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En Rwanda se olvidaron de Dios


Hace unas semanas, una noticia procedente de Bruselas llevó nuevamente la atención hacia un pequeño país: Rwanda. En la capital belga, la hermana Gertrude (superiora del convento de Sovu) y otra religiosa de la misma orden Benedictina fueron condenadas a 15 y 12 años de prisión respectivamente, por complicidad en el genocidio que envolvió a aquella nación africana entre abril y julio de 1994. Las religiosas delataron voluntariamente la presencia de refugiados Tutsi (la etnia minoritaria) que se encontraban alojados en los alrededores del convento. Ello condujo a que, una vez advertidas las milicias Hutu, procedieran a exterminar a machetazos a unas 7.000 personas. La explosión de odios ancestrales (en gran medida fomentados durante los tiempos de la colonización belga) se prolongó durante 13 semanas de violencia irrestricta. Como resultado, casi un millón de Tutsi y numerosos Hutu moderados fueron masacrados sistemáticamente por la mayoría Hutu. Rwanda sufrió una destrucción absoluta: sus aldeas arrasadas, la infraestructura económica y productiva desbastada y 3 millones de refugiados expulsados a los países vecinos. Una multitud de cuerpos sin vida apilados en las calles dieron cuenta de la vastedad del genocidio. Desde entonces, un tribunal internacional creado por las Naciones Unidas y la propia justicia local juzgan a los artífices de la hecatombe.
Para poder superar esta traumática experiencia, la sociedad rwandesa deberá transitar un profundo proceso de reflexión que permita identificar las causas y adjudicar las distintas responsabilidades que propiciaron las masacres. En este contexto, deberá analizarse el papel de la Iglesia Católica local. Rwanda es el principal país católico de Africa y un 65 por ciento de su población es fiel a Roma. Esta misma adhesión popular al cristianismo lleva a cuestionar la naturaleza de lo acontecido. Además de las condenas impuestas en Bélgica, otros 40 religiosos deben aún responder ante la justicia por su participación en las persecuciones. A pesar de la inmediata denuncia del genocidio desde el Vaticano, la jerarquía local adoptó una posición inaceptablemente ambigua. Ciertamente, algunos clérigos fueron martirizados al intentar proteger a los perseguidos.
Sin embargo, ello no puede llevarnos a obviar la asistencia dada a los victimarios por parte de otros tantos representantes eclesiásticos. El año pasado, un tribunal rwandés absolvió por "falta de pruebas" al obispo católico de la diócesis de Gikongoro, Augustin Misago. Sobre él pesaba la acusación de haber organizado reuniones preparatorias de las "cacerías humanas" de miembros de la etnia Tutsi. Desde entonces, casos similares se han presentado en Francia, Italia y Bélgica, involucrando a varios sacerdotes escapados de Rwanda.
Aunque estos acontecimientos no cubren de sospecha a la Iglesia Católica rwandesa como institución, la entidad de los crímenes y la participación en los mismos de sus hombres y mujeres exigen respuestas concretas. Al igual que en algunos países de América Latina, donde se vivieron procesos de violaciones masivas de los derechos humanos (aunque sin alcanzar la escala del genocidio Tutsi) y donde las jerarquías eclesiásticas debieron hacer sus respectivos "mea culpa", es imprescindible que ello se produzca en Rwanda.
Para establecer la verdad histórica es ineludible contar con el aporte de las autoridades religiosas (locales y vaticanas), examinando exhaustivamente lo acontecido y haciendo públicas sus conclusiones. Sólo sobre la base de estas premisas (verdad histórica, atribución de responsabilidades y arrepentimiento) podrá construirse un genuino proceso de reconciliación. Si el catolicismo rwandés no repudia categóricamente el horror padecido por sus feligreses y asistido por algunos de sus representantes, no se contribuirá a la recuperación del derecho básico a la vida humana. En consecuencia, en el futuro podrán producirse nuevas explosiones fratricidas. Ocurrió en Rwanda, cuando los hombres se olvidaron de Dios.

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