En torno a la Ley Faúndes
La tan cacareada Ley Faúndes, aplicada al ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Lic. José Manuel Faúndes, que señala que todo funcionario al cumplir los 75 años de edad debe retirarse de sus funciones, parece ser otra ley más que se impone sólo a algunos.
El artículo 1 de la Ley Faúndes, publicada en Gaceta Oficial No. 23619 del 31 de agosto de 1998, establece: " Los servidores públicos nombrados en los Organos Ejecutivo, Judicial y Legislativo, y en los municipios, salvo los de elección popular, así como las instituciones autónomas y semiautónomas, que tengan 75 años, deberán retirarse definitivamente..."
Modificada mediante la Ley 70 del 26 de diciembre de 2001, y sancionada por la presidenta Mireya Moscoso, así como publicada en la Gaceta Oficial No. 24460 del 28 de diciembre del mismo año, excluye a los profesores universitarios y a los miembros del servicio consular, lo que significa que al ser publicada en la gaceta, ya es oficial y Ley de la República. Hoy, a más de dos años de su puesta en vigencia, el Gobierno Nacional todavía tiene laborando en diversas instituciones a personas mayores de 75 años de edad, con ingresos que, en muchas ocasiones, exceden los $3,000 mensuales.
La Ley Faúndes fue hábilmente propuesta ante el seno de la no tan popular Asamblea Legislativa por la legisladora Susana Richa de Torrijos. Digo "hábilmente", ya que la Dra. Torrijos aspira a una reelección, y de no salir reelecta, sueña con que su sobrino político, el Lic. Martín Torrijos, gane las elecciones. Posiblemente, sería nominada al servicio consular; pero, al despertar del sueño, y gane el Lic. Guillermo Endara, sin menores problemas regresa a sus clases en la Universidad de Panamá.
¿Cómo recibir clases de alguien que ni siquiera puede movilizarse o que, a los minutos de la charla, tiene que sentarse por cansancio; o ver a funcionarios que se quedan dormidos a los minutos de iniciarse una reunión, apareciendo así en los medios de comunicación, como sucede con legisladores? Mientras, existen profesores jóvenes en la Universidad de Panamá quienes, a pesar de tener sus cifras en rojo, no pueden surgir profesionalmente porque alguien que desea salir de la Universidad en ataúd no desea jubilarse y brindarles la oportunidad, o la persona es jubilada con $1500, mayor de 75 años y nombrada con jugoso salario por apoyar al rector de turno.
Por otro lado, también el servicio consular necesita profesionales jóvenes. Luego de 100 años, debemos cambiar la idea de nombrar en dichos puestos a personas por amiguismo. En ese sector se deben promover las buenas cosas del país y apoyar a los panameños residentes en otras naciones. ¿Con qué vitalidad puede una persona de 75 años de edad cumplir con los compromisos que exige el puesto?
En tanto, el Ministerio de Educación (MEDUC) tiene en la Dirección de Nutrición a la Dra. Ella Ferguson, de 77 años de edad y jubilada de la Universidad de Panamá con $1,500 mensuales. Su ingreso es de unos $3,000 mensuales en el MEDUC. Otras instituciones también tienen personal que excede los 75 años. Varios periodistas han contactado a los responsables de dichas entidades sobre el particular, pero han ignorado los comentarios. Sabemos que existen más de 30 funcionarios en estas condiciones. Sus salarios sirven para nombrar personas con ingresos bajos y medios. Las preguntas del millón: ¿Le deben favores los jefes? ¿Devolverán el dinero ganado, a pesar de que se sancionó la ley hace varios años? ¿No se llama a esto corrupción?
El artículo 1 de la Ley Faúndes, publicada en Gaceta Oficial No. 23619 del 31 de agosto de 1998, establece: " Los servidores públicos nombrados en los Organos Ejecutivo, Judicial y Legislativo, y en los municipios, salvo los de elección popular, así como las instituciones autónomas y semiautónomas, que tengan 75 años, deberán retirarse definitivamente..."
Modificada mediante la Ley 70 del 26 de diciembre de 2001, y sancionada por la presidenta Mireya Moscoso, así como publicada en la Gaceta Oficial No. 24460 del 28 de diciembre del mismo año, excluye a los profesores universitarios y a los miembros del servicio consular, lo que significa que al ser publicada en la gaceta, ya es oficial y Ley de la República. Hoy, a más de dos años de su puesta en vigencia, el Gobierno Nacional todavía tiene laborando en diversas instituciones a personas mayores de 75 años de edad, con ingresos que, en muchas ocasiones, exceden los $3,000 mensuales.
La Ley Faúndes fue hábilmente propuesta ante el seno de la no tan popular Asamblea Legislativa por la legisladora Susana Richa de Torrijos. Digo "hábilmente", ya que la Dra. Torrijos aspira a una reelección, y de no salir reelecta, sueña con que su sobrino político, el Lic. Martín Torrijos, gane las elecciones. Posiblemente, sería nominada al servicio consular; pero, al despertar del sueño, y gane el Lic. Guillermo Endara, sin menores problemas regresa a sus clases en la Universidad de Panamá.
¿Cómo recibir clases de alguien que ni siquiera puede movilizarse o que, a los minutos de la charla, tiene que sentarse por cansancio; o ver a funcionarios que se quedan dormidos a los minutos de iniciarse una reunión, apareciendo así en los medios de comunicación, como sucede con legisladores? Mientras, existen profesores jóvenes en la Universidad de Panamá quienes, a pesar de tener sus cifras en rojo, no pueden surgir profesionalmente porque alguien que desea salir de la Universidad en ataúd no desea jubilarse y brindarles la oportunidad, o la persona es jubilada con $1500, mayor de 75 años y nombrada con jugoso salario por apoyar al rector de turno.
Por otro lado, también el servicio consular necesita profesionales jóvenes. Luego de 100 años, debemos cambiar la idea de nombrar en dichos puestos a personas por amiguismo. En ese sector se deben promover las buenas cosas del país y apoyar a los panameños residentes en otras naciones. ¿Con qué vitalidad puede una persona de 75 años de edad cumplir con los compromisos que exige el puesto?
En tanto, el Ministerio de Educación (MEDUC) tiene en la Dirección de Nutrición a la Dra. Ella Ferguson, de 77 años de edad y jubilada de la Universidad de Panamá con $1,500 mensuales. Su ingreso es de unos $3,000 mensuales en el MEDUC. Otras instituciones también tienen personal que excede los 75 años. Varios periodistas han contactado a los responsables de dichas entidades sobre el particular, pero han ignorado los comentarios. Sabemos que existen más de 30 funcionarios en estas condiciones. Sus salarios sirven para nombrar personas con ingresos bajos y medios. Las preguntas del millón: ¿Le deben favores los jefes? ¿Devolverán el dinero ganado, a pesar de que se sancionó la ley hace varios años? ¿No se llama a esto corrupción?
