacional por medio del cual se falsificaba la cédula de identidad panameña y descubren más de 58 mil pasaportes falsificados, expedidos por la administración anterior.
Después que se confecciona el documento digitalizado, los intentos por falsificarlo continuaron. En diciembre de 2001, la Policía Técnica Judicial (PTJ) descubre una banda que cuenta con mecanismos tecnológicos para falsificar la nueva cédula y por la cual cobraba 400 balboas por cada documento. Las investigaciones señalan que esta red utilizaba un escáner de alta calidad, que les permitía imprimir la parte posterior de la cédula con todos los datos personales, lo que hace difícil determinar su alteración.
Unisys World Trade Inc. quedó pendiente de entregar 75 mil plásticos del millón de estos documentos que acordó confeccionar para el TE, según el contrato suscrito en 1997. El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés Escoffery recordó que la empresa hizo una entrega de 35 mil de esos plásticos pendientes y la misma fue rechazada por el TE por defectuosos, procediendo a perforar e inutilizar las tarjetas base.
Explicó que los documentos defectuosos fueron devueltos perforados a Unisys World Trade Inc. para que se los entregara a su subsidiaria, Sergio Acosta S.A., y éstos a su vez a la fábrica Silcox en Estados Unidos.
Reveló que posteriormente Unisys World Trade Inc. recibe 30 mil plásticos que tenía numeración repetida por error de la fábrica. Según el magistrado, el error de la empresa fue que no comunicó al TE de la existencia de esos plásticos defectuosos y los retuvo desde septiembre de 2000 en una bodega de la empresa Colmar Logistic, ubicada en el parque industrial Costa del Este, donde varias personas tenían acceso, lo que da origen a una fuente del negocio ilícito.
El colombiano Oscar Alvarado, junto con los empleados de Unisys, Alex Martínez y Agustín Jaramillo, descubren la fuente para hacer un buen negocio ilícito, comentó el magistrado, quien agregó que cada plástico era vendido por un valor de B/90.00 En poder del colombiano Alvarado se descubren 500 plásticos y luego, tras un primer allanamiento al depósito de la empresa se recuperan 20 mil más.
De acuerdo con Valdés Escoffery, los 9,500 plásticos restantes fueron encontrados antier en un nuevo operativo realizado por las autoridades del Ministerio Público, quedando saldada la recuperación de los 30 mil plásticos defectuosos que estaban sin localizar y con la posibilidad de que fueran utilizados para suplantar la cédula de identidad personal de miles de panameños. Faltaron por entregar unos 45 mil plásticos, que se encuentran en poder de la empresa en Estados Unidos.
*Este trabajo fue realizado por Elizabeth Muñoz de Lao, Carlos Vargas y Yariela González.
Se trata de una población superviviente históricamente de acciones de genocidios y etnocidios, residiendo en los lugares de mayor difícil acceso, pero que posee identidad, capacidad asociativa y posibilidades de desenvolvimiento, que potenciarán en la medida que tenga acceso a oportunidades educativas y laborales, que afirmando su identidad, les permita participar en su propio desarrollo y en el del país. Las poblaciones indígenas se diferencian de la urbana o rural, por su dimensión étnica que puede ser entendida como "aquel agregado o comunidad auto consciente caracterizado por un conjunto de creencias, actitudes o valores compartidos, una lengua propia, una nacionalidad o sentido de pertenencia comunal y una asociación, real o imaginaria, con una historia o territorio específicos, lo que confiere unas características diferentes o peculiares en relación con otros grupos que así lo reconocen." (Moreno, 1997). El grupo étnico como conjunto social desarrolla lazos fuertes de solidaridad o identidad social, teniendo como fundamento los factores señalados, a los que deben agregarse los aspectos históricos.
Un poco más de la mitad (53%) de los pueblos indígenas habitan en cinco comarcas mencionadas, o sea una 150,073 personas. El 20% del territorio panameño está ocupado por estas comarcas, o sea 15,103.4 km2 de los 75,517 Km. cuadrados que mide el país, por lo que debe reconocerse como un logro importante el hecho de la mayoría de los pueblos indígenas tenga sus tierras legalizadas, cumpliendo con un derecho histórico, pero una parte está fuera de las comarcas y en terrenos no legalizados, otros se encuentran ubicados en áreas protegidas y crecientemente ocupando áreas urbanas y semiurbanas.
La Comarca "es un terruño indígena con organización política semiautónoma bajo la jurisdicción del gobierno nacional. Aunque es, a la vez, una división geopolítica y un sistema administrativo con límites geográficos y regulaciones internas, no es independiente del Estado. Más bien, el Estado reconoce los rasgos únicos de la sociedad indígena en contraste con la nacional, y ambos gobiernos -nacional e indígena- alcanzan acuerdos generales: los indígenas se acomodan a ciertos intereses del Estado de soberanía, seguridad y explotación de recursos, para poder ganar su propio terruño. Son ellos quienes toman la mayoría de las decisiones que conciernen a aspectos culturales, económicos y políticos que afectan a sus poblaciones. Dentro de los límites de esta región geopolítico-administrativa, los indígenas, en gran parte, se gobiernan a sí mismos bajo su propio sistema político, pero todavía mantienen fidelidad al Estado." (Herlihy). Tiene su fundamento en las raíces étnicas y territoriales de un pueblo, y supone el mantenimiento de las características propias de esas comunidades emanadas de su historia e identidad. Es un concepto muy diferente al de reserva, que significa marginalidad y apartheid.
La legislación sobre las comarcas ubica la propiedad y uso colectivos de esos territorios, siendo inembargables e inadjudicables. Cada pueblo indígena posee un sistema de tenencia aceptado por las leyes indígenas sobre la base de la propiedad individual de las tierras trabajadas, y la herencia enmarcada en la producción y consumo familiar. La mitad de los hogares posee algo de tierra, pero las tres cuartas parte no tienen título de propiedad individual. En el caso de los kunas, además de la familiar existe la propiedad personal y la comunal cooperativa. (Alvarado, 2000)
No toda la población indígena está dentro de las comarcas, algunos no las poseen como los Naso, Bri Bri o Bokota, y otros muchos no viven en ellas aunque éstas ya estén delimitadas. Así, la mitad de los kunas viven fuera de sus comarcas. La mayoría de los emberá wounaan, producto de su gran dispersión, están fuera de la suya, y exigen la legalización de lo que designan como Tierras Colectivas. La migración producto de la marginación y el abandono provoca que 47% de los indígenas vivan fuera de estos territorios autónomos.
Las comarcas son un espacio que representa un gran recurso para el desarrollo, a partir del desafío de lograr estructurar y realizar planes de desarrollo humano comarcales, donde puedan articularse factores sinérgicos para elevar la calidad de vida de sus integrantes, por lo que deben existir los recursos adecuados para impulsar el desarrollo integral articulado a la promoción de la identidad de los pueblos indígenas.
(raulleisr@hotmail.com)
En septiembre de 1996 el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica abre a licitación el proceso de confección de la cédula de identidad personal. En el mismo se presentan tres empresas: GBM, DATADEC y UNISYS de Centroamérica, S.A., ganando esta última el acto público.
El proceso inició en 1997 con las distribución de los equipos en diferentes puntos del país, posteriormente se actualizó la base de datos del TSE con fotografías de los ciudadanos y en agosto de 1998 se inicia la producción de la nueva cédula de identidad personal, con las mismas características que la confeccionada en Panamá.
Pero el proceso según destacó la prensa local se volvió un dolor de cabeza para el TSE. Luego de un estudio realizado por la Contraloría General de la República, entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de agosto de 1999, se determinó que la poca preparación de los funcionarios en el manejo del sistema, la pérdida de expedientes, la falta de control para evitar la duplicidad de identidad, desperfectos en los equipos y problemas en la grabación de las firmas hacía demorar el proceso de otorgamiento del documento más de lo que se esperaba. La empresa Unisys admitió que entregó el sistema con unos meses de demora, pero la atribuyó a la saturación de solicitudes.
El Tribunal Electoral debidamente autorizado por la Sala de Acuerdos No. 42 de 13 de octubre de 1997, firma un contrato con Unisys World Trade Inc. para el suministro de bienes y servicios por la suma de B/.13,993,370.34. Mediante el contrato la empresa proveía al TE de un millón de plásticos para la confección de cédulas e incluía actualizar el equipo de informática en el ámbito nacional, instalación de una red digital de comunicaciones, la digitalización de los archivos del registro civil en cedulación, la creación de una base de datos de imagen alfanumérica con la base de datos de imagen y, por último, emitir un documento de identidad digitalizado.
Dicho contrato se finiquita luego de addendas y saldos de pagos que tenía el TE con la empresa en el año 2002 y el mismo termina por una suma superior a los B/.14 millones.
El TE realiza una nueva convocatoria de licitación pública internacional 02-2002, para la selección de contratistas para el suministro de dos millones de plásticos e insumos con la finalidad de fabricar las cédulas de identidad personal.
Mediante los documentos de la Sala de Acuerdos 23 de 3 de junio de 2002 y la Sala de Acuerdos 26 de 17 de junio de 2002, el TE declara desierto los actos de convocatoria de licitación pública internacional 02-2002.
El TE solicita al Consejo de Gabinete autorización para la contratación directa de Unisys de Centroamérica , S.A. para el suministro de plásticos e insumos por la suma de B/.2.400.639.35.
Mediante la Resolución de Gabinete 57 de 10 de julio de 2002, con fundamento en el artículo 55 numeral 2 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995, el Consejo de Gabinete autorizó al TE realizar contratación directa con Unisys de Centroamérica S.A.
Luego de negociaciones entre ambas partes, el 10 de julio de 2002 Unisys de Centroamérica S.A. accede a realizar un descuento del 3% del valor de la oferta inicial, obteniéndose un precio final por la suma de B/.2.328.620.20.
El Consejo Económico Nacional (CENA), en sesión del 14 de agosto de 2002, por votación unánime emite voto favorable al contrato entre Unisys de Centroamérica S.A. con el TE por el monto señalado anteriormente.
El Consejo de Gabinete emite concepto favorable al referido contrato y, además, el mismo es refrendado por la Contraloría General de la República en octubre de 2002.
El contrato a cuatro años, incluye cuatro pagos anuales a Unisys de Centroamérica S.A.. El primer desembolso era por la suma de B/.654.424.42.
La carta de crédito para el primer pago estaba pendiente de ser refrendada por la Contraloría General de la República, cuando ocurre el escándalo de la pérdida de 30 mil plásticos que estaban pendientes de entrega por Unisys World Trade Inc., como parte del primer contrato de octubre de 1997.
El 25 de noviembre de 2002, por incumplimiento y la falta de garantía demostrada en la custodia de materiales sensitivos, el contralor Alvin Weeden decide no refrendar la carta de garantía y solicita al TE que resuelva administrativamente el contrato con Unisys de Centroamérica S.A..
Independientemente de que Unisys de Centroamérica S.A, es otra persona jurídica, diferente a la que incumplió el primer contrato, la ley de contratación pública de Panamá la identifica como un solo grupo que negocia con el Estado (Unisys) por lo que se decide resolver el contrato. Unisys de Centroamérica S.A. es otra filial del grupo Unisys y junto con Unisys World Trade Inc, son empresas del consorcio, cuya sede está en Filadelfia, Estados Unidos.
Todavía está fresca en la memoria de los panameños, la época en que narcotraficantes como Pablo Escobar Gaviria y Gilberto Rodríguez Orejuela, lograron obtener cédulas de Panamá, mediante la venta de la nacionalidad que se dio durante la dictadura militar.
En las elecciones de 1989 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en visita realizada a Panamá, recibió denuncias en relación con la falsificación de unas cien mil cédulas de electores para favorecer a los partidos políticos que apoyaban la dictadura.
La creación de esas cien mil cédulas conllevó a un padrón electoral donde la cantidad de personas que votaban por primera vez, era mucho mayor a las que realmente deberían existir en el registro electoral, observó en ese entonces la Comisión.
Años después, en democracia, la falsificación del documento ha ocurrido, pero no con intenciones de fraude electoral, reconocen las autoridades del TE. En 1991, las autoridades panameñas descubren una red internacional por medio del cual se falsificaba la cédula de identidad panameña y descubren más de 58 mil pasaportes falsificados, expedidos por la administración anterior.
Después que se confecciona el documento digitalizado, los intentos por falsificarlo continuaron. En diciembre de 2001, la Policía Técnica Judicial (PTJ) descubre una banda que cuenta con mecanismos tecnológicos para falsificar la nueva cédula y por la cual cobraba 400 balboas por cada documento. Las investigaciones señalan que esta red utilizaba un escáner de alta calidad, que les permitía imprimir la parte posterior de la cédula con todos los datos personales, lo que hace difícil determinar su alteración.
Unisys World Trade Inc. quedó pendiente de entregar 75 mil plásticos del millón de estos documentos que acordó confeccionar para el TE, según el contrato suscrito en 1997. El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés Escoffery recordó que la empresa hizo una entrega de 35 mil de esos plásticos pendientes y la misma fue rechazada por el TE por defectuosos, procediendo a perforar e inutilizar las tarjetas base.
Explicó que los documentos defectuosos fueron devueltos perforados a Unisys World Trade Inc. para que se los entregara a su subsidiaria, Sergio Acosta S.A., y éstos a su vez a la fábrica Silcox en Estados Unidos.
Reveló que posteriormente Unisys World Trade Inc. recibe 30 mil plásticos que tenía numeración repetida por error de la fábrica. Según el magistrado, el error de la empresa fue que no comunicó al TE de la existencia de esos plásticos defectuosos y los retuvo desde septiembre de 2000 en una bodega de la empresa Colmar Logistic, ubicada en el parque industrial Costa del Este, donde varias personas tenían acceso, lo que da origen a una fuente del negocio ilícito.
El colombiano Oscar Alvarado, junto con los empleados de Unisys, Alex Martínez y Agustín Jaramillo, descubren la fuente para hacer un buen negocio ilícito, comentó el magistrado, quien agregó que cada plástico era vendido por un valor de B/90.00 En poder del colombiano Alvarado se descubren 500 plásticos y luego, tras un primer allanamiento al depósito de la empresa se recuperan 20 mil más.
De acuerdo con Valdés Escoffery, los 9,500 plásticos restantes fueron encontrados antier en un nuevo operativo realizado por las autoridades del Ministerio Público, quedando saldada la recuperación de los 30 mil plásticos defectuosos que estaban sin localizar y con la posibilidad de que fueran utilizados para suplantar la cédula de identidad personal de miles de panameños. Faltaron por entregar unos 45 mil plásticos, que se encuentran en poder de la empresa en Estados Unidos.
*Este trabajo fue realizado por Elizabeth Muñoz de Lao, Carlos Vargas y Yariela González.
